La política de ajuste e inacción del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, arrastró al sistema sanitario a una «emergencia epidemiológica y ética» de proporciones históricas. El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires emitió un durísimo pronunciamiento en el que denunció un «colapso absoluto» en las tasas de vacunación, producto de la interrupción en la cadena de provisión de dosis y el desmantelamiento de la difusión pública. Ante este escenario, la entidad alertó sobre la inminencia de un brote de «características catastróficas» que amenaza con hacer colapsar las guardias y terapias intensivas de todo el territorio bonaerense.

El diagnóstico presentado por la institución médica refleja el avance del desamparo estatal en los sectores más vulnerables de la población. Según los datos elevados a la Nación, existen actualmente más de 101.000 niños y niñas que jamás recibieron una sola vacuna del calendario obligatorio en su vida, lo que representa un devastador incremento del 60% respecto a los registros de 2021. Con estas cifras, la Argentina dilapidó su histórico liderazgo en programas de inmunización en el continente para ubicarse en el fondo de las métricas de cobertura pediátrica regional, a la par de países inmersos en severas crisis estructurales como Haití y Venezuela.

La caída de las coberturas alcanza niveles críticos en dosis clave para la prevención de virus de altísima contagiosidad y letalidad. En el caso de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas), el alcance nacional apenas llega al 46%, dejando a más de la mitad de la población infantil desprotegida frente a eventuales rebrotes importados. Un deterioro similar registra la Triple Bacteriana —que combate la difteria, el tétanos y la tos convulsa—, cuya cobertura cayó al 75%, dejando a una cuarta parte de los chicos expuestos a patologías graves en un contexto donde también se interrumpió la provisión de insumos para adultos mayores y jubilados.

Desde la entidad profesional apuntaron de manera directa contra la gestión libertaria por promover una «privatización de hecho» del acceso a la salud pública y abandonar por completo el financiamiento en pauta pedagógica para contrarrestar la desinformación post-pandemia. En respuesta a los recientes anuncios del ministerio sobre una supuesta «comunicación directa», los médicos definieron la postura oficial como una actitud de desidia que destruye la inmunidad de rebaño y viola las responsabilidades éticas, legales y constitucionales del Poder Ejecutivo nacional en materia de prevención sanitaria.

El pronunciamiento del Colegio de Médicos se suma a las sistemáticas advertencias emitidas por el Ministerio de Salud bonaerense, donde la falta de planificación nacional ya genera un aumento del 23% en la demanda de los hospitales públicos y una severa saturación del sistema por cuadros respiratorios. Frente a este panorama, la comunidad médica le exigió a Lugones la urgente restitución del suministro de dosis y la reactivación de campañas masivas e integrales, recordándole a la Casa Rosada que la inmunización constituye un bien social indivisible que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar de forma gratuita y equitativa.