El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le advirtió al fiscal Juan Pablo Curi que “no existen obstáculos por parte del Tribunal para que eventualmente pueda analizarse un acuerdo” de colaboración con el ex espía y pretenso arrepentido Rolando Barreiro, quien ya contó múltiples operaciones ilegales de inteligencia realizadas por la asociación ilícita integrada por, entre otros, el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En una extensa resolución, a la que tuvo acceso Tiempo, Ramos Padilla dejó en evidencia que el fiscal está interponiendo obstáculos formales para –cuanto menos- demorar la voluntad del ex agente de inteligencia Barreiro para contar las actividades ilegales que desplegó junto con otros imputados: integrantes de fuerzas de seguridad, otros espías, jerárquicos de la AFI, políticos, funcionarios judiciales y periodistas.
“No se verifica ningún impedimento real para la celebración del mencionado acuerdo –más allá de los que el fiscal Curi se esfuerza en encontrar”, disparó Ramos Padilla.
El espía Barreiro declaró durante unas 14 horas en indagatoria y el domingo pidió acogerse al régimen del imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, pero el fiscal sostuvo que previo a ello debía ser relevado del secreto que le impone su condición de ex agente de inteligencia, que se debía resolver una cuestión de competencia entre Dolores y Comodoro Py y tener acceso a la totalidad de la prueba, buena parte de ella todavía oculta porque el juzgado no dispone de computadoras adecuadas para abrir archivos hallados en los diversos allanamientos realizados.
Ramos Padilla evidenció las diferencias de criterio con el fiscal sobre esos planteos, que parecen destinados a impedir que Barreiro hable. “El deber de confidencialidad no podría menoscabar el derecho a la defensa, ni obturar la denuncia de eventuales delitos, que en el caso deberían importar similar o mayor gravedad que los imputados”, embistió el juez.
“La alegada afectación al deber de secreto, en cualquier caso, no puede ser sostenido como un impedimento formal de modo previo ni expuesto de este modo ante el tribunal, pues en cualquier caso, será evaluada al momento de la eventual homologación por parte del tribunal”.
Barreiro ya declaró ante Curi y manifestó su voluntad de acceder al régimen del arrepentido, pero el fiscal suscribió un “preacuerdo” que no está en condiciones de ser utilizado para la investigación. En ese contexto, Ramos Padilla sostuvo que “el sujeto que está en mejores condiciones de evaluar si podrá ser violada o no esa confidencialidad es el sujeto obligado a mantener el secreto; eventualmente, deberá analizarse en concreto la situación planteada ante la hipótesis de la presentación de un acuerdo para homologar”.
“Si se soslayara tal razonamiento –añadió–, no se le podría nunca recibir declaración testimonial a un médico o un abogado sin relevarlos del secreto profesional que deben guardar respecto de todos sus pacientes o asistidos, análisis que no soporta el más mínimo test de racionalidad, aun cuando, insisto, se desconocen las razones por las cuales el fiscal reclama el relevamiento del deber de confidencialidad y no es competencia, al menos de momento, juzgar aquellas que lo determinaron a formular tal petición”.
