Mientras el Gobierno desfinanciaba la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), benefició –a través de tres convenios firmados en 2024 y con más de un billón de pesos en estos casi dos años y medio– a la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), una centenaria mutual de asistencia al personal retirado de las distintas Fuerzas de Seguridad y que entre 2021 y 2024 homenajeó a 43 socios procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Entre las autoridades vigentes de la mutual se encuentran exmilitares envueltos en denuncias y señalamientos por distintos crímenes. Su presidente, el general Daniel Manuel Reimundes, fue investigado y procesado en una causa de espionaje a dirigentes políticos, mientras que uno de los directores generales, el coronel Oscar Alfonso Vaquero, fue nombrado en testimonios de la CONADEP y denunciado por organismos de Derechos Humanos por integrar los “Vuelos de la Muerte” de Campo de Mayo.
Los tres convenios firmados entre la mutual, que cuenta con más de 112 mil asociados y 24 filiales en todo el país, y el Instituto de Ayuda Financiera para pagos de retiros y pensiones militares (IAF) que depende del Ministerio de Defensa, le permiten a la SMSV mantener la solvencia de sus cuentas y agilizar el cobro de sus servicio a los asociados. Entre las funciones principales del IAF se encuentran la de administrar, liquidar y abonar los haberes de jubilados, pensiones e indemnizaciones del personal militar de las Fuerzas Armadas.
El primer convenio, firmado el 26 de febrero del 2024, habilita al Estado –a través del IAF–, a realizar el cobro automático del seguro de vida y ahorro de la mutual privada, contratado previamente por el militar retirado: cuando éste contrata un seguro con la SMSV, no tiene que acercarse a pagarlo, ni hacer una transferencia todos los meses a la mutual. El IAF descuenta la cuota del seguro directamente de su haber mensual antes de depositar el dinero en su cuenta, y luego lo transfiere a la mutual. Esto le permite a la SMSV cobrar siempre a término, con riesgo cero de morosidad o falta de pago. El IAF, por el servicio del cobro mensual de esos seguros, percibe de la SMSV apenas el 1% del total recaudado.
El segundo convenio, firmado el 28 de junio del 2024, modificó la “Carta Poder” que los asociados de la mutual mantenían con el IAF para cobrar sus haberes mensuales y pensiones directamente en las cuentas de la SMSV y no a través de una entidad bancaria. Antes de esa fecha, los militares retirados que optaban por cobrar su salario del IAF en las cuentas de la SMSV debían renovar –cada cinco años– este acuerdo frente al organismo público. Esto llevaba a que, una vez vencido el plazo, la mutual contactara a sus miles de afiliados para renovar esas autorizaciones. El nuevo acuerdo elimina esa restricción, permitiendo el cobro de haberes a través de la SMSV de forma permanente, sin ninguna renovación.
Tras un pedido de información pública, Tiempo accedió al monto total que el IAF le transfiere a la mutual en concepto de haberes y pensiones de sus socios. En todo 2024 fueron 460 mil millones, en 2025 en total ascendió a 611 mil millones. Y en los primeros tres meses de este año ya llegaban casi 150 mil millones. Por ejemplo, en marzo le depositó $ 49.834.293.749. Las transferencias, según el IAF, se realizan uno o dos días antes de terminar el mes. Esto permite que la mutual privada tenga en sus cuentas una cifra de liquidez sólida para otros negocios, como inversiones u operaciones bursátiles, antes de depositar los haberes a sus socios.
El tercer convenio, firmado el 17 de abril del 2024, habilitó a que, por primera vez, una delegación propia de la SMSV funcione dentro del edificio del IAF, sobre la calle Cerrito 572, en pleno centro porteño. El objetivo, explicaron las autoridades, es una atención más eficaz de sus socios. “La SMSV es una institución centenaria que pertenece a la familia militar. Por eso, es un honor para nosotros poder ofrecerles un lugar aquí, en un edificio emblemático”, aseguró Roberto Fiochi, por ese entonces presidente del IAF.
Fiochi, designado en el IAF el 2 de enero del 2024 por el exministro de defensa, Luis Petri, fue quien firmó los tres convenios que beneficiaron a la mutual privada. A partir de noviembre de ese mismo año, Fiochi resultó nombrado presidente del entonces Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Durante su gestión en lo que hoy es OSFA creció el déficit de 90.000 a 160.000 millones de pesos.
La “familia militar”
La SMSV es presidida desde 2018 por el general Daniel Manuel Reimundes, de 79 años, señalado y procesado en distintas causas judiciales por intromisiones ligadas al espionaje y la inteligencia militar. El 3 de mayo de 1994, a pedido del exjuez federal Rubén Caro –a cargo por entonces de la investigación del asesinato del soldado Omar Carrasco–, Reimundes fue designado como “colaborador” en la instrucción de la causa penal. Ante el desprolijo manejo, el juez fue sometido a un juicio político en el Senado, donde se señaló que la intromisión de Reimundes fue “ilegal”: el militar tenía acceso anticipado a las medidas probatorias y analizaba la documentación interna de la causa, mientras se investigaba a distintos miembros dentro de la misma fuerza a la que pertenecía Reimundes, como el Ejército.
En 2012, el presidente de la mutual fue procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado en una causa por espionaje ilegal y sustracción de correos electrónicos a distintos dirigentes políticos como Héctor Timerman, Juan Manuel Abal Medina y Cristina Fernández de Kirchner. En el esquema de espionaje a los correos de los exfuncionarios, también participó Juan Bautista Yofre, ex titular de la SIDE y actual director de la Escuela de Inteligencia. El expediente, finalmente, fue anulado y derivó en el sobreseimiento de todos los imputados, incluyendo a Reimundes, a finales de 2015, cuando el macrismo llegaba al poder.
“Bodas de Oro” y sangre
Todos los años, la mutual homenajea con acto protocolar, medalla y estímulo monetario a los socios que cumplen 50 años como integrantes de la SMSV. Las “Bodas de Oro”, como las llaman sus autoridades están salpicadas de sangre. Tiempo accedió a los más de 1200 socios “homenajeados” por la mutual entre 2021 y 2024 y detectó, al menos, 43 asociados prófugos, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
El 12 de diciembre de 2024 se distinguieron a cuatro represores con condenas previas. Entre ellos, figuran el exteniente Ricardo Guillermo Reyes y el ex comandante de Gendarmería, Emilio Jorge Sacchitella. El 20 de diciembre de 2023 fueron 12 los socios represores “reconocidos”, como el exteniente coronel Alejandro Lawless y el exprefecto, Francisco Martínez Loydi. También figura en la lista de homenajeados de ese año la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La magistrada llevó adelante varias causas por delitos de lesa humanidad, incluso en España, donde investigó las torturas y desapariciones del régimen franquista.
El 23 de diciembre de 2022 fueron 18. Se destacan allí el exteniente coronel y miembro de los grupos de inteligencia de Rosario, Juan Amelong y el represor formado en la “Escuela de las Américas” e integrante del Batallón 601 de Inteligencia, Rafael Mariano Braga. El 15 de diciembre de 2021 hubo ocho condenados que celebraron. Entre ellos, Ricardo Miguel Carvallo, un temible miembro del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y Horacio González Llanos quien no pudo asistir al ágape porque se encuentra prófugo de la justicia desde el 2013 por crímenes en el centro clandestino de El Faro, en Mar del Plata. En 2024 –mismo año de los convenios firmados entre la mutual y el Gobierno– la exministra de seguridad, Patricia Bullrich, dio de baja la recompensa que existía por aportar datos que lleven a la detención del prófugo y socio de la SMSV.
Vaquero, el coronel que comentó del último Vuelo de la Muerte
El coronel Oscar Alfonso Vaquero es uno de los seis directores titulares de la mutual. Durante la última dictadura militar, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cumplió funciones en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo y desempeñó períodos en comisión en el Comando de Institutos Militares, bajo la órbita directa de los generales Santiago Omar Riveros y Domingo Bussi, ambos condenados por delitos de lesa humanidad.
Vaquero, además, figura en un testimonio de la CONADEP al que accedió Tiempo. Allí, una detenida que estuvo en el Hospital Militar de Campo de Mayo, sostuvo: “Se sabe que hubo un último viaje para arrojar cuerpos en el río o el mar. Lo comentó quien lo hizo, un militar de apellido Vaquero”. En el 2000, los pliegos para el ascenso militar de Vaquero en el Senado fueron desestimados ante las objeciones del los organismos de Derechos Humanos debido al rol del militar durante el terrorismo de Estado. A principios del 2004 tuvo la posibilidad de ser designado como un agregado militar en Uruguay, pero el Ejército vetó su traslado ante presiones de autoridades uruguayas.
Otro exdirectivo que integró la mutual en el 2002, investigado por su actuación en el terrorismo de Estado, fue Simón Antonio Herminio, coronel ya fallecido. En 1983 prestó servicios como jefe del Batallón de Inteligencia de Paso de los Libres. Se lo condenó en 2012 por privación ilegal de la libertad, vejaciones y reducción a la servidumbre y asociación ilícita entre 1978 y 1983.
OSFA: la obra social desmantelada por LLA
Roberto Fiochi fue quien firmó los tres convenios con la Mutual cuando presidía el Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa. Luego lo nombraron al frente del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), del que renunció citando «motivos personales» y para enfocarse en cuestiones empresariales. Su gestión, de apenas siete meses, estuvo marcada por un aumento de la deuda deficitaria de la obra social que pasó de 90.000 a 160.000 millones de pesos, junto a un déficit mensual de 19.000 millones y 90 cortes diarios de distintas prestaciones.
En abril de este año, por decreto, la obra social cambió de nombre, excluyendo de su composición a las fuerzas que no sean militares. Hoy es OSFA. Un empleado explicó a este diario que “hay rumores de privatización. Hay muchos juicios y embargos por parte de prestadores de servicio que trabajan con nosotros en todo el país”. Bajo la gestión libertaria, ya pasaron tres presidentes por la obra social de los militares. “Triplicaron el precio de las licitaciones –acotó el empleado–. Y desviaron muchos fondos. Nunca vimos esto. El interior es el que peor está. No hay cobertura. Las droguerías se redujeron. La situación es muy delicada”.
Esta semana hubo protestas en Entre Ríos, Formosa, Tucumán. En Rosario le cortaron la atención a 8000 afiliados. Los reclamos a coroneles y otras autoridades en público ya empiezan a multiplicarse, y el Gobierno pide ayuda a las provincias para sostener la atención médica.
