El fiscal federal Carlos Stornelli se excusó de intervenir en la causa por presunto espionaje político durante el gobierno de Cambiemos que, según un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, debe pasar de los tribunales de Lomas de Zamora a los de Comodoro Py 2002. Stornelli argumentó que él es víctima de algunas de las maniobras que debería investigar y, en consecuencia, “por razones de delicadeza y decoro, y para evitar cualquier posible tacha -por supuesto infundada- de subjetividad o tendencia”, prefirió apartarse de la investigación.

El expediente que estalló en Lomas de Zamora está todavía en manos del juez de ese distrito Juan Pablo Augé y en las de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona. Pero dos semanas atrás, la Casación -el principal tribunal penal del país – consideró que toda la investigación debía ser remitida a la jueza María Eugenia Capuchetti, con la intervención de Stornelli. El fallo fue apelado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y por el querellante Leonardo Martínez Herrero, entre otros. Ello motivó que por ahora todo continúe como estaba, es decir en Lomas, pero ello podría cambiar de un momento a otro.

“Sin perjuicio de la cuestión de competencia que se ventila por ante la Cámara Federal de Casación Penal, dejo desde ya planteada mi excusación para intervenir en todo cuanto pudiera concernir a esta causa y respecto de toda otra cuestión que derive o guardare vinculación procesal con la misma”, advirtió Stornelli, mediante un escrito de cuatro páginas enviado a la jueza Capuchetti.

El fiscal omitió cualquier referencia a la investigación en la que él es imputado y está procesado en el marco de lo que se conoce mediáticamente como la “Causa D’Alessio”. No obstante, las razones de su excusación tienen que ver indirectamente con ese expediente.

Stornelli explicó que en la causa de Lomas que insinúa aterrizar en Comodoro Py “entre otros asuntos se ventilarían cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas oportunamente dispuestas sobre abonados del Complejo penitenciario de Ezeiza”. Se trata del espionaje sobre los ex funcionarios del gobierno 2003-2015 detenidos en un pabellón especial dedicado a causas por supuesta corrupción. Hay una veintena de procesados por ese hecho, entre ellos las principales autoridades del Servicio Penitenciario Federal de entonces y autoridades y agentes de la AFI, entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“En el marco de la causa del registro del Juzgado Federal 11 (que ocupó hasta su muerte Claudio Bonadio, ndr), iniciada a raíz de la denuncia y posteriores ampliaciones realizadas por las diputadas Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, y en la cual soy parte querellante, se investiga el despliegue de la maniobra delictiva en virtud de la cual se lograra mi vinculación como imputado a un proceso judicial cuyo juez, Alejo Ramos Padilla, no sería ajeno a esa situación y por lo tanto también se encuentra alcanzado por la pesquisa”, embistió Stornelli.

 “Entre la prueba que compone la referida causa se encuentra parte del producido de aquellas intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Federico Villena y de cuyo contenido surgen, con meridiana claridad, elementos que abonan la hipótesis de la cual soy víctima y por la cual se me tuvo por parte querellante”, añadió.

Del texto de la excusación se desprende que Stornelli entiende que no puede investigar una causa en la que se considera víctima, mas no hay alusión alguna a que en ese mismo contexto podría terminar avanzando sobre expedientes en los que podría resultar imputado.

“Del devenir de dichas escuchas judiciales se advierte claramente cómo distintas personas conversaban, a modo de coordinación, de lo que ocurriría en la jurisdicción de Dolores y de su inmediata difusión mediática a través de distintos medios puntuales. También existen comunicaciones donde se refieren en términos altamente sugestivos sobre el juez de la causa, cuya presunta intervención en la maniobra no sólo se concluye de dicho elemento probatorio sino también de otros, a veces en términos burdamente encriptados y otras tantas de manera explícita (por ejemplo ‘esperamos que el juez opere’, que ‘Ramos Padilla agarró viaje’ y que ‘está dispuesto a jugar’)”.

El fiscal aludió así a las escuchas cuya legalidad también está cuestionada, que inmediatamente después de que explotara la Causa D’Alessio generaron una suerte de contraofensiva a través de lo que se conoció como “Operación Puf”, una supuesta maniobra que -según Stornelli – tenía por objetivo apartarlo de la Causa Cuadernos y derribar esa investigación que se originó a partir de las supuestas anotaciones sobre pago de coimas de Oscar Centeno, un ex militar que era chófer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

“Más allá de no verse afectado en absoluto mi ánimo actual o mi capacidad de cumplir con mi rol en estos autos, amerita que por razones de delicadeza y decoro, y para evitar cualquier posible tacha -por supuesto infundada- de subjetividad o tendencia en mis actos dentro del proceso, dejo desde ya planteada mi excusación en los términos señalados”, resumió el fiscal al apartarse de la causa, aún antes de que tenga radicación definitiva en los tribunales federales de Retiro.