El ex empresario de medios de comunicación abandonados a su suerte, Sergio Szpolski, completó hoy su declaración indagatoria interrumpida el viernes por una anticipada celebración judía del Shabat aportando detalles adicionales sobre lo que ya venía admitiendo: que efectivamente recibió dinero de la Jefatura de Gabinete de Ministros para un trabajo específico, la impresión de boletas electorales.

Szpolski ya había admitido ese pago, pero tanto el viernes cuanto hoy lo atribuyó al pago de ese trabajo, que se realizó en una imprenta que formaba parte del grupo empresarial que publicaba el diario Tiempo Argentino (antes de que lo abandonara y dejara a todos sus trabajadores al desamparo) y otros emprendimientos del Grupo 23.

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El trabajo en cuestión fue la impresión de unos 16 millones de boletas para las elecciones de 2013 en la Provincia de Buenos Aires. Ello coincide con información que aportó Hugo Larraburu, ex número dos del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Szpolski explicó que no tenía por qué conocer el origen del dinero con el que se pagó su trabajo, que facturó y documentó.

¿Cuánto fue el dinero? Unos seis millones de pesos. La línea de fluidez de los fondos se originó en Abal Medina, pero de acuerdo con lo que supone Bonadio el dinero provenía del circuito de recaudación ilegal (la presunta asociación ilícita) que les cobraba retornos a los empresarios vinculados con la obra pública.

La declaración de hoy fue más corta que la del viernes y nuevamente Szpolski respondió preguntas. Acompañado por sus abogados, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, se mostró seguro pese a la incomodidad de la situación: de sentirse protegido y a salvo de cualquier persecución judicial –pese a las múltiples causas penales y laborales en su contra-, pasó a estar sentado en el banquillo en la causa de mayor exposición mediática de los últimos años.

El juez Claudio Bonadio tiene un abanico de posibilidades respecto de su situación procesal. Procesarlo, en cuyo caso deberá determinar qué grado de involucramiento le atribuye dentro de la asociación ilícita (no es lo mismo el cohecho que el encubrimiento), sobreseerlo o dictarle la “falta de mérito” para seguir investigándolo.