Cada vez que Javier Milei acusa al Congreso de buscar coimas, los diputados y senadores de La Libertad Avanza se agarran la cabeza. Lamentan seguir enterándose por los medios o las redes de las decisiones de su líder, sin margen alguno para advertirle de los riesgos que corre. El presidente cerró la tercera semana de su gobierno tal como la comenzó: con acusaciones de corrupción, sin pruebas, contra los integrantes de un Parlamento que se prepara para debatir y desmenuzar la Ley Ómnibus que mandó este jueves. Para las aspiraciones de la Casa Rosada debería ser tratado y sancionado antes de que finalice enero. Por eso la convocatoria a sesiones extraordinarias vence el 31 de este mes, una fecha que para los legisladores oficialistas parece «ilusoria».
En su mensaje de fin de año, la noche de este sábado 30, el presidente reforzó su diagnóstico «lapidario» de la situación que recibió y aprovechó para incrementar la presión sobre el Congreso. Convocó a sus votantes a interpelar a los «legisladores» para conseguir la sanción de la ley. También cuestionó a los referentes sindicales por la convocatoria al paro del 24 de enero.
A partir del martes arranca la prueba para el Gobierno. Tanto la titular del Senado, Victoria Villarruel, como el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, apuestan a conseguir la sanción del mega proyecto en los plazos que les fijaron en Balcarce 50, pero han pasado casi toda la semana amortiguando las quejas y la bronca de todos los espacios políticos por las acusaciones que Milei comenzó a lanzar contra quienes se opongan a respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que rige desde este viernes y debe ser tratado en el Congreso.
Las acusaciones también estuvieron dirigidas a quienes se nieguen a aprobar el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos». El texto incluye una ambiciosa cesión de facultades del Parlamento al Ejecutivo con la declaración de la emergencia fiscal, previsional, financiera, de seguridad, defensa, sanitaria, energética, tarifaria y administrativa por dos años, prorrogables por otros dos, junto a un paquete de reformas impositivas. Agrega una extensa reforma penal, que impone duras sanciones a la protesta social, y suspende la fórmula para actualizar las jubilaciones, entre otros puntos.
«Argentinos de bien, estamos por el buen camino…!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente», escribió Milei este sábado en su cuenta de X y aumentó la tensión. Las consecuencias de sus palabras son una pesada piedra sobre las espaldas de quienes tendrán que defender el proyecto y que, al menos por ahora, sólo reciben respetuosos reparos sobre distintos puntos.
Los legisladores oficialistas siguen leyendo la propuesta en tiempo real porque no tuvieron anticipos desde la Casa Rosada sobre la profundidad de la ley. Y mucho menos que sería sólo una parte luego de la publicación del DNU 70/23. «Nosotros también estamos en shock. Hay que acostumbrarse porque en La Libertad Avanza parece que todo va a ser así», confiesan en el bloque de LLA. Sus integrantes ya comenzaron a tener reuniones con los sectores afectados por las medidas, pero con las manos atadas. No tienen una línea concreta de negociación.
«No nos están ayudando cuando mandan un paquete cerrado y dicen que va a ser tratado por corruptos. En la Rosada tendrían que entender que no se puede gobernar con un sólo poder y que eso va a ser un problema para las mismas empresas que quieren beneficiar», reflejaron en un despacho libertario del Congreso.
Las correlaciones de fuerzas son muy distintas en una cámara y en la otra. En el Senado la hoja de ruta del arco antikirchnerista logró aportarle a Villarruel el aventón para sumar 32 respaldos ajenos y sumarlos a las siete del oficialismo. Así obtuvo cuórum y pudo definir a las autoridades de la cámara, con un número clave para quedarse con cinco de las ocho bancas del Senado en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde se suman otros ocho sillones de Diputados.
El panperonismo sigue sosteniendo que les robaron un escaño y todavía no tiene definido si judicializarán el tema. En la última reunión que mantuvieron senadores y diputados con la CGT y las dos CTA primó la decisión de no judicializar. El foco estará puesto en los amparos que se seguirán sumando contra el DNU. El gobernador riojano Ricardo Quintela hizo una presentación ante la Corte por inconstitucionalidad y pidió su suspensión inmediata, pero el Máximo Tribunal decidió que lo analizará recién a partir de febrero. Todo un mensaje para el Gobierno, pero también para el Congreso. Si a los cortesanos les toca expedirse, pretenden hacerlo luego de que el Poder Legislativo haga su trabajo, un tema que trastoca las especulaciones de las fuerzas políticas que esperaban lo contrario, es decir, ser la última instancia en pagar los costos políticos.
La UCR, por ejemplo, espera que el debate sobre el DNU se extienda en la bicameral y que realmente llegue a un recinto recién en marzo. Es música en los oídos del oficialismo, que apuesta a que el decreto siga en pie gracias al silencio legislativo que permite la ley. Si las dos cámaras no lo rechazan y si la bicameral demora el tratamiento para el dictamen, hay una vida más larga para la vigencia del DNU.
Este viernes la presidencia del Senado ya oficializó a sus representantes en la bicameral y volvió a tronar la bronca de la oposición. “La presidenta del Senado junto a la UCR, el PRO, partidos provinciales y algunos que son senadores gracias a la boleta del Partido Justicialista, para intentar desaparecer al peronismo, violando la voluntad popular y repitiendo el vicio histórico de la derecha rancia”, tuiteó la senadora Juliana Di Tulio, que reclama cuatro bancas y no tres, aunque la «mayoría circunstancial» de 39 les permitió reclamar cinco por el sistema D’Hont de distribución proporcional.
En Diputados aparece otra «mayoría circunstancial» como resultado directo del empeoramiento de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también como primera respuesta ante el mega proyecto de ley. Desde el peronismo, pasando por el PRO, la UCR y los nuevos bloques, hay una coinicidencia común: no hay margen para que la iniciativa prospere así como está y menos en cuatro semanas. Quizás ese empantanamiento le quita la paciencia al presidente y lo empuja a ceder ante los impulsos que lo llevan a redoblar la apuesta verbal contra quienes se oponen a sus deseos. Eso creen los legisladores que compartieron recinto con el actual mandatario durante los dos años que fue diputado.
Algunos creen que Milei tira de la cuerda hasta llegar a un punto de negociación y otros que rompe los puentes para sumar argumentos y gobernar realmente de espaldas al Congreso. Los que esperan que llegue una señal de negociación también son consumidos por la preocupación. Le dan verosimilitud a una versión que retumba en los pasillos del Parlamento desde la primera acusación sin pruebas de presunta corrupción. Hablan de un amague de renuncia del ministro del Interior, Guillermo Francos, molesto por las declaraciones de Milei que le complicaron las interlocuciones. Con elegancia o con aspereza, los mensajes del Ejecutivo son agrios para todos. El mismo Francos, que estaría malherido en sus aspiraciones por la furia de Milei, es el encargado de decirle a los gobernadores que no modificará el Impuesto a las Ganancias si no apoyan el mega proyecto. El mensaje significa un duro golpe para las provincias por la reducción de la coparticipación, justo en un momento donde el Ejecutivo frenó el envío de fondos discrecionales. Sin ATN, a tiro de las prórrogas del Presupuesto 2023 que se licúa por la inflación y sin la restitución por Ganancias, la negociación que se avecina será motorizada por la asfixia financiera de las provincias.
La misma zozobra se respira entre los agroexportadores. Pasaron de ser un motor de respaldo al gobierno a las quejas que lanzó la Mesa de Enlace por el aumento de las retenciones que incluye el mega proyecto. Además, el Banco Central mantiene la obligación para los productores de soja de vender el grano y les impide financiarse con créditos para esperar un mejor precio.
Pulseadas en la oposición
Junto a los tiempos imposibles de enero, en Diputados surge otra coincidencia que unifica a opositores con potenciales aliados del oficialismo. Hasta en el PRO, donde están dispuestos a acompañar, advierten que será muy difícil respaldar la declaración de las emergencias. El radicalismo, que pide tiempo para tratar el DNU, también rechaza esa cesión de poderes, pero en esas 34 voluntades de la Cámara Baja no hay una posición común. Mientras el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, reclama tiempo para tratar el DNU y se resiste a los superpoderes del mega proyecto, hay otros que podrían ceder ante una negociación y romper ese dique de contención.
Las internas del radicalismo impactaron el resto de los agrupamientos. Hasta hace dos semanas, el nuevo bloque Cambio Federal, que lidera Miguel Pichetto, esperaba sumar a la Coalición Cívica, y a la UCR dentro de un mismo espacio. No sucedió. El radicalismo no fue de la partida, pero igual quedó sellada la defunción de Juntos por el Cambio en ese recinto. En su lugar nació Hacemos Coalición Federal, que suma 23 voluntades entre los diputados cordobesistas y socialistas que formaban parte de Hacemos por Nuestro País, la Coalición Cívica y Cambio Federal, donde conduce Pichetto y están los exmacristas Nicolás Massot y Emilio Monzó, otro de los convencidos de darle tiempo al debate del DNU, como pide el radicalismo, pero que rechaza acompañar el mega proyecto como llegó.
Las dudas de la UCR caen mal entre quienes dan por descontado el rechazo ante la intención presidencial de arrogarse las facultades del Congreso, pero la realidad es que no hay una posición común y podrían surgir sorpresas. De esos desequilibrios depende la estrategia del panperomismo que, conducido por Germán Martínez, trabaja para frenar el mega proyecto y hacer caer el decreto. Sin una decisión del radicalismo no podrían avanzar, pero la presencia del nuevo bloque que conduce Pichetto podría transformarse en una fruta madura muy amarga para el oficialismo o en una ventana para negociar y ceder, algo que, para Milei, al menos hasta ahora, no aparece como una posibilidad.
En el Senado observan en silencio lo que sucede en Diputados. Saben que sus vecinos serán el embudo de lo que les llegará, pero igual aprietan los tiempos para ceñirse al pedido de sancionar todo lo posible en enero.
El miércoles que viene comenzará el tratamiento de los expedientes que no perdieron estado parlamentario para tratar la creación de la boleta única de papel. Será en la comisión de Asuntos Constitucionales, que presidirá el entrerriano Edgardo Kueider, uno de los peronistas no kirchneristas que despierta expectativas en Villarruel.
Ante la sumatoria de obstáculos es posible que el presidente tome nota de la desazón que sembró en el Congreso. Esta semana podría tener reuniones protocolares con las autoridades parlamentarias de las dos cámaras, aunque también falta que defina vías y temas de negociación, el gran ausente de sus primeros 20 días de gestión. Con el arranque del nuevo año también se acerca el primer viaje al exterior. Quiere volar a Davos, Suiza, el próximo 14 de enero y necesita de la autorización del Congreso para viajar. También puede hacerse por decreto, pero hace una semana que convocó a extraordinarias y si no recurre al Poder Legislativo volvería a darle la espalda.
