El Defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, dialogó con Tiempo sobre la situación en la que se encuentra la Argentina en general y el territorio bonaerense en particular, en torno a la tortura y hacinamiento en los lugares de encierro.

El funcionario judicial, que además realiza tareas ad honorem como miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra Suiza, planteó la importancia de la creación de un Consejo Provincial de Política Criminal en el ámbito de la Legislatura bonaerense para abordar la problemática de manera interdisciplinaria.

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– En los últimos años pasaron diferentes gestiones a nivel nacional y provincial. ¿Cuál ha sido la evolución de la situación de la tortura en los lugares de encierro?

– Está claro que esto viene de largo aliento y aún los cambios de gobierno no muestran mejoras. Se sostienen las violaciones sistemáticas y el aumento mes tras mes, año tras año. Se cronifica el hacinamiento y la tortura. Nosotros seguimos con el registro de estos padecimientos abierto y funcionando. Hacemos los informes periódicos y los mecanismos de control que son complejos, variables y cruzados no han logrado revertir esa tendencia de las instituciones que aplican tortura y que no han modificado su rutina, ni sus pensamientos, ni sus organizaciones.

En la página web del Ministerio Público de la Defensa (www.defensapublica.org.ar) figuran los relevamientos realizados por los diferentes departamentos judiciales de la provincia. De acuerdo al último informe, en todo 2019 se registraron 317 casos de tortura, siendo el Departamentos Judicial de La Matanza el que más episodios registró: con 93 casos; le siguen Morón, con 45 casos; mientras que Dolores, Lomas de Zamora, Moreno – General Rodríguez y San Nicolás registraron 18 casos en cada jurisdicción. En tanto, hubo 17 casos en Mar del Plata; 15 en Bahía Blanca; 14 en San Isidro; 12 en Zárate – Campana; 10 en Mercedes y Quilmes, respectivamente; 9 en Azul; 5 en La Plata y Trenque Lauquen; 4 en San Martín y 2 Pergamino. También, hubo otros 4 casos relevados por esta Defensoría; mientras que los departamentos judiciales de Necochea y Junín no enviaron información.

De los 317 casos, en 118 hubo denuncia formal por haber torturas y malos tratos mientras que 199 de las víctimas optaron por pedirle explícitamente “a su defensa mantener en reserva lo sufrido, manifestando que preferían omitir toda denuncia formal para evitar problemas con los agentes penitenciarios de la unidad penal donde se encontraban detenidos, o en otras donde podían ser trasladados, o con los policías que lo detuvieron”, según se desprende del informe.

Por otra parte, 242 casos están relacionados con la Policía Bonaerense mientras que 53 víctimas responsabilizaron a personal del Servicio Penitenciario provincial por las torturas y los tratos inhumanos. El resto de los episodios fueron atribuidos a efectivos de otras fuerzas como Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Prefectura Naval o personal de un Centro Cerrado de Detención de Menores.

– ¿Hay una política para revertir esa situación?

– No, el registro muestra la cantidad de hechos. En qué lugar, quiénes los cometen, cómo los cometen; la repetición de hechos y el no funcionamiento adecuado de la institucionalidad que debe prevenir y, en su caso, sancionar e investigar. Hay un conjunto de instituciones que no están funcionando adecuadamente.

– Hay un plan de la provincia de Buenos Aires de abrir una serie de alcaidías, sobre todo en el conurbano, para descomprimir la situación de las cárceles y comisarías. ¿Puede ser un principio de solución al hacinamiento?

– No son medidas que mejoren las situaciones de hacinamiento la construcción de nuevos lugares. Eso está aprobado a lo largo y ancho del mundo. No es que va a mejorar el hacinamiento porque se construyan nuevos lugares, porque también hay que ver la cantidad de gente que entra, la gente que sale, cuánto tiempo está, por qué delito entran, cómo salen cuando salen. Es un conjunto de factores que habría que analizar.

– ¿Cómo se viene trabajando en cuanto a la reinserción?

– Los planes de reinserción son un fracaso a nivel mundial y Argentina no es la excepción. No hay un trabajo adecuado para reducir los niveles de violencia a través de planes apropiados de reinserción. No existen. Son problemas multicausales y la multisectorialidad se debe trabajar cada uno desde su mandato y obligaciones de manera complementaria e ir generando sinergias para disminuir los niveles de violencia a través de situaciones de prevención y, en su caso, de investigación y sanción. Hay que tener políticas integrales articuladas y funcionando entre la sociedad civil y los distintos sectores del Estado, pero estamos muy lejos de empezar a caminar un camino de este tipo.

– ¿Cómo está vista la Argentina en la región en materia de torturas y malos tratos?

– La mirada que hay sobre este tipo de violaciones a los derechos humanos en los lugares encierro en Argentina, es la misma que la mayoría de los países de la región. Está muy mal parada porque las violaciones se reiteran año tras año, no son penalizadas y llegan a niveles sistemáticos y cuando llegan a un nivel sistemático se cronifica. Esto demanda soluciones estructurales, no basta con una media aislada sin sostenerse en el tiempo, porque así no se llega a penetrar en su profundidad la problemática para revertir esta mirada sobre las malas decisiones que Argentina en esta materia.

– ¿Cómo se podría empezar a resolver toda esta compleja problemática?

– Creo que haría falta generar un Consejo Provincial de Política Criminal en la Legislatura. Debería formarse un equipo de expertos independientes de las diferentes disciplinas que puedan producir informes y recomendaciones a los poderes públicos y que los poderes públicos se comprometan a poner en marcha esas recomendaciones. Eso está faltando. Eso no existe, no hay una articulación de todos los poderes.