La repentina urgencia que pusieron el ministro de Justicia, Germán Garavano, junto a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, para negociar en forma extrajudicial con los abogados de la empresa brasileña Odebrecht no tiene correlato con las demoras que tuvieron los exhortos judiciales presentados por distintos fiscales federales argentinos para solicitar e intercambiar información con los pares brasileños que instruyen el caso Lava Jato. Desde diciembre pasado la Procuración General de la Nación ya envió cinco pedidos a Brasil y uno a Estados Unidos por solicitud de los fiscales Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Federico Delgado y Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA). Los cuatro, junto a Franco Piccardi, son los miembros del Ministerio Público Fiscal que están a cargo de la instrucción local de distintas investigaciones penales vinculadas al megacaso de corrupción que, en Brasil, avanza con un acuerdo de confidencialidad firmado con 78 personas relacionadas con Odebrecht que se acogieron al sistema de «delación premiada».
De todos los exhortos enviados desde diciembre, hay uno que despierta la máxima atención dentro del gobierno y, quizás por eso, registra una demora inusual que generó sospechas entre los fiscales vinculados al caso. Se trata de la «solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal» que el fiscal Rodríguez le envió el 11 de abril a sus pares Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao, los fiscales federales brasileños del «equipo de investigación denominado Lava Jato de la Procuraduría del Estado de Paraná» En el exhorto, al que accedió Tiempo, el titular de la FNIA, les propone la «conformación de un equipo conjunto de investigación» para que los Ministerios Públicos de ambos países coordinen el intercambio de información y documentación. Una de las particularidades del «Equipo Conjunto de Investigación» propuesto es que permite «compartir» los datos de cada caso «en forma directa y sin necesidad de otras solicitudes oficiales de asistencia», es decir, sin perder tiempo en «múltiples pedidos de asistencia», como los seis que ya tramitaron desde la Procuración local con destino a Brasil, con la mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que encabeza Susana Malcorra, la autoridad legal encargada de tramitar exhortos y comisiones rogatorias del Poder Judicial con el exterior.
El exhorto fue traducido al portugués y enviado el 21 de abril a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería, que lo recibió el mismo día a las 14:20. Desde que el pedido fue recibido en el idioma del destinatario, la cartera diplomática solo tiene que dar conformidad, poner un sello y transmitirlo electrónicamente. Según la hoja de ruta a la que accedió este diario, la Cancillería recién lo hizo tres semanas después, luego de tres consultas para acelerar el trámite.
«Al menos es anómalo y llamativo, especialmente cuando se trata de una solicitud que precisamente busca acelerar los trámites con Brasil», opinó a este diario uno de los fiscales que busca la colaboración internacional.
Respuesta oficial
Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Garavano, relativizaron la hipótesis de la demora. «Nosotros estamos para colaborar y que la información llegue pronto, pero los tiempos dependen del juez que tiene que autorizar y de ahí a Cancilleria, pero la cooperación de ellos es absoluta y se hace conforme los plazos», aclaró una alta fuente de Justicia.
«Nos parece bien que lo pidan. Es una decisión de la Procuración que hasta ahora no armó un equipo de fiscales conjunto, aunque sabemos que Delgado se los reclamó», chicaneó la misma fuente. En el Palacio San Martín se atajaron con firmeza: «La orden de la canciller es que nada se demore más de lo normal», explicaron voceros de la cartera que, sin embargo, no contestaron precisiones sobre el exhorto demorado.
Intercambio extrajudicial
En Justicia apuntaron a la celeridad del intercambio extrajudicial con los abogados de Odebrecht (Ver Página 5). Esa secuencia arrancó el martes pasado y fue suspendido el miércoles cuando el juez Sebastián Casanello, a pedido de Delgado, allanó las oficinas de Odebrecht en el barrio de Retiro dentro del caso que investiga el presunto pago de sobornos en la construcción de la planta potabilizadora de AySA en el Río Paraná de las Palmas, de la localidad bonaerense de Tigre. Las incursiones judiciales en Odebrecht frenaron la segunda reunión con los abogados de la contratista brasileña, pero también cruzaron las puertas de Roggio, Camargo Correa y Esuco. «Este sábado ya recibimos de parte de la empresa la copia simple del acuerdo homologado por el juez Moro y también una nota de la procuración brasileña al gobierno argentino. Los dos documentos fueron girados a la OA y a la Procuración del Tesoro, completaron desde el Ministerio de Justicia, aunque omitieron agregar que los fiscales de bandera verdeamarella le pidieron a la admininistración de Cambiemos que preserven la confidencialidad de la documentación que enviarán a Buenos Aires, para no entorpecer las investigaciones en curso.
Obras e inversiones
Las respuestas provenientes de Brasil que este sábado difundieron y celebraron desde el gobierno fueron obtenidas en menos de cuatro días y anticipadas este viernes por la agencia estatal de noticias Télam. Un parpadeo en comparación con las tres semanas que demoró el envío del exhorto para conformar al equipo binacional de fiscales. «Los hechos que investiga esta Procuraduría se circunscriben a posibles maniobras ejecutadas bajo la dirección de funcionarios públicos argentinos en los procedimientos por los cuales se selecciona a los contratistas privados para la realización de las obras públicas dispuestas por el Estado Argentino», reza el texto firmado por Rodríguez, donde les pide a sus pares brasileños articular junto con los «fiscales Delgado, Picardi, Pollicita, a cargo de las Fiscalías 6, 5 y 11» para colaborar en la investigación de «posibles manipulaciones» en las licitaciones «desarrolladas entre 2006 y 2015 para beneficiar a las empresas Oderbecht, Techint, Camargo Correa, Contreras Hermanos, Andrade Gutiérrez» y otras, como IECSA, la constructora del clan Macri que perteneció hasta hace un mes al primo del presidente Angelo Calcaterra. El familiar del jefe del Estado que dice haberle vendido la empresa al magnate energético Marcelo Mindlin es investigado en la causa 15.942/15, sospechado de protagonizar «conductas delictivas que hayan sido desplegadas en 2015, que involucren a funcionarios y empresarios y que se vinculen con la obra pública conocida como «Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que fuera adjudicada por el Estado Argentino en 2008 al Consorcio IECSA, constructora Norberto Odebrecht S.A., COMSA S.A. y Ghella S.p.A».
Según sostuvo el fiscal Pollicita el 27 de abril pasado, el pedido de información en esa causa «tiene por objeto determinar si esas conductas pudieron haber incidido sobre la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo» con el decreto 797/16, firmado por el presidente para modificar el Presupuesto y garantizarle el pago a Odebrecht y a la empresa de su primo, cuando fracasó el crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BANDES) para financiar la obra, que había sido acordado durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El decreto ordena cambios en «la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros» por 100.000 millones de pesos. Entre ese listado, aparece el soterramiento del Sarmiento, con un costo total de 45.000 millones de pesos, pagaderos en tres cuotas: 300 millones en 2016, 8.940 millones en 2017 y 2018 y el «saldo» restante de 28.820 millones en los años siguientes. La orden presidencial desató duras discusiones dentro del Gobierno sobre las consecuencias penales de semejante pago. En diciembre del año pasado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso anuló ese DNU y abortó el pago, pero el acto administrativo que lleva la firma presidencial, es uno de los temas que Garavano y Alonso quieren ver antes de que llegue a manos de los fiscales que lo requirieron. «
Las dudas sobre el 1J
El 1 de junio vence la cláusula de confidencialidad que acordó el Ministerio Público de Brasil con 78 personas vinculadas a la empresa Odebrecht en el marco del convenio de delación premiada con los arrepentidos del supuesto pago de coimas en una decena de países de América Latina.
El entendimiento se conoce desde principios de año, pero el alcance de lo que se conocerá finalmente en forma pública es una incógnita. «Se libera la información, pero, al mismo tiempo, el Ministerio Público de Brasil pide mantener reserva para no entorpecer las investigaciones en el país de origen», explicaron a Tiempo fuentes judiciales. El capítulo argentino hace eje en la sospecha del pago de 35 millones de dólares en coimas a funcionarios de 2006 a 2015.
