El debate oral del Juicio Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús continuó este martes con la declaración de sobrevivientes del Pozo de Banfield. Torturas y vejaciones fueron el común denominador de los testimonios de las víctimas del colectivo travesti trans durante la última dictadura cívico-militar.
Carla Fabiana Gutiérrez fue la primera testigo de la audiencia. “Me encontraba trabajando en la calle en ese momento y fui llevada al Pozo de Banfield”, contó, al tiempo que aclaró que tenía entre 14 y 15 años cuando todo esto sucedió el 1976 y 1977.
«Ahí comenzó mi calvario”, admitió Fabiana, quien precisó que, al llegar al centro clandestino de detención y exterminio, también conocido como “la maternidad”, encontró a otras chicas que también trabajaban en la calle. “Nunca fui registrada”, dejó asentado. “Pasé un infierno ahí adentro. Había violaciones porque no había para comer. Teníamos que pedirles que nos den sobras y había que pagar, que para ellos era sexo. Tenía que chuparle el pene para poder comer“, precisó.
Estuvo tres días encerrada allí durante su primera detención. Mencionó que “entraba otra gente, pero siempre de noche”, en alusión a los demás detenidos en el Pozo. “Se escuchaban gritos, de hombres y mujeres, pero yo no entendía nada. Después me explicaron un poco lo que pasaba”, contó.
“Si me quedaba, iba a terminar mal”, sostuvo, explicando que en 1986 se fue a vivir a Italia, donde comenzó una “nueva vida, con miedos” y que actualmente es su hogar. “Fue duro empezar en otro país, en todos lados del mundo nosotros fuimos siempre un objeto. Yo tuve suerte de haber encontrado gente buena, que me dio una oportunidad para estar tranquila”, recordó. “De la Argentina tengo los peores recuerdos de mi vida. Éramos monstruos para ellos”, apuntó.
“Que hoy se haga justicia por nosotras es algo que ganamos después de tantos años y saber que no están más las chicas”, sostuvo con la voz quebrada.
Y si no, había palos
Paola Leonor Alagastino también fue llevada a la Brigada de Banfield en 1977. “Tenía 17 años cuando me llevaron adentro de un baúl de un auto. Pensé que me iban a matar, pero gracias a Dios no sucedió eso. Fuimos maltratadas, violadas, hubo cortes de pelo, palos. Nos trataban mal, nos insultaban. Pasamos hambre y frío. Querían sexo y si no, había palos”, describió.
“Nosotros no teníamos sexo, eran violaciones”, sentenció. “Los vamos a matar y los tiramos por ahí”, le decían los represores y repetían que “nadie” los iba a buscar. “Escuchábamos a los chicos en el segundo piso, que les daban picana. Era un infierno”, señaló. “Cuando se les antojó, nos dejaron ir”, aseguró. Sostuvo, asimismo, que las detenciones se extendían por 30, 45 o 60 días.
“Gracias por lo que están haciendo”, le dijo al presidente del Tribunal al cerrar su testimonio y se refiere a la búsqueda de justicia y a que los delitos contra este colectivo durante la dictadura cívico-militar sean juzgados a 40 años del retorno de la democracia.
Se sentía la muerte
Analía Velázquez fue la tercera en declarar y lo hizo de forma presencial. “Fui secuestrada en la casa de mi familia, directamente me llevaron al Pozo de Banfield y he pasado torturas de todo tipo: psicológico, me han violado, he escuchado cosas muy horribles por las noches, como le daban máquina (picana), me han dicho que en cualquier momento también me podía pasar”, mencionó.
Contó que estuvo varias veces detenida en este predio entre 1976 y 1978, plazos que se extendían hasta los 90 días. “Yo estuve en sótanos y cuando ellos tenían ganas, nos hacían hacer striptease, que bailáramos para ellos, que a veces estaban alcoholizados. Nos sacaban fotos y yo me he negado. Un cuadro de ellas estaba en la oficina de un comisario, se llamaba Claudia Lescano esa chica”, explicó. Y en coincidencia con el testimonio anterior, habló de cortes de pelo en el patio.
“Continuamente se sentía la muerte y no quería que me mataran. Se sentían los gritos de la picana de mujeres, hombres, mujeres y gritos de chicos”, admitió. Las amenazas con torturarla eran continuas y hasta llegó a estar desnuda al lado de la cama de metal.
Explicó que la persecución fue tal que tuvo que exiliarse. Fue a Brasil, Europa y finalmente retornó a la Argentina. “A pesar de que pasaron muchos años, no pensé nunca encontrarme adelante de todos ustedes. Que se iba a promover que se haga justicia”, aseguró.
Seguíamos siendo vulnerables
Marcela Viegas Pedro, también sobreviviente, fue la siguiente en declarar y lo hizo de forma presencial. Fue secuestrada entre fines de 1977 y principios de 1978, cuando tenía 14 años. “Yo vengo escapada de Rosario y tengo que trabajar en Camino de Cintura, Camino Negro, cerca de un colegio nocturno. Los chicos tomaban servicios sexuales conmigo y todas las noches pasaba el patrullero a buscar la recaudación, un canon, y cada tanto tenía que hacer favores sexuales”, contó.
“Cuando me agarran, yo pensé que me tocaba hacer favores sexuales pero ese día fue diferente porque me pusieron una bolsa de cebollas en la cabeza y me llevan no se donde y me entregan a otras personas, no sé quiénes, y termino en una celda. ´Ahora vas a saber lo que es bueno, puto´, me dijeron. Esa noche no pasó nada y al día siguiente empezó el calvario. Sistemáticamente me venían a buscar, me ponían una capucha, me tiraban en una cama, me ataban y me ponían 220. Querían que yo dijera los nombres de los chicos con los cuales salía y sus domicilios, pero yo no conocía sus nombres siquiera. También me violaban y me devolvían a la celda”, relató. “Me empalaban, me metían ese palo de los policías en la cola hasta que tenía hemorragias”, completó.
Cuando se cumplieron 17 días de detención, le dieron una “entrada”, cosa que la dejó tranquila. “Sabía que iba a salir”, aseguró. Y luego recordó las detenciones ya en democracia. “Era peor porque éramos varones, nos llevaban detenidas a celdas de varones. Seguíamos siendo igual de vulnerables como en la época militar porque nos seguían violando, seguían abusando de nuestros cuerpos, nos vendían por un atado de cigarrillos o un paquete de yerba. Vendían servicio sexual al preso y eras un intercambio”, advirtió.
Le daban más porque contestaba
Julieta Alejandra González fue la última sobreviviente en declarar, también de forma presencial. Explicó que ejercía la prostitución -como las demás testigos- cuando fue detenida y luego de un paso por una dependencia de San Martín, fue llevada al Pozo de Banfield. Tenía 19 años, era el año 1977.
Explicó que les tiraban el pelo, las golpeaban y abusaban sexualmente de ellas; además, las utilizaban para cocinar y limpiar. “Al Negro le daban más porque contestaba”, dijo en relación a Claudia, una de las compañeras detenida.
“Varias veces escuchamos llorar a una chica y después se escuchó un bebé. Después a la chica no se la escuchó más y al bebé tampoco”, recordó respecto a la detención en el centro clandestino. En reiteradas oportunidades escuchó voces de gente que les preguntaba en dónde estaban, pero también se escuchaban cuando eran torturados. “La luz subía y bajaba”, señaló respecto al momento de la picana.
El cuerpo es la evidencia
Marlene Wayar, psicóloga social y activista trans, fue la última en prestar testimonio, en calidad de experta e hizo foco en la persecución de la comunidad travesti/trans durante los años de plomo. “La travesti es la evidencia misma de esa disidencia. El cuerpo es la evidencia”, mencionó para dar comienzo a la explicación, a partir de la cual hizo la diferencia con homosexuales y lesbianas.
Señaló que había personas travestis/trans compartiendo espacios familiares antes de la dictadura, y habló de un “pánico” que “acentúa el proceso de organizarlas alrededor del concepto de los campos concentracionarios, a cielo abierto y únicamente para la prostitución”, que contemplan un campo y un horario específicos, controlados por las fuerzas de seguridad. Explicó que el “control” de esos grupos recae “por una cuestión de jerarquía” sobre las policías provinciales o federal porque “no revisten un peligro tan intenso como supone el perpetrador son los movimientos políticos partidarios, gremiales y estudiantiles”.
Habló, entonces, de un “cambio radical de las relaciones sociales existentes”. “Esta fuerza opresora busca, sobre todo, un hombre nacional, familiero, trabajador, que no haga juntas masivas y se entiende a las disidencias sexuales en el ejercicio de la prostitución como una amenaza al pensamiento nacional, cristiano y familiero”, completó, al tiempo que mencionó como “efectos” la criminalización y la patologización. “Se empieza elegir hacer una inteligencia para saber quiénes son travestis y sacarlas de sus casas”, explicó, y mencionó que también es para aleccionar a los entornos.
Hacia los años 80 y 90 hay un “efecto arrollador y de carácter masivo”. Explicó que se da una expulsión de las travestis de las casas en cuanto asumen su identidad de género, que -como promedio- es a los 13 años. “A los 13 años empiezan a quedar en situación de calle y es efecto de la propaganda que se hizo durante el proceso genocida”, detalló.
“Las personas travesti/trans no tienen acceso a la Justicia”, advirtió en otro tramo de su exposición, y señaló que es el comisario quien decide. Y marcó una diferencia del uso de los cuerpos: “Prostitutivo, que da buena remuneración económica y que es sumiso; aquellas que son insumisas, que son maltratadas, golpeadas y perseguidas para adiestrar al grupo grande; y aquellos cuerpos que son eliminables para mandar el mensaje directo de que son suprimibles e instalar socialmente la idea de lo demoníaco y criminal”, detalló.
Mencionó que sobre estos cuerpos “no hay que dar explicaciones” pero sí de los cuerpos de trabajadores, estudiantes y políticos, entre otros, motivo por que el “desaparecen”. “Estos cuerpos aparecen desmembrados, torturados, empalados, atados, quemados, con signos particularmente visibles de de tortura sexual”, diferenció.
“Es sumamente significativo este momento, con este juicio”, señaló, y dejó en claro que los derechos para el colectivo siguen sin cumplirse y las políticas públicas llegan como “caridad”. Mencionó en ese marco los travesticidios y la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de Guernica.
