Una causa inédita en Neuquén llegó a juicio oral. Los represores Sergio San Martín y Jorge Héctor Di Pascuale, ambos con múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad, serán nuevamente juzgados. La novedad es que por primera vez deberán responder por el robo de 23 departamentos que pertenecían a socios de la Cooperativa de Vivienda del Periodista, una entidad creada por el sindicato de prensa local que fue atacado apenas inició la dictadura.
San Martín y Di Pascuale, en ese momento oficiales de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, deberán responder como partícipes necesarios de los delitos de allanamiento ilegal, robo y defraudación por administración fraudulenta.
Días atrás, luego de que la Cámara Federal de General Roca dejara firme los procesamientos dictados a fines del año pasado, el juez Gustavo Villanueva dio por cerrada la instrucción de la causa. “Toda vez que se ha alcanzado un juicio de probabilidad suficiente sobre la existencia de los hechos indicados y practicadas que fueron todas las diligencias tendientes a demostrar la responsabilidad penal que les cabría a los nombrados, estimo que la causa se encuentra en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa del proceso”, señaló.
La investigación seguirá abierta para Oscar Lorenzo Reinhold, quien estaba a cargo de la División Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI y por ahora quedó apartado del proceso por incapacidad sobreviniente. Otros dos imputados, Luis Farías Barrera y Jorge Molina Ezcurra, ya fallecieron.
La causa avanzó rápidamente desde los procesamientos dictados en diciembre de 2025. Ese fallo, en el que Villanueva consideró que la apropiación de los bienes de la Cooperativa de Periodistas se trató de hechos “conexos de delitos de lesa humanidad”.
“Es muy relevante el encuadre jurídico del juez Gustavo Villanueva porque a la apropiación indebida de bienes, que es el robo, el saqueo de propiedades privadas de vecinos de nuestra ciudad, las encuadró dentro de un delito de lesa humanidad y ese encuadre acarrea la imprescriptibilidad de la acción para perseguir a quienes han cometido estos delitos”, explicó Mariano Mansilla, quien representa a los periodistas sobrevivientes y familiares que integran la querella.
El abogado consideró que fue “un fallo muy trascendente, muy parecido a cuando el juez Garzón declaró la imprescriptibilidad por lesa humanidad de los delitos cometidos en las dictaduras en América Latina, en el caso de Pinochet, porque esto abre una instancia de persecución para aquellos militares o aliados de los militares, civiles, que se apropiaron de bienes durante la dictadura”.
Mansilla recordó el caso de Papel Prensa, en el que el juez Julián Ercolini rechazó que hubiera vínculos entre los delitos de lesa humanidad sufridos por la familia Graiver y la apropiación de Clarín y La Nación de sus acciones en la papelera. Un caso que sí avanzó es la causa de robo de bienes a personas secuestradas y desaparecidas en la ESMA. El ex marino Jorge Radice y su hermana Norma están procesados por la apropiación de esos bienes y por haber intentado ocultar su origen a través de un entramado de sociedades.
“El encuadre en lesa humanidad va a permitir que se lleve a juicio a los responsables de la apropiación de estos 23 departamentos en la capital neuquina y va a sentar un precedente con respecto a quienes se han enriquecido durante la dictadura que son grandes fortunas de nuestro país, que se quedaron con chacras, con fincas, con empresas, todo tipo de bienes de personas que secuestraron porque gran parte de de los secuestros no tenían que ver con razones políticas, sino con apropiarse de bienes de empresarios locales”, añadió.
Además de esta causa penal, los miembros originales de la cooperativa junto a familiares de sus compañeros y compañeras mantienen una demanda civil para lograr la restitución de las propiedades y la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, que llegan a valores millonarios.
El 24 de marzo de 1976, miembros del Ejército tomaron la Cooperativa de Vivienda del Periodista de Neuquén por la fuerza con el objetivo de quedarse con sus bienes. Con el argumento de que había sospechas de vínculos con la subversión, intervinieron la cooperativa y sacaron a 23 de las familias que tenían adjudicados departamentos. Además, se quedaron con dos terrenos y un edificio que iba a ser un Centro Cultural comunitario.
Para el juez, San Martín y Di Pasquale comenzaron con las tareas de inteligencia sobre la cooperativa antes del golpe de Estado ya que quien fue designado interventor militar, Ulises Normando Baca Cau, era socio de la Cooperativa, y dos agentes civiles de inteligencia que compartieron espacios con quienes formaron e integraron la Cooperativa: Pedro Brodi, periodista de LU-5 y Raúl Guglielminetti, quien ejercía la actividad periodística en LU-5 y el diario Sur Argentino y en paralelo integraba la Triple A.
Finalmente, los departamentos de la Torre de Periodistas I se distribuyeron 15 para el Ejército, 4 para la Gendarmería, 2 para la Marina y 2 para la Policía Federal y, desde ese momento, esas fuerzas hacen uso de esas propiedades, que son distribuidas como un premio para los agentes, que viven allí sin pagar alquiler.
