Lo que muchos esperaban que sucediera el martes, finalmente ocurrió el miércoles. El empresario de la construcción Aldo Roggio fue aceptado por el juez Claudio Bonadío como arrepentido en la causa de los cuadernos. Así, no sólo pasó a ocupar la nutrida lista de “los dueños de la obra pública” que están en esa condición, sino que además él la consiguió sin pasar un solo día preso.
Según trascendió en Comodoro Py, Roggio habría dicho lo que Bonadio esperaba desde un principio: que entregó dinero por exigencia del Ministerio de Transporte a cambio de la explotación del ferrocarril Urquiza (una concesión otorgada por el Estado en la década del 90 y que concluyó el año pasado) y del subte, como titular de la empresa Metrovías. Es más, el empresario habría expresado que era obligado a realizar pagos periódicamente ante la amenaza de rescisión de sus contratos y como contrapartida de los subsidios recibidos.
Esa confesión inclinó la balanza a su favor, y dejó atrás su primera declaración, cuando el dueño de la constructora que lleva su nombre le habría dicho a la justicia que efectivamente entregó dinero al kirchnerismo –como se indica en los cuadernos de Centeno- pero que se trató de efectivo que era suyo y que lo aportó para la campaña electoral.
Roggio había comenzado el viernes último a negociar su acuerdo de colaboración con el fiscal federal Carlos Stronelli luego de que trascendiera que su nombre aparecía una vez en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación.
Por otro lado, Martín Larraburu, quien fuera secretario de Juan Manuel Abal Medina cuando éste era Jefe de Gabinete, pidió ampliar su indagatoria y reconoció el famoso pendrive secuestrado en su casa durante una allanamiento. Explicó su contenido -habló por ejemplo sobre una carpeta que decía “consolidado: aportes de campaña CFK- y declaró en la misma línea que lo había hecho su jefe. Mañana, su defensa volverá a pedir su excarcelación.
