El exespía Antonio Stiuso pidió ser tenido como “querellante” en la causa por espionaje ilegal que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora, ante una información periodística que indica que su legajo como agente de inteligencia fue hallado durante un allanamiento a la casa de uno de los imputados en el expediente.

Stiuso, con el patrocinio del abogado Santiago Blanco Bermúdez, se hizo eco de un tuit del periodista Juan Alonso, quien consignó que en allanamiento al ex jefe de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, ordenado por el primer juez de la causa, Federico Villena, se produjo el hallazgo de una carpeta que contenía su legajo personal y su historial como ex agente de la SIDE y de la AFI. Stiuso aclaró que no le “consta que esa información sea cierta”. Sin embargo, señaló: “En los últimos años he advertido un sinnúmero de eventos que fundadamente me hicieron presumir que resultaba ser víctima de diversas operaciones de inteligencia por parte de agentes (y/o pseudo agentes) de la AFI”.

“El hecho de que se haya revelado un plan sistemático para concretar acciones de inteligencia sobre un sinnúmero de personas y que esas acciones hayan estado desplegadas (en forma descontrolada) por agentes del servicio de inteligencia del Estado, y que entre las víctimas de ese espionaje genérico aparezca yo, sustenta no sólo esta presentación sino también la petición para se considerado como parte querellante”.

En el contexto de la causa, la ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, presentó un escrito en el juzgado del actual magistrado a cargo de la causa, Juan Pablo Augé,  advirtiendo sobre lo que denominó “la irregular tramitación” del expediente. El contenido es severamente crítico hacia  los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide; al juez Juan Pablo Auge y a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Majdalani hizo hincapié en la filtración de los libros de actas de la AFI, que contienen información reservada y que los mismos fiscales reconocieron que su divulgación podría comprometer cuestiones de seguridad nacional.

“Este escándalo hace reflexionar sobre cómo se lleva adelante la instrucción de esta causa, en la que resulta evidente que se acumulan documentos sin ningún análisis por parte de la fiscalía y el juzgado, que tiene la obligación de velar por el correcto ejercicio de la jurisdicción y el debido proceso. Esta presentación tiene por objeto exclusivamente poner de manifiesto, una vez más, la irregular tramitación de estas actuaciones”, insistió Majdalani.

Los fiscales Incardona y Eyherabide justificaron que esa documentación había sido pedida como medidas de defensa por los abogados de Majdalani y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Pero Majdalani refutó esa argumentación, negó haber pedido esas constancias y denunció que “los fiscales faltan a la verdad pretendiendo eludir su propia eventual responsabilidad y la de la señora interventora de la AFI. (…) No es cierto que las defensas hayan requerido a la interventora de la AFI el Libro de Actas. No es cierto que tal solicitud obedeciera a un requerimiento de las defensas”.

La nota, con la firma de la ex subdirectora, cuestionó que los fiscales subieron la documentación protegida por la reserva que impone la ley de Inteligencia al sistema de tramitación digital de expedientes judiciales Lex 100. “Tengo para mí que tal decisión obedeció, seguramente, a que ni siquiera se compulsó qué era lo que se estaba subiendo, ni la gravedad de la conducta en la que se encontraba incusa la señora interventora de la AFI”.

“La información fue indebidamente desclasificada y no respondía a ningún requerimiento en esta causa, como ya lo hemos señalado, por lo que esto debería haberse advertido y ante la posibilidad de comisión de un delito de acción pública por parte de autoridades de AFI, debería haberse formulado la correspondiente denuncia. Este deber del funcionario público no sólo le cabía a la fiscalía sino también al juez”.

A propósito del juez Augé, en las últimas hora rechazó un planteo de nulidad efectuado por la defensa del ex espía Jorge Horacio “el Turco” Sáez – a cargo del abogado Alfredo  Olivan -, contra el empleo de la herramienta informática forense UFED PREMIUM, “sin la presencia de  peritos de parte”.

El juez consideró que el sistema UFED permite extraer información de los dispositivos telefónicos, pero no es un peritaje, en cuyo caso sí deberían intervenir los peritos de parte.