El jefe de Gabinete Manuel Adorni sigue sin presentar su declaración jurada patrimonial aunque desde la Casa Rosada ahora anticipan que eso podría ocurrir esta misma semana. Sin embargo, en la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito sorprendió la solicitud del funcionario y de su mujer Betina Angeletti para ingresar al régimen de inocencia fiscal. Frente a eso, en Comodoro Py avisan que profundizarán en ese punto para determinar qué impacto podría tener en el expediente.
La revelación periodística que hizo el periodista Hugo Alconada Mon disparó una nueva línea de investigación en el marco del expediente que llevan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes judiciales confirmaron a Tiempo que el pedido de adhesión al régimen de regularización tributaria impulsado por el gobierno de Javier Milei es un dato que no estaba incorporado a la causa.
Frente a eso, desde la Justicia avisaron que por estas horas analizan medidas para obtener información sobre el punto, con lo cual es esperable que haya nuevos requerimientos judiciales para incorporar la información. Es posible, en esa línea, que el fiscal Pollicita firme un oficio dirigido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para averiguar en qué situación están Adorni y Angeletti respecto del llamado Régimen de Inocencia Fiscal, que limita los controles tributarios sobre el patrimonio de quienes adhieran.
En la Justicia evitan dar mayores precisiones ante las consultas de este medio teniendo en cuenta que no se conoce cuál es el monto declarado por los Adorni en el régimen.
De momento, la información pública disponible en el sitio de ARCA permite acceder a la constancia de inscripción del jefe de Gabinete y de su mujer. En el primer caso, entre los regímenes nacionales registrados y su fecha de alta aparece “ganancias simplificada ley 27.799 (periodo 2025, Fecha de solicitud: 10-06-2026). La misma descripción aparece en la constancia de Angeletti, aunque la fecha de solicitud data del 9 de junio de 2026.
La solicitud de Adorni de ingresar al régimen impulsado por el gobierno que integra no le evita tener que presentar su Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales dijeron que, al cierre de este artículo, ese documento no había sido presentado en la causa por la defensa del jefe de Gabinete, a cargo del abogado Matías Ledesma.
Dicha solicitud tampoco frena el avance del expediente ni las medidas que están en curso. Especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabajan por estos días en el análisis del detalle de los movimientos patrimoniales y financieros del jefe de Gabinete y hay por lo menos dos semanas de trabajo por delante, más el tiempo que lleve contrastar ese informe con la declaración jurada del funcionario. Si bien en la Justicia anticiparon a este medio que también tendrán que estudiar el texto de la ley 27.799, en principio dejaron en claro que todo sigue su curso.
Como contó Tiempo el fin de semana, el fiscal trabaja en la redacción de un requerimiento destinado a que el jefe de Gabinete justifique las aparentes incongruencias entre sus ingresos y sus gastos. Se trata de una medida previa a una eventual declaración indagatoria. Pero claro que ambas instancias dependen exclusivamente del informe de la DAFI, por un lado, y de la declaración jurada, por el otro. Hasta que no estén esos números cerrados no habrá novedades al respecto.
El Régimen de Inocencia Fiscal es presentado por el propio gobierno como una herramienta que no es ni un blanqueo ni una amnistía. De acuerdo a la última reglamentación no pueden ingresar quienes tengan ingresos anuales que superen los mil millones de pesos en materia de sueldos, alquileres, honorarios y dividendos, sin importar si pagan o no impuesto a las ganancias. Tampoco pueden acceder quienes tengan un patrimonio total que supere los 10 mil millones de pesos.
Si bien los detalles de las solicitudes de Adorni y Angeletti permanecen resguardados, la solicitud debería estar enmarcada en esos límites.
El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito debido a que se encontraron rastros de movimientos patrimoniales y financieros desproporcionados respecto de sus ingresos formales como funcionario y los ahorros de casi u$s 50 mil que declaró en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción. Están en la mira sus adquisiciones inmobiliarias en el barrio de Caballito y en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, a las que llegó mediante extraños compromisos con cuatro mujeres; los u$s 245 mil que le pagó a un contratista por reformas; los viajes al exterior y los consumos cash y en tarjetas de crédito.
A la vez, está imputado en otro expediente que investiga el vuelo privado que tomó junto a su familia y su amigo Marcelo Grandío a Punta del Este en febrero pasado. Angeletti también está bajo la lupa: en una causa paralela el juez Lijo junto al fiscal Carlos Stornelli investigan los contratos de su consultora +Be con distintas empresas que mantienen vínculos con organismos del Estado.
