Así como se resiste a aplicar el cepo cambiario, el presidente Mauricio Macri también se niega a enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar la emergencia alimentaria o aplicarla por un decreto. Lo considera más gasto en un momento de extrema fragilidad, mientras sus voceros asumen que el gobierno tendrá las manos atadas hasta que logre estabilizar la paridad del dólar, que este viernes tocó un nuevo techo de 62 pesos. Para frenarlo las posiciones están divididas dentro del Ejecutivo. Algunos funcionarios anticipan una intervención mucho más agresiva del Banco Central a partir de este lunes; otros la critican y descartan, mientras aseguran que la divisa estadounidense no superará la cifra que ya conquistó. Entre los impulsores del shock y los encargados de minimizarlo no aparece ningún plan alternativo si el dólar sigue subiendo durante la primera semana de septiembre.
La única esperanza está concentrada en la respuesta del Fondo Monetario Internacional sobre el desembolso de 5400 millones previstos para este mes por el acuerdo stand by firmado por la Argentina, que hasta ahora no fue confirmado por la entidad monetaria.
Ante las consultas de este diario, en el Banco Central no quisieron hacer comentarios sobre un posible «shock» para controlar la corrida del dólar. «Nosotros nunca hacemos público ni adelantamos lo que haremos», contestó un vocero de la entidad sobre esa posibilidad, que circuló por diversos medios.
En la Rosada aseguran que parte de la apuesta estará concentrada esta semana para definir la utilidad de los antídotos que juegue el Central para saber si puede controlar el dólar. Una especie de «todo o nada» que confirma, para sorpresa de sus funcionarios, que la administración de Macri avizora un techo para su futuro inmediato en caso de que el billete verde siga subiendo y mantenga el ritmo de la corrida. La jugada es parte de las discusiones dentro del Ejecutivo sobre la aplicación del cepo y de la multiplicación de paliativos para evitar que la crisis ahogue la campaña.
Las tensiones incluyen la creciente desazón de las segundas líneas con ministros que han vuelto a preservarse en el silencio para ahorrar desgaste. Romperlo sería desnudar la fragilidad política del presidente en el arranque de un mes cargado de asignaturas pendientes para su futuro: el 7 arranca la campaña electoral, el 15 el Indec publicará la inflación de agosto y aportará el primer dato oficial sobre el impacto de la corrida del dólar después de las PASO. Luego vendrá el comienzo de la batalla electoral televisiva y finalmente, el 29, Mendoza tendrá elecciones para gobernador. Entre esos hitos Macri aguarda incluir la fecha del desembolso del FMI, luego de la visita que realizó la semana pasada la misión de auditores sobre el escenario post PASO. La decisión del directorio, que este viernes se reunió en Washington con los enviados, dependerá en gran parte de la posición de Estados Unidos.
El gobierno aguarda una señal de respaldo de la Casa Blanca para reducir la fragilidad. En ese contexto este sábado circuló la versión de una comunicación telefónica entre el presidente Macri y su par norteamericano, Donald Trump, pero la Oficina Oval nunca confirmó el llamado de diez minutos. Si sucedió y no fue oficializado por el aparato diplomático estadounidense se trata de una comunicación informal, realizada pocas horas antes de una semana decisiva para el futuro del gobierno. Incluirá la visita al país de Ivanka Trump, junto con el subsecretario de Estado John Sullivan.
La hija de Trump y el vicecanciller norteamericano visitarán Colombia, Paraguay y Argentina, pero la escala criolla no será en Buenos Aires y se mantiene en reserva. «Podría ser en una provincia del noroeste argentino», explicó a Tiempo una fuente de Balcarce 50, ante la «gran posibilidad» de que la locación elegida sea Jujuy, con el radical Gerardo Morales como anfitrión. En la capital jujeña una alta fuente oficial confirmó a este diario los preparativos para la recepción.
El territorio elegido por el gobierno para cruzar la gestión de la crisis con la campaña será el Congreso. Este lunes entrará al Senado el proyecto de ley que diseñó Lacunza para renegociar la deuda del período 2020/2023, aunque el Ejecutivo cuenta con las previsiones de la Ley de Administración Financiera para redefinir plazos sin pasar por el Parlamento. La movida es una decisión política para llevar el debate electoral a ese recinto e interpelar al peronismo. Si las bancadas opositoras no avalan la renegociación, el Ejecutivo volverá a victimizarse y responsabilizarlos de la crisis. Esa ofensiva también desata internas en Balcarce 50, especialmente por las críticas de Lacunza al estilo de confrontación que reclama y aplica Carrió, como jefa de la Coalición Cívica. Lo mismo sucede entre los negociadores del gobierno con las provincias.
Conducidos por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, buscaron contener a los caciques provinciales cuando se enteraron por la televisión de la eliminación de IVA a la canasta básica, de la disminución del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias y del congelamiento al precio de los combustibles.
Los tres paliativos que anunció Macri luego de la devaluación del 12 de agosto son financiados por las provincias porque los tres impuestos modificados son coparticipables. El plan de reducción de daños que impulsó Interior se rompió desde el mismo gobierno este martes, cuando el senador Luis Naidenoff calificó de extorsionadores a los gobernadores que recurrieron a la Corte Suprema para reclamar la compensación de los 60 mil millones de pesos que dejarían de recibir en la coparticipación.
Desde esta semana esa controversia no será ajena al debate del Senado sobre la ley para «reperfilar» los vencimientos de deuda que deba afrontar el próximo presidente. La acusación contra los gobernadores echó sal en las heridas fiscales de un pelotón de mandatarios que incluye al salteño Juan Manuel Urtubey, vice de Roberto Lavagna en Consenso Federal, y hasta entonces un interlocutor privilegiado para el gobierno. Urtubey resistió por primera vez los llamados de la Rosada, pero la lista de 19 mandatarios que amenazaron con recurrir a la Corte por el IVA se redujo a sólo 14 firmantes. El martes comenzarán a ser recibidos para abrir una negociación que evite que el conflicto escale en la Tribunal Supremo, que ya tiene un puñado de demandas presentadas y podría poner a la Nación contra las cuerdas en un momento crítico. «
