El juicio por la verdad de la masacre de Napalpí fue un hito en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia de Argentina: fue el primero que se realizó por crímenes cometidos en el genocidio de los pueblos originarios y permitió arrojar luz sobre una de las mayores matanzas indígenas del siglo pasado, en la que fueron asesinadas más de 400 personas de las comunidades qom y moqoit que protestaban por mejores sueldos y condiciones de trabajo en la reserva de Napalpí, en Chaco.
A un año de esa sentencia que declaró que fueron crímenes de lesa humanidad y que el Estado fue responsable, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dialogó con Tiempo sobre la importancia de este debate para las comunidades y el rol que puede cumplir para que otras causas similares avancen.
–Al cumplirse el primer aniversario de la sentencia, ya con la perspectiva del paso del tiempo, ¿qué importancia cree que tuvo el juicio por la verdad?
–Primero de todo, tiene que ver con la importancia del proceso en sí mismo y lo que significó para las comunidades indígenas la visibilización de su existencia, de sus dolores y de un duelo que no se había hecho nunca y de un daño, de heridas que estaban abiertas, que no habían cerrado, pero también de una situación actual que viven los pueblos indígenas cuyas problemáticas no son visibilizados. Una de las importancias es justamente que ellos mismos, con sus propias voces, pudieron contar la historia a partir de quienes eran sobrevivientes, que eran muy poquitos, y los hijos de sobrevivientes. Este juicio comenzó con la finalidad de determinar una verdad jurídica que había sido tergiversada, donde se hablaba de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad del Estado y las comunidades y lo que se pudo determinar es justamente lo contrario, que no hubo un enfrentamiento y que formaba parte de una acción que llevó adelante el Estado para callar a los indígenas y de alguna manera, como dijo en el juicio uno de los especialistas, el exterminio de los pueblos indígenas. Durante el debate surgieron un montón de verdades y se pudo llegar a determinar el cómo, dónde y cuándo de lo ocurrido y también los efectos que eso tuvo sobre las comunidades indígenas.
–¿Cómo se explica que la justicia haya demorado casi 100 años en abordar esta causa?
–Las cosas ocurren cuando las circunstancias se dan. Los juicios a aquellos que fueron los responsables del terrorismo de Estado y la muerte la desaparición de tantas personas se dieron cuando las circunstancias políticas lo permitieron. Hay una evolución de la sociedad y del sistema que va más allá de la rúbrica específica de los pactos internacionales reconocedores de derechos universales y que tiene que ver con llevarlos a la práctica. Eso habla muy bien de esta sociedad que va evolucionando en la concientización y el respeto por los derechos y las libertades que en otros momentos no se hubiera dado. Creo que tiene que ver con los tiempos, que hoy permiten tener miradas diferentes y estamos más preparados para sensibilizarnos ante determinadas circunstancias.
–¿Puede este juicio servir para que avancen otros similares?
–Confío en que esto fue la apertura de un camino. A veces tenemos las herramientas jurídicas y no las utilizamos por los temores o porque no nos animamos y creo que a veces se necesita que alguien abra una puerta para que después todo el resto vaya por esa misma puerta. Haber abierto esta puerta creo que puede ser una luz de esperanza para otros en circunstancias similares porque ya hay un camino hecho y un Estado que está tratando de dar cumplimiento a lo que se determinó en la sentencia. Creo que son buenas razones para que se pueda seguir o para que anime a otros a llevarlo adelante.
La causa y la sentencia
La investigación por la Masacre de Napalpí de 1924 fue iniciada en 2014 por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco. Junto a las comunidades, y sobre la base de trabajos previos de historiadores e investigadores, lograron encontrar y entrevistar a los últimos sobrevivientes conocidos y a sus hijos e hijas, rastrearon lugares de enterramientos y de fosas comunes. Se identificaron los responsables políticos, como el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear o el gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y a algunos de los autores materiales, miembros de la policía y gendarmes, todos ya fallecidos. La causa fue presentada ante el juzgado de Niremperger en julio de 2021 en coincidencia con el 97 aniversario de la Masacre. «Cuando el Ministerio Público Fiscal hizo la presentación, desde ese primer día no tuve ninguna duda en llevarlo adelante y fue una de las tareas más importantes que hice como jueza federal y también en lo personal: conocer su idiosincrasia, escuchar sus dolores, de qué manera lo vivieron, de qué manera se sienten discriminados fue sumamente enriquecedor», reconoció la jueza.
El juicio por la verdad se desarrolló entre abril y mayo de 2022. La sentencia ordenó una serie de medidas reparatorias que el Estado debe llevar adelante, muchas de las cuales ya comenzaron a implementarse, según informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un informe: los talleres de capacitación para todas las fuerzas federales sobre el respeto a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y la elaboración de materiales didácticos para ser incluidos en los diseños curriculares de los niveles primario, secundario y terciario de todo el país. Además, el gobierno del Chaco proyectó un Plan de Urbanización de Colonia Aborigen que fue presentado en una Audiencia Pública a la comunidad en 2022 y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se encuentra proyectando una segunda etapa de trabajo de búsqueda de fosas comunes. «
