El gobierno nacional giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Tal como fue anticipado, el texto incluye la posibilidad de que los funcionarios en ejercicio puedan anotarse en este régimen que impide la investigación del origen de los fondos que se blanquean.
Esta facilitación de la impunidad de la corrupción gubernamental repite el esquema que tenía la primera versión de esta ley, votada en diciembre de 2025. Esa ventana fue aprovechada por el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni quien, en medio del escándalo por el incremento exponencial de sus ingresos durante su paso en la gestión pública, adhirió a la norma para evitar la investigación sobre el origen de esos fondos.
Otro aspecto que el proyecto conserva de la ley vigente es la presunción de exactitud, que significa que ARCA (la ex AFIP) dará por válida la declaración que haga el evasor para regularizar sus dineros sin registro y, a partir de ello, pague una cuota reducida del impuesto a las Ganancias además de evitar revisiones a futuro.
Es decir, el Adorni de turno podrá declarar una cantidad de dinero por el cual pagará una alícuota reducida de impuesto a las Ganancias y se asegurará que ARCA no revisará ni hacia atrás ni hacia adelante su patrimonio. La impunidad avanza.
Lo que cambia
En cambio, el proyecto elimina los topes que están incluidos en la ley original por una cuestión de recato ya que tanto la Casa Rosada como el Ministerio de Economía hicieron campaña con que esta norma estaba dirigida “al laburante” que hizo algunos ahorros por fuera del registro oficial para evitar los «desmesurados» controles oficiales.
Pero ahora, perdida esa cautela, se propone la eliminación de esos topes con lo que cualquier argentino podrá ingresar a este régimen. La excusa es inverosímil: se eliminan los topes para “democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias».
Hay que tener en cuenta que la ley vigente establece un tope elevado para acceder al régimen de blanqueo, al que no llega cualquier “laburante”, como ser ingresos anuales máximos de $ 1000 millones (unos U$S 660.000) y un patrimonio de hasta $ 10.000 millones (alrededor de U$S 6,6 millones).
Otro de los cambios, resueltos tras una cantidad de sesudas reuniones del ministro Luis Caputo y su equipo con grandes estudios contables que asesoran a los millonarios argentinos, apunta a poner trabas a la ARCA para iniciar una investigación de un contribuyente con inconsistencias en su declaración jurada de blanqueo de dólares.
En la ley vigente se autoriza a ARCA a auditar cuando surge una discrepancia del 15% entre su cálculo y la presentación del contribuyente. Ahora se agrega que ese control solo puede ejecutarse si, además, la diferencia reclamada supera el equivalente al 5% de la evasión penal (fijado en 5 millones de pesos).
Pero, antes de cualquier multa, el nuevo texto incluye la posibilidad de que el contribuyente rectifique la declaración y pague la diferencia.
A estas alturas de las cosas, queda cada vez más claro que la “inocencia fiscal” apunta al blanqueo de grandes capitales no registrados cuyos propietarios ya han participado, una y otra vez, de anteriores blanqueos. Es decir, los grandes evasores de la Argentina vuelven a tener la posibilidad de la impunidad, aunque esta vez ampliada, ya que el gobierno ultraderechista de Javier Milei otorga la posibilidad de que no haya investigación alguna de cómo se lograron esos dineros.
