La Unidad de Información Financiera (UIF) espera que la jueza federal María Capuchetti incluya a ese organismo como querellante dentro de la causa que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior. Las cuentas no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones. El 5 de noviembre de 2020, la Cámara Federal aceptó como querellante al organismo investigador de delitos económicos, sin embargo, todavía la UIF no pudo acceder a la causa.
La Unidad había solicitado ser parte de la causa ya que consideró que «existiendo formación de activos en el exterior, en cuentas que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal nacional, se deben investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito». Pero la jueza lo había rechazado. El organismo apeló a la Cámara Federal y, como se dijo, en octubre logró su inclusión en la causa, luego de la resolución que emitió la Sala II, Martín Irurzun y Mariano Llorens.
Es que Capuchetti argumentó que su investigación se centrará en los funcionarios que presuntamente protegieron a los evasores. Como publicó Tiempo Argentino en abril de 2020, las funciones de control estaban en manos del contador público Sergio Rufail, quien estaba bajo la jefatura del entonces director de la AFIP, Alberto Abad, que comandó el organismo tributario entre diciembre de 2015 y marzo de 2018. Fue sucedido por Leandro Cuccioli, que dejó el puesto el 10 de diciembre de 2019.
El escándalo se desató luego de que el periodista Alejandro Bercovich diera cuenta de la existencia de estas cuentas que fueron advertidas por la OCDE al país y que no fueron investigadas por la AFIP de la administración Macri. Con el cambio de gobierno, y de las autoridades del organismo recaudador que quedó en manos de Marcó del Pont, este paquete de dinero evadido de 2600 millones de dólares, salió a la luz.
La información fue entregada en 2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad que comparte su sede en París con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Fue en el marco del proceso de intercambio entre agencias que se ocupan de temas tributarios.
Luego, la investigación penal se originó para investigar la «presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas cuentas», indicó un comunicado. Es decir, la causa investiga a Abad y Cuccioli y a sus funcionarios, pero no a los tenedores de esas cuentas ni tampoco el origen del dinero.
Fuentes judiciales confiaron a Tiempo que es necesario investigar el origen de los fondos ya que pueden provenir de la comisión de delitos.
En la causa penal se investiga si esa información «pudo haber sido adulterada, recortada o eliminada parcialmente» y haber dado lugar a «la prescripción de obligaciones de pago de impuestos en beneficio de los de titulares de las cuentas alteradas u omitidas». «De esta manera, la investigación judicial se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información», explicó la UIF en septiembre de 2020, cuando pidió ser incluida en el expediente.
Es que desde el organismo «inicialmente se evalúa que hay incumplimientos funcionales, encubrimiento, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados». Son hechos que «podrían alterar la vía de escape organizada por la ley de blanqueo de capitales».
A partir de la normativa en materia de lavado de activos, la acción de la UIF procura analizar los hechos que habrían llevado a la prescripción de las obligaciones de pago por parte de los titulares de las cuentas involucradas en el ocultamiento.
Se evalúa, del mismo modo, la responsabilidad de las y los funcionarios en relación con la información ocultada y a la eliminación de parte de esos datos. Se busca determinar el origen del dinero depositado en las cuentas en el exterior, en función de la Ley de Blanqueo.
Al existir la formación de activos en el exterior en cuentas no declaradas ante la autoridad fiscal nacional, la UIF apunta a «investigar las posibles maniobras dirigidas a dar apariencia legal a bienes de origen ilícito». Y al «ocultamiento de información sensible y la evasión fiscal. Todo ello con el consiguiente perjuicio para el orden económico financiero del país y el conjunto de la sociedad», concluyó el comunicado.
Sin embargo, Capuchetti no había aceptado incluir al organismo dentro de la causa. Ahora, tras la resolución de la Cámara que llegó el 9 de noviembre de 2020 al despacho de Capuchetti, la causa quedó en su despacho y de allí no se movió.
