Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión desatada antes del golpe de Estado en Villa Constitución se presentaron ante el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, para pedir que se acelere la causa judicial que investiga los delitos de lesa humanidad que se cometieron más de 46 años atrás.

“Sr. Bailaque, concretamente nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle y exigirle que imprima celeridad a la causa, ya que desde el año 2013 en que presentamos la denuncia, nos encontramos atravesando esta larga instrucción y usted sabrá que el paso del tiempo es un factor que genera IMPUNIDAD”, señalaron en su carta presentada el 22 de marzo.

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El texto fue firmado por 19 sobrevivientes y familiares de víctimas que se presentaron también como querellantes en la causa, representados por la APDH Rosario. También se presentó en esos días como querellante la UOM de Villa Constitución.

“El paso del tiempo va generando que la causa vaya perdiendo imputados que se sienten en el banquillo de los acusados. Es de público conocimiento que hace un mes falleció Pedro Aznares (jefe de relaciones Industriales de Acindar), quien fuera una pata civil imprescindible para perpetrar los hechos de Terrorismo de Estado. Y más aún, señor juez, hemos lamentado la perdida de algunos de nuestros compañeras y compañeros que han padecido la prisión política y la tortura, compañeros y compañeras que no podrán vivir ese momento único de escribir la historia, juzgar a algunos de los responsables y erradicar la impunidad”, agregaron en la carta entregada a Bailaque.

Junto a 29 exmilitares y policías, quedan dos civiles procesados en la causa, Ricardo Oscar Torralvo, personal administrativo, y Roberto Pellegrini, ex jefe de Personal de Acindar durante el Villazo. Pellegini fue denunciado por violar las condiciones de su prisión domiciliaria al salir sin acompañamiento, pero el juez rechazó enviarlo a prisión. La querella de la APDH y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación apelaron. Esa decisión, al igual que la revisión de los 31 procesamientos, deben ser revisados por la Cámara Federal de Rosario.

“Es importante romper la pared de impunidad total que en estos momentos ocurre en Villa Constitución. Ya no se puede esperar más, el tiempo también genera impunidad”, dice a Tiempo el abogado Federico Pagliero, quien representa a la querella de APDH junto a Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, y agrega: “En Tucumán y en Villa Constitución, el terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo, el plan se venía pergeñando durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Villa Constitución era el epicentro de la lucha obrera y el objetivo era aniquilar esa resistencia”.

El Villazo y un inédito despliegue represivo

El 20 de marzo de 1975 es la fecha en la que comenzó el terrorismo de Estado en esa localidad fabril a orillas del Paraná. Ese día, la ciudad fue invadida por unos 4000 efectivos de las más variadas fuerzas represivas, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Santa Fe y bonaerense, personal de la SIDE y del Ejército. A ellos se sumaron grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical. El objetivo de la militarización era perseguir la organización combativa que había ganado las elecciones en la UOM local. El operativo fue denominado por el ministro del Interior, Alberto Rocamora, como Serpiente roja del Paraná, un “complot subversivo” cuya cabeza se encontraba en Villa Constitución.

El conflicto había comenzado un año antes, cuando los trabajadores de las tres principales fábricas, Acindar, presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, Metcon y Marathon, iniciaron medidas de fuerza en contra de la intervención de la UOM nacional. Tras varios meses de conflicto, lograron llamar a elecciones y triunfó la lista Marrón, opositora al oficialismo de Lorenzo Miguel.

La gran mayoría de los directivos de la UOM local y de la comisión interna de Acindar fueron detenidos y torturados el mismo día que llegaron las fuerzas represivas.  Eran llevados a las sedes de la policía o el ejército, pero también a la misma sede del sindicato de la UOM o a un centro clandestino de detención dentro de la fábrica de Acindar, un lugar conocido como “Albergue de Solteros”.

La participación de la empresa no fue sólo esa. Aportó vehículos, pagó sobresueldos y alojó al personal de fuerzas represivas; facilitó el ingreso a la fábrica de los grupos de tareas y entregó los legajos y fotos de muchos de los perseguidos.

“Los únicos delegados éramos los que estábamos a la noche, todos los demás ya estaban detenidos”, recuerda Oscar “Pacho” Juárez, delegado en ese momento de Metcom, que hacía autopartes para Ford.  

La primera reacción fue la toma de las fábricas y, tras la conformación de un comité de lucha con los pocos delegados que quedaban, un paro que se extendió por casi 60 días. La huelga se desarrolló en los barrios, con un fuerte apoyo de la ciudad. Pero la respuesta fue de más represión, militarización de las fábricas y de despidos masivos, que llegaron a más de mil.

“El Ministerio de Trabajo había declaró ilegal la lucha así que despidieron a todos. A eso había que sumarle que había hambre y necesidades. La represión aumentaba: largaban 20 compañeros, pero volvían a capturar otros 20. Y nos eran huelguistas, agarraban a cualquiera, y los llevaban 20 o 30 días a la cárcel de Coronda.  Mientras tanto, la Triple A asesinaba compañeros. Era un amedrentamiento, un terror…”, cuenta Juárez, quien a mediados de 1975 también fue detenido.

Durante la represión que comenzó en 1975 unas 300 personas fueron detenidas, sus casas saqueadas y muchas de ellas torturadas. Hubo además al menos 15 trabajadores asesinados en un proceso que continuó sin parar en dictadura. Las víctimas fueron trabajadores, referentes sindicales, abogados laboralistas, familiares y vecinos de Villa Constitución que respaldaban esa lucha sindical.

“Queremos un juicio para condenar todos los crímenes de lesa humanidad que se hicieron ahí, hubo un genocidio contra los trabajadores metalúrgicos y la población de Villa Constitución. El objetivo era el aniquilamiento, de la lista Marrón y de todos los delegados y todo lo que andaba, hasta simpatizantes”, destaca Pacho Juárez, querellante en la causa.