Tiempo Argentino expuso en el Senado de la Nación en el marco de la última audiencia convocada por las comisiones de Libertad de Expresión y Presupuesto para discutir los criterios a considerar en la presentación de un proyecto de ley que regule la distribución de pauta oficial. Javier Borelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, editora de Tiempo Argentino, enfatizó la importancia de que el Estado no se rija solamente por las mediciones de audiencia, donde no existen sistemas homologados ni fiabilidad en las empresas privadas que se dedican a ese asunto; y destacó la importancia de establecer un capítulo dentro de la ley que contemple el incentivo a la pluralidad de voces.

La audiencia estuvo presidida por Liliana Fellner, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Jujuy y titular de la Comisión de Libertad de Expresión, y fue la quinta organizada para discutir los cinco anteproyectos presentados hasta el momento. En los encuentros anteriores habían participado cámaras de editores y entidades periodísticas de distintos puntos del país, así como también investigadores y académicos. Además de Tiempo, expusieron su visión la Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa (AJUTPREN), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA), el canal 6 Digital de Misiones, la Cadena 3 de Córdoba, El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Editorial Perfil y el Grupo Clarín.

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Borelli comenzó destacando la importancia que para Tiempo tenía participar de esa audiencia como trabajadores que habían sufrido el vaciamiento del medio en el que trabajaban, propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel que habían hecho negocio con la pauta oficial; y también como integrantes de una cooperativa que hace meses agota ejemplares todos los domingos y alcanza a enormes volúmenes de población a través de la web y sin embargo en cinco meses apenas recibió un solo anuncio de comunicación estatal por parte del Gobierno Nacional. “Esto quiere decir que aún con el criterio del alcance de los medios, la cooperativa merecería más pauta de la que recibe”, señaló.

Inmediatamente explicó que de todas maneras la audiencia de un medio no puede ser el único parámetro a considerar ya que no existen herramientas de medición adecuadas y, aun si las hubiera, los medios masivos suelen apuntar a un mismo sector de la población, por lo que todavía habría muchos ciudadanos que no estarían recibiendo las comunicaciones institucionales del Estado. Un criterio más justo tendría en cuenta el público al que se dirige el medio y los consumos informativos de la población.

Luego destacó que era importante establecer límites en la proporción de pauta a la que pueden acceder los grupos mediáticos. “Hoy los anteproyectos hablan de medios pero no de conglomerados”, de manera que una empresa como Clarín podría cobrar, a través de las diferentes unidades periodísticas, la mayoría del presupuesto destinado a comunicación. Hecho que no garantizaría llegar a un público diverso y que encima contribuiría a profundizar las asimetrías existentes en el sistema informativo promoviendo un discurso único.

Otro punto importante de la intervención fue el pedido de eliminar los intermediarios en el establecimiento de pauta. “No hay motivo que amerite su utilización en la medida que los medios forman parte de un registro del Estado y se comunican directamente con ellos. Sostenerlos podría habilitar un espacio de corrupción contrario a los objetivos de esta ley”, detalló. En el mismo sentido planteo la necesidad de que se establezcan criterios claros de distribución de pauta entre soportes: papel, audiovisual, celular, internet o vía pública. Y advirtió que estos últimos tres ni siquiera estaban mencionados en los proyectos presentados.

Sobre la publicidad en Internet, el presidente de Tiempo destacó la importancia de que se regule el establecimiento de pauta en empresas extranjeras que administran publicidad, como es el caso de Facebook, Google o Twitter, tres plataformas que hoy manejan la mayoría de los avisos circulantes en la web. “Estas se regulan con leyes extranjeras, que hacen un manejo discrecional de los datos de navegación de los usuarios sin que estos sepan y bordeando los límites de la intromisión en la privacidad y, como si fuera poco, establecen su propio criterio de asignación de pauta sin tener en cuenta ninguno de los criterios que la ley quiere fijar. Apenas hace un análisis de las visitas a un sitio”, remarcó.

En relación al capítulo especial de apoyo al pluralismo, Tiempo remarcó que debe establecerse un monto de dinero destinado al financiamiento de la pluralidad y pidió que sean fondos concursables a los que pueden acceder medios pequeños, medianos y comunitarios. Que se otorguen en tiempo y forma y tengan un organismo de control de su ejecución para evitar estafas.

Finalmente Borelli aprovechó la ocasión para remarcar la importancia que desde el Estado se tomen en cuenta otras medidas impositivas que podrían beneficiar la pluralidad de voces y la sostenibilidad de todos los medios. Eso implica, por ejemplo, el desarrollo de una ley que permita beneficios impositivos a las empresas que pauten en medios pequeños y medianos. Pero también implica revisar la ley de Impuesto al Valor Agregado que hoy establece alícuotas diferenciales en la cadena comercial para los diarios y revistas, pero no habla de los insumos. “De esta manera tenemos que comprar papel, un insumo que representa casi el 45% de nuestros costos de producción, con un 21% de IVA pero solo podemos vender con un 2.5% acumulando un saldo favorable que luego no podemos descargar”, explicó Borelli. La solución, planteó, es extender ese 2,5% de IVA de los medios de menor facturación a toda la cadena.

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