El tratamiento del proyecto de financiamiento de partidos políticos fracasó este miércoles en el Senado por falta de acuerdo entre los legisladores de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, la instancia fue aprovechada por la oposición para visibilizar en el recinto el escándalo de espionaje ilegal que involucra al fiscal Carlos Stornelli. El proyecto se tratará en el recinto el próximo miércoles.
La discusión que se abrió hacia adentro de los bloques es que hay legisladores que representan a las provincias pretenden que el 50% de la publicidad electoral de los partidos se destine a portales digitales de producción nacional y no a plataformas extranjeras, como Facebook y Google. El planteo de establecer una prioridad a los portales locales lo llevó adelante el chubutense Alfredo Luenzo.
Es que el Pro, el partido que más recurre a la comunicación vía redes sociales localizadas en Estados Unidos, pretende que no haya límites que regulen la publicidad partidaria.
En tanto, en el interbloque Argentina Federal, había predisposición para aceptar la modificación y fijar el porcentaje mínimo de publicidad en portales argentinos. “Estamos planteando hacer muchas modificaciones técnicas al dictamen, no son sustanciales, pero son importante, y es más dificultoso hacerlo en el marco del recinto”, señaló a la prensa el senador Rodolfo Urtubey.
El proyecto propone busca bancarizar los aportes de campaña y permitir a las personas jurídicas realizar contribuciones a los partidos, con un tope del 2% de los gastos autorizados. Ese techo era originalmente del 5%, pero los senadores acordaron bajarlo tres puntos.
El dictamen fue firmado en noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, pero no se lograron los consensos para avanzar en las sesiones extraordinarias de diciembre.
Espionaje ilegal
Legisladores de la oposición aprovecharon la instancia de la sesión del Senado para reclamar la conformación de la comisión de seguimiento y control del Ministerio Público, órgano que agrupa a los fiscales nacionales, para que se trate el desempeño de Carlos Stornelli y su involucramiento en el escándalo de espionaje ilegal.
La senadora Anabel Fernández Sagasti pidió una cuestión de privilegio que había presentado contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por la mora en la constitución de la bicameral, donde el año pasado no pudo asumir la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le respondió que dado que la presidencia de la comisión corresponde a la Cámara de Diputados, el cuestionamiento a Michetti carecía de validez.
“Quieren seguir evitando que se siga destapando una olla que está muy podrida”, denunció Fernández Sagasti, al recordar que el fiscal de la causa de los “cuadernos de la corrupción” fue “filmado, fotografiado y mantuvo fluidos contactos telefónicos con el falso abogado D’Alessio, acusado de extorsión”.
La senadora advirtió que si no se constituye la Bicameral del Ministerio Público, no habrá respuestas sobre “los motivos de la negativa de Stornelli a concurrir a las dos indagatorias a la que fue citado”, ni sobre “qué ha hecho Casal respecto a la solicitud del juez (Alejo) Ramos Padilla”, que instruye en la causa. “Al falso abogado D’Alessio le encontraron en sus teléfonos información sobre el contenido de sentencias, por ejemplo, antes de que la Cámara fallara satisfactoriamente para ciertos empresarios, lo que fue publicado por el diario Clarín”, especificó la legisladora.
También presentaron cuestiones de privilegio la correntina Ana Almirón y el porteño Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, quien adhirió al reclamo y alertó que “el presidente de la Nación inauguró la era de las escuchas en la política nacional”.
“A mí no me sorprende que esto viene promovido por un gobierno cuyo presidente asumió procesado en la causa de las escuchas… Es grave cuando se toman estos asuntos como si fuera otro asunto más. No es un asunto más: es un pasito más en la degradación de la política nacional. Se está degradando la calidad de la democracia argentina”, sostuvo Solanas.
También intervino en el recinto el jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, quien apuntó directamente al presidente Mauricio Macri, basándose en las afirmaciones de Ramos Padilla.
Fuentes recordó los dichos del juez, quien sostuvo que Stornelli “actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o exagentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión”.
“Hoy hay un punto de inflexión con la denuncia de este perverso contubernio entre servicios de inteligencia, periodismo, Poder Judicial y política”, sentenció Fuentes, al observar “la gravedad de la situación que se está viviendo”.
