Distintos organismos de Derechos Humanos publicaron un comunicado en el que denuncian la «pérdida de independencia de los magistrados y la negación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia y garantías del debido proceso», a la espera de que la Cámara Federal de Mar del Plata defina si la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal se queda en el juzgado de Alejo Ramos Padilla o si pasa a Comodoro Py, como pretende el fiscal rebelde Carlos Stornelli, quien se niega a presentarse ante el juez.

«Los hechos que se investigan en el Juzgado Federal de Dolores, en la llamada causa D’Alessio, han dejado en evidencia la degradación institucional y la descomposición del Estado de Derecho que tiene como protagonistas a algunos que fueron elegidos y/o designados para respetar y defender la Democracia y sus instituciones», continúa el comunicado, en el que resaltan que «los tribunales de Comodoro Py les asegurarían protección e impunidad» a los imputados, por lo que piden «que la Cámara Federal de Mar del Plata cumpla con su deber».

El comunicado entero

La Argentina asiste en los últimos tiempos, a un escenario de progresiva degradación del sistema de administración de justicia, con la consiguiente pérdida de independencia de los magistrados y la negación de derechos fundamentales como el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso.

Las últimas investigaciones que se han dado a conocer en el Fuero Federal muestran cómo un grupo de agentes de inteligencia, periodistas, legisladores, jueces, fiscales y miembros del Poder Ejecutivo Nacional se habrían organizado para cometer un sinnúmero de delitos en distintas partes del territorio argentino y también en el extranjero.

El método es la extorsión y el amedrentamiento. La extorsión a empresarios para obtener dinero y quedarse con sus bienes. El amedrentamiento a ex funcionarios y opositores al gobierno para disciplinarlos y convertirlos en instrumentos dóciles del poder.

Los hechos que se investigan en el Juzgado Federal de Dolores, en la llamada causa D’Alessio, han dejado en evidencia la degradación institucional y la descomposición del Estado de Derecho que tiene como protagonistas a algunos que fueron elegidos y/o designados para respetar y defender la Democracia y sus instituciones.

Quienes han sido imputados en esas actuaciones pretenden que la causa pase a los Juzgados Federales de Comodoro Py, para eso cuentan con la “inestimable” ayuda de dos fiscales federales. Los tribunales de Comodoro Py les asegurarían protección e impunidad.

La Cámara Federal de Mar del Plata es la que en definitiva resolverá qué hacer. Hoy sus integrantes tienen la posibilidad histórica de demostrar que existen jueces dispuestos a hacer cumplir la ley.

Los Organismos de Derechos Humanos que suscribimos la presente, les pedimos que finalmente cumplan con su deber y asuman la responsabilidad que la sociedad espera y rechacen toda presión e intervención indebida contribuyendo al saneamiento de las instituciones y a la consolidación de la democracia.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

H.I.J.O.S Capital

Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte

Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza)

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos