La semana pasada, Peter Thiel volvió a pisar la Casa Rosada. No era la primera vez ni la segunda: ya lo había hecho en mayo de 2024, y antes de eso se cruzó con Javier Milei en el Milken Institute de Los Ángeles, donde el presidente ofreció públicamente desde el atril los recursos naturales argentinos —litio, plata, oro y cobre— a potenciales inversores. Thiel, que lo escuchaba desde la tribuna, tenía motivos propios para prestar atención.

Lo que distingue a este inversor de la camada tradicional de Wall Street no es solo la escala de su patrimonio —superior a los 20.000 millones de dólares, con participaciones en SpaceX, Stripe y Airbnb— sino la naturaleza del interés que manifiesta en Argentina. Thiel es cofundador de Palantir Technologies, la empresa de análisis masivo de datos cuyos sistemas utiliza el Pentágono para operaciones militares: procesamiento de imágenes satelitales, drones, radares. La pregunta que los especialistas en privacidad y derechos digitales se hacen con urgencia es: ¿por qué la Casa Rosada necesitaría ese tipo de servicios?

La infraestructura de datos como recurso estratégico

El interés real no es solo el litio ni el gas, aunque ambos sean piezas del rompecabezas. Lo que está en juego es la infraestructura de datos: la implementación de sistemas de inteligencia aplicada en la gestión estatal —seguridad, inteligencia, control poblacional— genera una forma de dependencia tecnológica a largo plazo que excede cualquier contrato puntual. A esto se lo puede llamar “desembarco blando”: sin tropas, sin condiciones explícitas del FMI, pero con consecuencias estructurales igualmente profundas.

La reunión con Milei fue precedida, significativamente, por un encuentro de Thiel con Santiago Caputo, el asesor presidencial que coordina desde las sombras la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). No trascendió el contenido de ninguna de las dos conversaciones. El gobierno solo publicó una fotografía. Y, en un hecho sin precedentes recientes, vedó el acceso de los periodistas a la Casa Rosada el día de la visita.

El venture capital como geopolítica

La lógica financiera detrás de estos movimientos no es la de los organismos internacionales ni la de la banca tradicional. Es la lógica del capital de riesgo: apuestas de alto riesgo en busca de retornos extraordinarios. Y cuando el país no tiene dólares, la garantía no es monetaria —es patrimonial. El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) fue diseñado precisamente en esa dirección: permite la disponibilidad de divisas y recursos naturales con mínima injerencia estatal. Es la arquitectura legal que convierte la urgencia fiscal en concesión estratégica.

Los recursos naturales y energéticos argentinos —litio, cobre, tierras raras— resultan además estratégicos para las necesidades operativas de empresas como Palantir, que requieren enormes cantidades de energía para sostener sus centros de datos. La Patagonia, donde Thiel evalúa la compra de campos, es infraestructura potencial.

La conexión local: el círculo rojo tech

Thiel no llegó solo. Durante su estadía —que se extendería por varias semanas, e incluiría la compra de una mansión de 1.600 m² en Barrio Parque por alrededor de 12 millones de dólares— mantuvo reuniones con representantes del ecosistema empresarial argentino. Entre ellos, según trascendió, con Marcos Galperin, el hombre más rico del país y fundador de Mercado Libre, además de Eduardo Elsztain (IRSA) y Nicolás Szekasy (Kaszek).

La alineación no es solo de oportunidad: es ideológica. La idea que une a estas figuras —tanto globales como locales— es que el Estado debe reducirse a su mínima expresión para que sean las plataformas tecnológicas las que gestionen la vida social y económica. Galperin ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la gestión de Milei. Alec Oxenford, quien acompañó a Thiel en su primera visita a la Casa Rosada, fue luego designado embajador argentino en Estados Unidos.

La doctrina del shock tecnológico

Argentina como “hoja en blanco” es una frase que circula sin pudor en estos círculos. La idea de fondo es que en los países desarrollados estos modelos están prohibidos o regulados: no se puede contratar a Palantir para gestionar seguridad civil sin supervisión parlamentaria, sin leyes de datos personales robustas, sin controles independientes. En Argentina, en cambio, el decreto 941/25 deja una frontera difusa entre sistemas estatales y empresas privadas, en ausencia de una ley de datos personales actualizada.

Si el gobierno actual entrara en una crisis de gobernabilidad por el impacto social del ajuste, estos capitales buscarían una figura que blinde las concesiones mineras y energéticas, evitando que el país “vuelva atrás” ideológicamente. La pregunta que le hizo Thiel a Milei en esa reunión reservada fue, según el propio presidente, precisamente esa: “¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?”

La respuesta de Milei fue la “batalla cultural”. La de Thiel, probablemente, es más material: contratos, datos, territorio y tiempo.

* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”, Universidad de Buenos Aires.