La explotación petrolera en las Islas Malvinas por parte de las empresas Navitas (Israel) y Rockhopper (Reino Unido) avanza con una ley argentina vigente mirando para otro lado. Esa ley ya existe, ya se aplicó, y ya alcanzó a una de las dos empresas que hoy operan el yacimiento. El caso Sea Lion tiene norma, tiene precedente y tiene fuero. Lo que le falta es la decisión política de activarlos.
Sea Lion fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, pero el proyecto quedó frenado durante casi quince años por la caída del precio del petróleo y la reticencia de las compañías a exponer sus balances a un yacimiento remoto y jurídicamente conflictivo. Ese estancamiento se rompió cuando Navitas Petroleum, de origen israelí, asumió el financiamiento que Rockhopper no podía sostener sola, quedándose con el 65% de la participación y la operación del campo, mientras la firma británica retuvo el 35% restante.
En diciembre de 2025 ambas compañías sancionaron la primera fase del desarrollo, que apunta a 170 millones de barriles con una producción pico de 55.000 barriles diarios. Una segunda fase sumaría otros 149 millones, llevando el total ya sancionado a 319 millones de barriles — apenas una porción del recurso contingente de 917 millones de barriles brutos que la propia Rockhopper reconoce en el campo completo. El desarrollo se proyecta a más de treinta años.
La ley que existe y que ya se usó
Desde 2011, la Ley 26.659 —modificada en 2013 por la Ley 26.915— prohíbe de forma taxativa explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del gobierno nacional. Prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años para operar en el país y contempla responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas. Entre 2011 y 2015 se sancionó a ocho empresas bajo este marco, con una causa que tramitó en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego — el mismo fuero que hoy permanece inactivo frente a Sea Lion.
El dato que vuelve más grave la inacción actual: en 2021, el Estado argentino aplicó esa ley contra Navitas Petroleum, la misma empresa que hoy lidera Sea Lion, inhabilitándola por explorar sin autorización en la Cuenca de Malvinas Norte. Junto a Navitas, en el mismo proceso, cayeron también las británicas Chrysaor Holdings y Harbour Energy. La Secretaría de Energía tramitó el expediente, dictó la resolución, y aplicó la sanción. El mecanismo funcionó una vez, contra la misma empresa, en la misma cuenca. El gobierno de Milei tiene el antecedente, tiene el fuero, y tiene la norma. Lo único que decidió no tener es la voluntad de repetir el proceso.
La diferencia entre advertir y sancionar
Frente a este señalamiento, el oficialismo podría argumentar que la Cancillería envió notas de protesta y advertencias a las petroleras que operan en Sea Lion. Pero una advertencia y una sanción son cosas distintas. Una advertencia es apenas una nota formal de reclamo. Una sanción bajo la Ley 26.659 activa un circuito con plazos, pruebas y una resolución que frena y castiga a la empresa — exactamente el procedimiento que en 2021 alcanzó a Navitas. Enviar una nota de protesta demanda una firma y un sello. Abrir un expediente exige confrontar con un socio comercial de Israel y con una potencia con la que el Ejecutivo cultiva una sintonía estratégica. La administración actual optó sistemáticamente por asumir el costo de esa omisión, pagándolo en la credibilidad de un reclamo que ya nadie puede tomar en serio si el propio Estado se niega a usar sus propias leyes.
Condena verbal, silencio judicial
En junio de 2026, el canciller Pablo Quirno expresó ante el Comité de Descolonización de la ONU el rechazo argentino al avance de Sea Lion, en una sesión que culminó con una resolución aprobada por consenso instando al Reino Unido a negociar. Fue un gesto diplomático real, con peso simbólico en el escenario multilateral. Pero ese gesto quedó aislado del terreno donde Argentina sí tiene jurisdicción efectiva: los tribunales de Tierra del Fuego, que además de la vía penal de la Ley 26.659 tienen la competencia territorial para iniciar causas contra la explotación ilegal de recursos en la plataforma continental disputada. Desde que Navitas y Rockhopper sancionaron el proyecto, la gestión nacional no inició allí ni una sola causa nueva.
La omisión se suma a un patrón. El propio Milei se comprometió públicamente, en el último aniversario de la guerra de Malvinas, a formalizar un reclamo diplomático ante el avance petrolero. Meses después, esa presentación oficial sigue sin materializarse. La pregunta que queda abierta es por qué un gobierno capaz de llevar una condena a un foro internacional evita el paso que ya tiene ley, precedente y fuero: activar la Ley 26.659 contra la misma empresa que ya fue sancionada por ella hace apenas cinco años.
El búnker jurídico vacío
La inacción frente a Sea Lion es una decisión política, no una limitación técnica. Cuando un Estado se abstiene de aplicar su propio andamiaje punitivo sobre una zona en disputa, convierte esa normativa en un búnker jurídico vacío: la ley sigue en el Boletín Oficial, pero opera en los hechos como un permiso tácito. Dejar dormir la Ley 26.659 frente a Navitas equivale a renunciar a la única herramienta que Argentina ya demostró que funciona. Y cuanto más tiempo pase sin oposición judicial al uso continuado de la plataforma marítima por parte de corporaciones extranjeras, más difícil será sostener después, ante cualquier instancia internacional, que el Estado argentino ejerció activamente su soberanía sobre esos recursos.
El mismo patrón, en el mar continental
El 16 de julio, horas antes de la semifinal mundialista contra Inglaterra, el gobierno firmó el Decreto 590/26, que abre la puerta a la exploración petrolera de la empresa británica Challenger Energy Group en el Mar Argentino continental —con una cláusula que cede jurisdicción a tribunales arbitrales extranjeros. Sea Lion queda lejos de ser un caso aislado: es la lógica de fondo de una política exterior que combina condenas declarativas con concesiones concretas a las mismas potencias con las que Argentina disputa soberanía.
Lo que se juegan los kelpers
Las autoridades kelpers cobrarán un 9% de regalías y un 26% de impuesto a las ganancias sobre la producción de Sea Lion. En los próximos dieciocho meses, ese esquema empezará a inyectar cientos de millones de dólares anuales a las islas — un volumen de recursos sin precedentes para una población de apenas unos pocos miles de habitantes, que además les garantizará una autonomía financiera frente al Reino Unido sin precedentes. Cada mes que pasa sin una causa judicial, el despojo deja de ser un hecho en disputa y se convierte en un hecho consumado: un territorio argentino financiando, con petróleo argentino, la independencia económica de quienes lo ocupan.
Argentina tiene la ley, tiene el fuero y tiene el antecedente contra la misma empresa que hoy se lleva el petróleo. Lo único que falta es la decisión de un gobierno de defender lo que dice defender. El despojo de Malvinas hoy se sostiene con un expediente que nadie abre. Y mientras nadie lo abra, cada barril que sale de Sea Lion confirma que a un país se lo puede despojar sin disparar un solo tiro: alcanza con que su propio Estado decida no defenderlo.
