La Corte Suprema dio por cerradas las causas que habían entablado 15 provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos. Lo hizo a pedido del propio gobierno y con la conformidad de cada estado provincial, según lo estableció el acuerdo de “consenso fiscal” firmado en 2017.

“En mérito a lo solicitado por el Estado Nacional, a la conformidad expresada por la Provincia y a lo convenido en el denominado ‘Consenso Fiscal’ suscripto por las partes el 16 de noviembre de 2017, aprobado por la ley nacional 27.429… se da por concluido el proceso”, sostienen los fallos del máximo tribunal, uno por cada provincia que acordó con el gobierno central.

Los estados provinciales que desistieron de sus reclamos (en total, unos 740 mil millones de pesos a valores del año pasado) son Córdoba, Chubut, Salta Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego, Jujuy, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chaco.

En su último acuerdo, la Corte, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dio por cerrados los expediente en cada caso e impuso “costas por su orden”, es decir que tanto el Estado Nacional cuanto las provincias deberán pagar proporcionalmente los gastos que demandó la tramitación de los respectivos expedientes.

Uno de los puntos del acuerdo firmado por todas las provincias con excepción de San Luis estableció el desistimiento  de las demandas, que ascendían en ese momento  a 340 mil millones del conjunto de las provincias y 400 mil por Buenos Aires, que consiguió recuperar actualizado el Fondo del Conurbano Bonaerense.

En la mayoría de los casos se trató de acciones declarativas de certeza y de “cobro de pesos”. Las provincias renunciaron a ambas cosas mediante el acuerdo firmado con el gobierno nacional.