La lucha por justicia de sobrevivientes y familiares de la represión a trabajadores de Ford parece no terminar. La muerte de Héctor Sibilla, exjefe de Seguridad de la empresa automotriz durante la dictadura, se los recordó de la peor manera.

Sibilla fue condenado a 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2018 en un juicio histórico que marcó la única sentencia por responsabilidad empresarial hasta ahora. También fueron declarados culpables Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford, quien recibió 10 años de prisión, y Santiago Omar Riveros, quien recibió 15 años.

Pasaron casi cinco años de ese día y la sentencia aún no quedó firme. En septiembre de 2021, Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la Corte Suprema de Justicia nunca abordó el caso en los casi dos años siguientes. Todo este tiempo, tanto Sibilla como Müller estuvieron en libertad.

El fallecimiento del exfuncionario de Ford, que ocurrió el 4 de abril y fue informado esta semana, dejó en evidencia una vez más las demoras sistemáticas del máximo tribunal en estas causas. “Exigimos a la Corte Suprema que vuelva a poner las causas por crímenes de lesa humanidad como parte de sus prioridades y resuelva de manera urgente este y otros expedientes que se encuentran demorados en su poder”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al dar a conocer la noticia.

“Por más que estuvieran pendientes algunos recursos extraordinarios y de queja en la Corte, para nosotros está concluido. Quedó terminada cualquier discusión que ponga en dudas su culpabilidad de haber sido partícipes necesarios del terrorismo de Estado”, señaló en diálogo con Tiempo Tomas Ojea Quintana, abogado del grupo de víctimas y familiares que hace años comenzaron a pelear para llevar la causa a juicio.

En ese sentido, el abogado destacó el gran logro de haber obtenido condenas y que hayan sido confirmadas en segunda instancia: “Es muy importante para el registro histórico del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, para las propias víctimas y para la organización sindical en la Argentina. Obviamente, hay una ambivalencia porque nunca sufrieron la prisión, que habría correspondido por haber sido declarado culpables”.

“Hubiésemos querido que pague con cárcel, como todos los que cometieron estos delitos, pero mucho no se puede esperar de este sistema judicial. La Corte va tratando de tirarlo a un costado y duele, porque uno quería que pague como debía pagar”, dijo en el mismo sentido Ismael Portillo.

Ismael fue uno de los 24 obreros y delegados secuestrados dentro de la fábrica de Ford ubicada en la localidad de Pacheco. Junto a su esposa Arcelia Ortiz, Lulú, recuerda ese momento, cómo fue paseado frente a sus compañeros, para instalar el miedo, y las torturas que sufrieron muchos de ellos en el quincho de la fábrica, que fue utilizado como centro clandestino de detención. Desde allí, algunos fueron llevados a la Comisaría de Tigre y otros a la de Maschwitz, donde permanecieron varias semanas desaparecidos, hasta que fueron legalizados y llevados a diferentes cárceles.

“Fue un atropello tan grande lo que hizo la empresa. Ese día que nos tenían en el quincho secuestrados, torturándonos, mandó un telegrama diciéndome que al otro día me presentara a trabajar, si no me consideraba despedido. Hasta dónde llega la maldad”, sostuvo Portillo.

En ese momento, el jefe de Seguridad era Sibilla, quien había sido militar durante buena parte de su vida. Luego de los secuestros, en julio de 1976, Sibilla, ya retirado, fue ascendido al grado de teniente coronel del Ejército.

“Era un hombre que trabajaba en seguridad en la empresa y que debería haber protegido a su gente. Los entregó y además presenció las sesiones de tortura en la comisaría de Tigre”, destacó Elisa Charlin de Troiani, viuda de Pedro Troiani, principal impulsor de la causa, quien falleció en 2021.

El rol de la empresa en esos crímenes quedó probado en el juicio realizado en 2018 a través del relato de los sobrevivientes, como Portillo o Troiani, y de sus esposas, Lulú y Elisa, quienes los buscaron durante meses y, en esa búsqueda, un oficial del Ejército les mostró la lista con los nombres de todos los secuestrados que había sido confeccionada en un papel con el logo de Ford.

“La demora de tantos años es por la Justicia que tenemos en este país. La Justicia y el gran poder que tiene la empresa Ford, porque sino, esto no hubiese llevado tanto tiempo”, explicó Elisa y añadió: “Se agotan los tiempos. Cuando empezaron las detenciones tenía 30 años, hoy voy a cumplir 77, ¿qué esperanza puedo tener?”.

“Cuando la Justicia es tan lenta, deja de ser justicia. Para el que espera y para el que sufrió y sufre. Porque esto tuvo un efecto rebote en todo, nuestros hijos, nietos, ellos también lo sufrieron. Queda un miedo eterno y la palabra secuestro me sigue golpeando el pecho y el corazón”, sostuvo Lulú, quien se lamenta que sigan las injusticias: “Esta causa es nuestra vida. Hace 47 años que sucedió esto, hace 47 años que caminamos”. «