La Justicia investiga una supuesta “acción coordinada” entre el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; el expresidente Mauricio Macri; el exministro, Germán Garavano; y el ex operador judicial y hoy prófugo Fabián Rodríguez Simón para permitir la continuidad de Elena Highton de Nolasco como jueza del máximo tribunal después del límite etario de los 75 años.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

Tiempo accedió a la presentación. Describe en una línea de tiempo cómo Highton de Nolasco presentó, extrañamente, un pedido para seguir siendo jueza después de los 75 años cuando apenas había cumplido los setenta y cuatro.

¿Por qué tanto afán anticipatorio? Según documenta la denuncia, Highton sabía que se estaba definiendo el fallo Schiffrin, en el que el máximo tribunal dispuso taxativamente que después de los 75 años de edad nadie pudiera seguir siendo juez, a menos que accediera a la reválida prevista por la Constitución Nacional.

El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Highton no votó porque en el ínterin inició su reclamo y Rosenkrantz fue el único que votó en contra.

¿Cómo fue la secuencia temporal? Allí radica el eje de la denuncia.

“Cuatro meses antes de dictarse el fallo Schiffrin, Highton no había iniciado acción legal alguna tendiente a procurar su permanencia en el más alto tribunal”. Sin embargo, el fallo ya estaba circulando y tenía los tres votos necesarios para formar mayoría.

La Corte le iba a decir a Highton –y a muchos otros jueces– que debían retirarse. Entonces, según la ONG, comenzó una carrera contra el tiempo. Highton y Rosenkrantz durmieron el expediente hasta tanto un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el amparo de la única mujer en el máximo tribunal. Allí entró a jugar el gobierno de Mauricio Macri: a través del ministro de Justicia, Germán Garavano, resolvió no apelar la medida. Nunca antes había decidido algo así.

Después de que el fallo permitió que Highton siguiera siendo jueza, Rosenkrantz liberó la sanción del fallo Schiffrin.

“El plazo para que el PEN apelara (el aval a la continuidad de Highton) vencía el 14 de febrero de 2017, y no lo hizo, logrando prorrogar por un método ajeno al previsto en la Constitución la presencia de Highton, en forma organizada por los máximos responsables de dos poderes del Estado nacional”.

“Durante cuatro días, Rosenkrantz retuvo en su vocalía el expediente “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, ya que si se dictaba la sentencia que ya se encontraba lista, dicha sentencia le imposibilitaría a la ministra Highton continuar ejerciendo su magistratura. Rosenkrantz recién se desprendió del expediente más de un mes después, que lo recibió para abstenerse de votar la propia Elena Highton. La sentencia definitiva en autos “Schiffrin” fue dictada por la Corte el 28 de marzo de 2017, es decir, al mes siguiente de que Highton se asegurara su permanencia en el máximo tribunal merced a la decisión del gobierno y al accionar de Rosenkrantz y de la propia Highton”.

“El expediente Schiffrin recayó en la vocalía de Rosenkrantz el primer día hábil posterior a la feria judicial de enero de 2017, es decir, menos de una semana hábil después de que Elena Highton iniciara su causa judicial para seguir en su cargo”.

La causa, que lleva el número 3384/2021, quedó radicada en el juzgado federal número cuatro, a cargo de Ariel Lijo. Curiosamente –pese a que menciona un presunto caso de corrupción que involucra a dos jueces de la propia Corte– no aparece en el “Observatorio” que publica el Centro de Información Judicial (CIJ). Entre 2016 y 2019, el Observatorio se llamaba “de la corrupción” y ocupaba un lugar destacado en la página de Internet del Poder Judicial. Ahora, la palabra “corrupción” desapareció y al registro hay que buscarlo con lupa.

¿Cuál fue el rol del gobierno de Macri en este entramado? La denuncia responde que “el caso Highton fue el primero y único en el cual el Poder Ejecutivo decidió no apelar un fallo de primera instancia que extendió la permanencia de un magistrado”.

“No existe antecedente alguno en el cual el Poder Ejecutivo se haya abstenido de apelar una resolución que confirmaba en el cargo a un juez después de cumplir 75 años; con la única y exclusiva excepción de lo ocurrido en el caso Highton”, añade el texto.

Allí entró en escena “Pepín” Rodríguez Simón. “Tanto durante el período en que el expediente Schiffrin estaba en manos de Rosenkrantz y de Highton retenido, como cuando Highton inició el amparo, como cuando el PEN decidió no apelar la sentencia, existían asiduas comunicaciones entre representantes del PEN y Rosenkrantz.   Rodríguez Simón funcionó como nexo entre el PEN y Rosenkrantz, ya que se ha detectado que habrían existido 91 contactos telefónicos entre los años 2016 y 2018”.

Si el gobierno hubiera apelado el fallo que benefició a Highton, la jueza no habría podido seguir en el cargo. Y, si lo hubiera hecho, no habría podido intervenir en ninguna causa en la que el Estado fuera parte porque habría tenido un “juicio pendiente” contra él. Al no apelar, se evitó todos esos trastornos.