El próximo 8 de agosto, la Sala IV de la Cámara del Crimen revisará el fallo que benefició al periodista y propagandista Fernando Niembro ante una acusación por presuntas contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal Carlos Velarde apeló el sobreseimiento que dictó el juez Roberto Ponce y a lo largo de 20 páginas desnudó múltiples puntos flacos de la resolución exculpatoria. La lista es larga: desde que el juez se basó sobre declaraciones como «testigos» de funcionarios que pudieron ser partícipes de una maniobra delictiva, hasta que la empresa La Usina SRL, de Niembro y un socio, no estaba en condiciones de ser proveedor del Estado porteño. En el medio hay una supuesta simulación de dos empresas pujando por un contrato cuando, en realidad, se trataba de la misma. Pero lo más serio parece ser que, según un peritaje de contadores oficiales, «el gobierno de la Ciudad abonó a La Usina la suma de $ 24.718.031 por servicios que La Usina contrató por $ 5.644.989». La diferencia: 19.053.042 para la empresa de Niembro. Mediante contrataciones directas, además, y por necesidad y urgencia que, según el Informe Final de Auditoría, «no se encuentra justificada». El fiscal Velarde advirtió que falta en el expediente un análisis que «evalúe si no existió la posibilidad de conseguir un precio menor al que ofreció La Usina, cuál era el precio de mercado en aquel momento y que se efectúe un muestreo de rentabilidad con agencias de publicidad de reconocida trayectoria para determinar si existió o no sobreprecio».

La Usina no realizaba «encuestas de satisfacción»; sólo conseguía publicidad del gobierno porteño e intermediaba con el canal deportivo de TV por cable Fox, en el que Niembro trabajaba. No obstante, accedió a un contrato para evaluar el grado de conformidad de los vecinos con la gestión de los residuos urbanos. La apelación que analizará la Cámara tras la feria judicial de invierno advierte que «no se hallaron registros de que durante el período 2012/2015 se haya contratado para la realización de encuestas de satisfacción a otra empresa proveedora diferente de La Usina», pese a que su especialidad no eran, justamente, las encuestas.

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El juez Ponce sobreseyó a Niembro porque la contratación se realizó «con un tarifario preestablecido y a precios acorde de acuerdo a ese tarifario». Pero el fiscal Velarde detectó que el «tarifario» no era para «encuestas» sino que «se vincularía a la publicidad».

Hay más. Según relataron tres testigos, el subsecretario de Higiene Urbana Mariano Daniel Campos; el dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público Mauro Ezequiel Canoves y el titular del área, Edgardo David Cenzón (quien saltó de ese cargo a la provincia de Buenos Aires y fue, hasta fines de 2016, ministro de la gobernadora María Eugenia Vidal), en las reuniones en las que se analizaba la contratación de las encuestas de satisfacción  participaban Atilio Meza, socio de Niembro en La Usina, y Santiago Videla, titular de «SV Investigación», este último presentó un presupuesto «que no fue elegido por ser de mayor precio al ofertado por La Usina».

¿Quién realizó, finalmente, las encuestas para las que fue adjudicada la empresa de Niembro? SV Investigación, subcontratada por La Usina. Percibió por el trabajo «una suma mucho menor a la que cobró La Usina por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», pese a que, como se dijo, había presentado un presupuesto mayor y por eso perdió la pulseada.

«La Usina no tenía personal a cargo y no funcionaba ninguna actividad en el domicilio comercial denunciado, Cramer 1635 Piso 7, por lo que de allí no pudieron haber provenido» los llamados telefónicos sobre los que se basó la encuesta. Allí aparece la subcontratación con SV Investigaciones, cuyo domicilio fue aportado por la defensa del propio Niembro: Luis Viale 770, 3° B. En ese pequeño departamento, efectivamente, figura SV, que –según consta en la causa- «se dedicaría a asesoría de empresas», pero hoy es ocupada por «un profesional joven y que está a cargo de la misma hace unos pocos meses». La denuncia contra Niembro fue presentada en septiembre de 2015, siete meses antes. Pero las contrataciones son más antiguas aun, de febrero y marzo de 2014.