El mensaje fue político y transversal. Desde la residencia de Olivos con intendentes del oficialismo y la oposición, junto al gobernador Axel Kicillof y los ministros del área a nivel nacional Sabina Frederic y provincial, Sergio Berni, Alberto Fernández sentó posición sobre un tema que a los gobiernos de raigambre popular les cuesta resolver: la seguridad.
El plan lo pensaron Alberto y Axel, quienes acordaron los lineamientos principales y el monto de dinero que asciende a 37.700 millones de pesos. El sujeto social al que está destinado este plan son los y las trabajadoras de los barrios populares que tienen que salir a tomar el colectivo y el tren de madrugada. Es que el crecimiento de la circulación de personas en esta relajación de hecho de la cuarentena produjo la vuelta a los niveles de inseguridad históricos en la provincia.
Según explicaron a Tiempo fuentes de la cartera de Seguridad nacional desde un primer momento el objetivo fue empoderar a los y las intendentes. Si bien todavía no está definido cuál será el mecanismo de transferencia de dinero al territorio, ya que se evalúa si se va enviar al tesoro de la provincia o irá directo a los intendentes, sí está confirmado que se destinará al fortalecimiento de las policías locales. Esta transferencia de 10 mil millones de pesos para adquisición de equipamiento de seguridad estará destinada a la compra de chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales.
Las y los intendentes, oficialistas y opositores, ya le habían expresado a Axel en varias oportunidades sus críticas a los manejos personalistas del ministro provincial, Sergio Berni, quien a pesar del discurso estridente que difunde a través de sus redes sociales, mostraba deficiencias a la hora de garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas bonaerenses. Berni se había expresado en varias oportunidades a favor de la disolución de las ya deterioradas policías locales y pretendía acumular mayor poder central desde el ministerio.
A su vez, el gobierno provincial, pero también el nacional, se vieron en la encrucijada de tener que garantizar un servicio básico, como es el de seguridad a los sectores populares, sin caer en maniqueísmos que proponen mano dura y militarización del discurso y la práctica. También se propusieron marcar que el parate económico y el aumento de las necesidades en plena pandemia no se condicen de manera lineal con el incremento de la inseguridad. Sin embargo, también es real que, según explicaron fuentes de la cartera de Sabina Frederic, son los y las trabajadores quienes más están sufriendo esta situación. Por eso se diseñó el plan de puntos seguros en las paradas de colectivos, cámaras y los botones antipánico para quienes usen los servicios de transporte público y dejar de lado la discusión sobre si es necesario que se desplieguen más o menos gendarmes en el territorio, como si eso fuera una solución excluyente.
Sí se determinó que habrá un incremento de 100% de presencia de fuerzas federales en operativos de seguridad, con un total de 3.957 integrantes de las fuerzas más en el GBA, para que actúen en los operativos que comenzaron el 24 de julio coordinados entre Nación, provincia y las autoridades de cada municipio.
A su vez, otra de las dificultades que había saltado por el aire al comienzo de la cuarentena, pero que no estaba en el discurso ni en la preocupación de Berni, aunque sí en la de Axel y Alberto, fue la situación de las personas detenidas. El Covid 19 volvió a mostrar la vulnerabilidad de esta población. El presidente remarcó algo que siempre lo preocupó: la situación de las cárceles y las comisarías. Es por es que destinará desde el ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis una inversión de 20.531 millones de pesos para la construcción 12 unidades carcelarias en PBA para llegar a las 5.000 nuevas plazas. Además se harán dos unidades carcelarias de 1.000 plazas cada una y 10 unidades carcelarias (alcaidías) de 300 plazas cada una. De esta forma, la población de los 48.565 detenidos en PBA, de los cuales 5.471 se encuentran en comisarías, estará menos hacinada. “Uno de los objetivos es ir trasladándolos a las 10 unidades de 300 plazas”, anunciaron.
“Es una salida por arriba”, detallaron fuentes oficiales luego del acto. Y advirtieron que es una forma de quitarle protagonismo a las personas y ponerlo en la seguridad real. Alberto F y Kicillof coincidieron en salir del estereotipo de que la seguridad la encarna una persona. Es el Estado el que se pone al frente de garantizar la seguridad ciudadana.
