Es muy probable que los buenos modales escondan las verdaderas intenciones. Sin gritos, amenazas, ni insultos descalificadores como los que el gobierno nacional propina hacia millones de personas con discapacidad, en la Ciudad de Buenos Aires datos y relevamientos oficiales dejan ver que el macrismo porteño hace más de 18 años que viene ejecutando un vaciamiento de políticas en el sector.
Mientras el presidente Milei amenaza con vetar la ley de Emergencia en discapacidad si se aprueba en el Senado, el gobierno porteño viola sistemáticamente la Ley de cupo laboral, restringe el acceso a la educación especial y profundiza la inaccesibilidad a la Ciudad.
Sólo por poner un ejemplo: el último relevamiento realizado por la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, al mando de Nora Lucioni, un trabajo conjunto con la Fundación Rumbos, sacó a la luz que por los alrededores de Plaza Chacabuco encontraron que están en peor estado las veredas respecto del realizado en 2017 y 2018. Pero estas situaciones se repiten en la mayoría de los barrios.
“Las veredas con baldosas flojas, lo que habla de la mala calidad de las obras que realizaron en los últimos años, y las tapas de servicios faltantes o que están rotas, dejan huecos que son muy peligrosos para el peatón. En relación a los vados de esquina, están rotos o tienen mucha inclinación, que también los hacen muy peligrosos para cruzar con sillas de ruedas. Se produce lo que nosotros llamamos una contrapendiente en la calle, producida por capas de asfalto que dificultan mucho los cruces”, enumera en diálogo con Tiempo María Rodríguez Romero, coordinadora de Políticas Publicas de Fundación Rumbos.
Las personas con movilidad reducida al llegar al vado se encuentran con partes de adoquín, con capas de asfalto, con roturas que traban las ruedas de las sillas y de scooters. Muchas veces hay acumulación de agua y residuos en los vados, que también hace que a las personas les cueste mucho cruzar.
“También lo que vemos desde la pandemia y cada vez más frecuentemente, es una invasión de la vereda por parte de cafeterías, bares, restaurantes. Y a pesar de que hay una normativa muy clara, invaden la ochava con mesas, sillas, carteles. Se hace como un efecto contagio porque los diferentes establecimientos van llenando las veredas con equipamiento. Según normativa se debe tener una distancia mínima de 3 metros entre las paradas de transporte público. Y de 10 metros con iglesias, con templos, con hospitales, con escuelas”, agregó Romero.
Al padecimiento que sufren las personas con discapacidad al transitar por una ciudad inaccesible, se le suma la discriminación en materia laboral.
“En la Ciudad se han sancionado leyes importantes, impulsadas desde la Comisión de Discapacidad de la cual soy Presidente, como la capacitación obligatoria en discapacidad para todos los niveles del Estado y la accesibilidad web en la comunicación oficial. Sin embargo, persisten serias barreras: se limita el acceso a la educación especial hasta los 22 años sin ofrecer alternativas, no se cumple el cupo laboral del 5% para personas con discapacidad, y se reformó el código de edificación avalando viviendas inaccesibles”, dijo a Tiempo el legislador porteño de Unión por la Patria Juan Manuel Valdés.
El diputado y referente peronista asegura que en la Ciudad quedan importantes deudas para que se cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
“Ante la situación de emergencia que viven las familias de personas con discapacidad, todavía esperamos medidas que asuman esta realidad desde CABA, ya que se trata del 10% de nuestra población, más de 300 mil porteños y porteñas”, agregó.
Discriminación laboral
La Constitución de la Ciudad en su artículo 41, ordena la equiparación de oportunidades y a las políticas de integración “tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”. Allí establece que el gobierno porteño debe destinar un cupo del 5% de su planta permanente a personas con discapacidad. El plazo para su cumplimiento era de cinco años establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 1502, sancionada en 2004. Pero el macrismo jamás lo cumplió.
El último relevamiento publicado por la auditoría de la Ciudad señala que durante el 2022 sobre un total de 139.525 personas empleadas, 1.680 tenían alguna discapacidad, lo que representa el 1,2% del total de la planta. Pero la situación en 2023 empeoró: la dotación total de trabajadores ascendió a 144.081 personas, pero el número de personas con discapacidad descendió a 1295, lo que implica una participación del 0,9 por ciento.
«Es sistemática la política del PRO de discriminar a las personas con discapacidad en los cargos y trabajos públicos, no solo incumplen el cupo mínimo de la ley, a más de 15 años del vencimiento del plazo, si no que aún donde incorpora personas con discapacidad lo hace en los extremos más bajos del escalafón, siendo prácticamente nula la integración en el escalafón profesional, o de conducción”, sintetizó en diálogo con Tiempo el Dr. Lisandro Teszkiewicz, auditor de la Ciudad.
Y agrega que no es solo en la inclusión laboral el destrato del gobierno de la ciudad con la personas con discapacidad. “En distintos informes de la auditoría resulta alarmante que los últimos tiempos el recorte de presupuesto educativo tuvo un especial ensañamiento con la educación especial, donde no sólo limitaron a 22 años la edad máxima para que las pibas y pibes con discapacidad transiten el sistema educativo, sino que recortaron en micros, viandas y materiales pedagógicos esenciales para la educación especial. Todo lo que demuestra que el abandono y la crueldad no son un error, sino un proyecto político de la derecha porteña». «
