La muerte de José Bulacio fue una tragedia anunciada. En las semanas previas al derrumbe que provocó su muerte -e hirió a otros 13 obreros- el gremio advirtió sobre las malas condiciones en las que se desarrollaba la obra de ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las persistentes denuncias gremiales tuvieron como respuesta una amonestación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que se plasmó en un acta (Nº 566254), donde se establece textualmente una “Orden de Suspensión”. Luego del derrumbe, sin embargo, el ministerio dijo que tal orden no existió, y que el acta fue apenas una multa. La burocracia suele tener explicaciones que la razón no siempre comprende.

La desmentida del ministerio bonaerense salió en respaldo del Ejecutivo nacional, accionista de Aeropuertos Argentinas 2000 -firma a cargo del Aeropuerto- y principal interesado en que la obra concluya cuanto antes. La razón: la inauguración está prevista en la agenda de actividades proselitistas que Mauricio Macri se propone llevar a cabo en su doble rol de presidente y aspirante a reelegir. Habrá que ver si, removidos los escombros y el cuerpo sin vida de Bulacio, el presidente persiste con la idea de hacer campaña en la terminal renovada con forma de “Zeppelin”.

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En sus denuncias previas a la tragedia, la UOCRA advirtió que la obra se había acelerado a un ritmo peligroso, multiplicando la presencia de subcontratistas que se superponían en tareas y espacio físico, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y del público en general. La inspección del Ministerio de Trabajo dejó plasmado parte de esos reclamos en el acta labrada el 13 de septiembre contra uno de los dos concesionarios a cargo de la ingeniería y ejecución de obra: la firma TGLT S.A. 

Nacida hace una década como desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios VIP, la empresa dio el salto hacia la obra pública a partir de enero de 2018, cuando compró el 82,32% de la constructora Caputo Construcciones SACIF, controlada por Nicolás Caputo, el acreedor, socio y “amigo del alma” del presidente Macri.

La supuesta venta se anunció con pompa, pero fue observada por la Comisión Nacional de Valores, que en junio de 2018 abrió un sumario para investigar un supuesto fraude bursátil en la transacción. Para zafar de la pesquisa, la venta de Caputo SA a TGLT se convirtió en una fusión por absorción.

En las formas, TGLT compró Caputo, pero la nueva compañía siguió bajo control operativo de los directivos afines al amigo de Macri. Una prueba: El 1° de octubre de 2018 se nombró como gerente general de la firma fusionada a Teodoro Argerich, quien desde 2005 tuvo ese mismo rol en Caputo SA. 

¿Acaso el cambio de nombre colaboró para que TGLT se hiciera de contratos con el Estado que Caputo tenía vedado por cuestiones de decoro?

Otra incógnita de esta trama minada de misterios.

El presidente del directorio de TGLT (y supuesto comprador de Caputo) es Federico Weil, un hombre que gusta definirse como un “audaz”. Al momento de la transacción con Caputo, TGLT pertenecía en un 13,6% a PointState Argentum, uno de los fondos de inversión más activos tras la asunción de Mauricio Macri. 

El director de PointState es Darío Lizzano, un financista argentino que opera desde Nueva York, y que se reunió con Macri varias veces como ejemplo de la mentada “lluvia de inversiones” que finalmente nunca pasó de la garúa inicial.

Una de las inversiones de Lizzano fue en Genneia, la firma que opera Parques Eólicos concesionados por el gobierno de Macri. La relación de negocios entre Macri y Lizzano es tan estrecha como sospechosa. En mayo de 2017, Genneia adquirió por 40 millones de dólares el parque Loma Blanca IV a Sideli SA, del Grupo Macri, que había comprado junto a su otra empresa Sidsel SA por sólo 25 millones de dólares a Isolux los parques Loma Blanca I, Loma Blanca II, Loma Blanca III y Loma Blanca IV.

La compra de Parques Eólicos del grupo Macri está bajo investigación judicial. El expediente los lleva el juez Martínez de Georgi. En el marco de esa investigación se descubrió que la sociedad controlante de las empresas que operaron la venta de Isolux al Grupo Macri (y de estas luego a Genneia) fue Rainbow S.A., una empresa offshore con sede en Luxemburgo.

De modo que la gestión de Macri como presidente termina casi como empezó: envuelto en un escándalo que involucra negocios privados con el Estado, transacciones opacas y firmas offshore.

En el medio, claro, pasaron cuatro años de latrocinio para pocos y empobrecimiento general, sazonado con cotillón judicial y maquillaje, como la obra que se aceleró a todo ritmo para que el presidente la use en su campaña electoral.  

Total normalidad.