Se dijo que la ultraderecha liberal antes que un partido es una agenda. Es así, por lo menos por ahora y se verificó en la imposición del tono y los temas sobre los que discuten las grandes coaliciones tradicionales. Entre las cuestiones que dominan el debate público hacia las elecciones generales de noviembre hay tres que tienen una gravitación importante: la reforma laboral, la llamada “inseguridad” y la deuda externa. En las tres áreas la derecha impuso el límite de “lo posible” y hasta de lo decible, las estrechas coordenadas sobre las que debe transitar la polémica.

El debate de candidatos y candidatas al Congreso por la provincia de Buenos Aires alrededor del tema de la llamada “inseguridad” fue una competencia de manodurismo. Baja de la edad de imputabilidad, endurecimiento de penas, construcción de cárceles y más cárceles, aumento de las remuneraciones y equipamiento para las policías. Punitivismo para todos y todas. Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) fue la voz disonante que apuntó hacia las responsabilidades institucionales y policiales sobre la gran industria del delito (que gerencia las prácticas del pequeño delito), así como el trasfondo social que indiscutiblemente determina el aumento de la violencia. Pero, a tono con la rabia clasista que destilan personajes como José Luis Espert y (con otros modales) Diego Santilli, el debate estuvo atravesado por el prisma punitivista.

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Lo mismo sucede con la reforma laboral. El reclamo a favor del despojo de derechos a los trabajadores formalizados se escuchó con fuerza en el último Coloquio de Idea (el foro anual de la crema empresaria), pero llegó hasta el supermercadista y panelista de Intratables, Diego Brancatelli, que se pronunció por una flexibilización de las leyes laborales para la creación de nuevos empleos. En el medio, varios referentes del periodismo maisntream exigen avanzar en la misma dirección. El Gobierno impulsó y festejó el acuerdo en la fábrica Toyota que impuso —contra el convenio colectivo— la obligatoriedad de trabajar los sábados y un franco móvil por una suma fija. Además de las consecuencias inmediatas para los operarios de esa multinacional, el acuerdo funciona como una potente señal sobre la dirección hacia dónde habría que avanzar: el sentido de la agenda que impulsa la derecha. Todo esto, pese a que no existe evidencia empírica —ni histórica ni actual— que certifique que la eliminación de conquistas laborales se traduzca en aumento de puestos de trabajo. La década del 90 en nuestro país con sus múltiples flexibilizaciones culminó con una desocupación de más del 20 %; la reforma laboral aplicada en Brasil por Bolsonaro con el consecuente acrecentamiento de la desocupación es otro botón de muestra, grande como un país-continente. El costo de los salarios argentinos medidos en dólares —los más bajos de la historia—, los datos que develó el Indec sobre el retroceso de los salarios en el Valor Agregado Bruto de la economía y el crecimiento del Excedente de Explotación Bruto (un aproximativo de la masa de ganancias empresarias) constituyen otra prueba elocuente de que el problema no reside en el “exceso de privilegios” de la clase trabajadora formalizada.

Por último, la cuestión de todas las cuestiones: la deuda. En una entrevista reciente en el programa radial Pasaron Cosas, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la CABA, Leandro Santoro, afirmó que cuestionar o impugnar el pago de la deuda al FMI es “en términos marxistas, un programa revolucionario maximalista”. De esta forma, Santoro transforma una medida elemental de defensa nacional (el repudio soberano a una deuda odiosa) en una utopía irresponsable. El problema no radica en el análisis, Santoro dice —tomando la definición de Jorge Alemán— que efectivamente la derecha no es un partido, es una agenda; lo cuestionable es su propuesta de aceptar esa agenda porque no hay más remedio. Recurre a una justificación clásica de todo derrotista: la sacrosanta correlación de fuerzas.

Pese a todo, los límites autoimpuestos por las fuerzas tradicionales no necesariamente expresan las fronteras de las mayorías populares para imaginar el horizonte de lo peleable. Algunas voces disonantes dentro de quienes apoyan a la coalición oficial —como la de Hebe de Bonafini en la movilización del 17 de octubre— son un síntoma de que la cadena de consenso tácito que se resigna a la agenda de la derecha tiende a resquebrajarse por el eslabón más débil: los resultados. Entre otras cosas, porque también en este terreno, la lógica del “mal menor” (“suavizar” la agenda de la derecha) puede transformarse —como tantas otras veces— en el camino más rápido hacia el mal mayor.