La cuenta que Alberto Nisman tenía en una sucursal del banco Merryl Lynch de Nueva York, donde fueron hallados 600 mil dólares cuyo origen se desconoce, están sin restricciones de ninguna índole y el dinero podría ser retirado o transferido por cualquiera de las personas que figuran como sus titulares: la madre del difunto fiscal, Sara Garfunkel; su hermana, Sandra Nisman, o el técnico informático Diego Lagomarsino. La otra persona autorizada a disponer de ese dinero es el apoderado de la cuenta, el propio Nisman, pero no puede hacerlo por razones obvias.

Dos semanas atrás, advertido por una insólita situación que vivió Lagomarsino, el juez federal Claudio Bonadio confeccionó un oficio pidiéndole al banco norteamericano que transfiera todo el dinero de esa cuenta a una sucursal del Banco de la Nación Argentina, a una cuenta a nombre del juzgado federal número 11. Hasta ahora, tal transferencia no se realizó.

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Fue justamente Lagomarsino quien, accidentalmente, se enteró de la situación de la cuenta y dio la voz de alerta. Según documentación a la que accedió Tiempo, el 17 de abril pasado, aproximadamente a las 15.30, el experto en computación recibió una llamada al teléfono de su casa desde el número telefónico de Estados Unidos +18005815858. En esa comunicación, una mujer que se identificó como “Diana Alcocer, empleada del banco Merril Lynch, perteneciente al departamento de Bienes Abandonados” le informó que la entidad crediticia le había dado intervención respecto de esa cuenta el 20 de abril de 2017, es decir hace dos años.

“El llamado tenía por objetivo informar a las personas vinculadas con dicha cuenta financiera que de no existir movimientos el importe que existía en la misma pasará al Estado”, relató Lagomarsino, mediante un escrito que entregó su abogado, Gabriel Palmeiro, a los jueces Julián Ercolini y Bonadio, quienes llevan sendos expedientes judiciales, uno por la muerte de Nisman y otro por presunto lavado de activos. Bonadio envió el oficio al banco pidiendo la transferencia del dinero; Ercolini se dio por enterado y notificó de la situación a Sara Garfunkel, a Sandra Nisman y también a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pese a que ella desistió del rol de querellante en la causa en la que se investiga la muerte del ex fiscal de la UFI Amia.

La empleada Alcocer le explicó a Lagomarsino que no había podido contactarse “ni con la señora Sandra, ni con la señora Sara”. Las llamó así, por sus nombres de pila, sin apellidos. El informático supo de inmediato a quiénes se refería. En ese contexto, “le explicó que él no es el dueño de la cuenta, mucho menos del dinero que en ella pudiere encontrarse y que lo que se hiciera con dicha cuenta y con los bienes que pudiera contener no tienen relación alguna con él”.

En el curso del diálogo, Lagomarsino “informó que la cuenta en cuestión es materia de investigación por parte del Estado argentino en al menos dos expedientes que actualmente se encuentran en trámite y que toda la información brindada sería oportunamente puesta en conocimiento de sus abogados a efectos de ser informada a los tribunales argentinos a los efectos que pudiere corresponder”. Entonces la empleada Alcocer le indicó que “la cuenta actualmente no cuenta con ningún tipo de bloqueo”.

La representante del Merril Lynch “le consultó si le había llegado resumen alguno de la cuenta, a lo que la respuesta consistió en informar al banco que jamás recibió ningún tipo de información por parte del banco, puesto que su relación con dicha cuenta era puramente formal”.

La empleada cumplió con las formalidades del caso: le suministró un “número de referencia del caso”, cuyo código es “XX546R39”. Además, le facilitó un teléfono de contacto –también de Estados Unidos- correspondiente al “Departamento de Abandono” y la dirección de correo electrónico “para consultas”.

El expediente por presunto “lavado de activos” por el que están acusados la madre y la hermana de Nisman, Lagomarsino y también Claudio Picón –quien figura como dueño del automóvil Audi que conducía el fiscal- está virtualmente paralizada desde 2016. El abogado Pablo Lanusse objetó el llamado a indagatoria que había formulado el primer juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, luego apartado por la Cámara Federal, que le asignó la investigación a Bonadio.

El planteo llegó a la Corte Suprema el 18 de abril de 2017 y desde entonces espera por una resolución. La causa lleva el número 2752/2015, pero cuando se ingresa esa identificación en la página de búsqueda de expedientes del máximo tribunal remite a una causa previsional que ya fue archivada.