El debate interno del peronismo parece restringirse a falsos dilemas. Hay un tema central, con el que en esta modesta columna se ha insistido: Cristina Fernández debe recuperar todos los derechos que le han sido arrancados por una persecución política cuyo objetivo es dar una lección histórica sobre lo que ocurre con quienes gobiernan en determinado sentido. El Poder Judicial -se sabe- es un ámbito de puja de intereses, donde puede haber incluso fallos a favor de los trabajadores. Pero suelen tener más preponderancia al final del camino los designios de los grandes grupos económicos locales y muy especialmente los de la embajada de Estados Unidos.

Que Cristina recupere los derechos que le fueron arrancados debería ser una bandera central de todo el peronismo. Cada día que pasa detenida en su departamento de Constitución se consolida una victoria histórica de la argentina conservadora. Y la palabra “histórica” no está puesta para darle grandilocuencia a la situación sino de forma descriptiva.

En simultáneo está el debate más viejo de la política: la sucesión. Pareciera -a eso ha sido el llevado el debate interno peronista- que marcar la centralidad de la liberación de Cristina como condición para revertir el rumbo del país debe llevar consigo la renuncia a los nuevos liderazgos, como es el de Axel Kicillof. Y, al revés, parece que para apostar a los nuevos liderazgos hay que minimizar la situación de Cristina, quitarla del centro de la escena. Es el falso dilema.

La experiencia de países con los que Argentina tiene lazos culturales, que son los únicos con los que tiene sentido ensayar una comparación, muestra que tener un sistema de sucesión aceptado por todos en un movimiento político termina siendo una ventaja. ¿Para qué? Para el objetivo central de la política: conquistar el poder cuando no se lo tiene y permanecer una vez que se lo conquistó. Si esa no es la meta, mejor montar una ONG.

Hay dos ejemplos que se pueden tomar y que muestran destinos distintos. El primero es México. Andrés Manuel López Obrador fue el fundador de Morena, su partido. Venía, como todo político mexicano, de un ala del PRI. Ganó las elecciones en 2018 luego haberlo intentado tres veces. Tuvo que transitar la pandemia. Duplicó el poder adquisitivo del salario mínimo. Creó una jubilación universal. Puso al Estado como protagonista del proceso de inversión en sectores estratégicos. Impulsó una política exterior soberana. A grandes rasgos, aplicó los pilares de los gobiernos del nacionalismo popular latinoamericano. Cuando finalizaba su mandato su popularidad llegaba al 70 por ciento. Eran condiciones inmejorables para proponer una reforma constitucional que habilitara su reelección por otros seis años. No lo hizo. Impulsó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, que profundiza un proceso que en esta fase incluyó una reforma judicial para que los jueces surjan del voto popular. Morena tiene garantizados 12 años en el poder y la posibilidad de que se quede 18 es muy real. Es decir: la renovación del liderazgo -incluso la del padre fundador- fortaleció al movimiento político.

El ejemplo al revés es Bolivia. Evo Morales fue el mejor presidente de la historia boliviana. Su país jamás creció tanto. Los bolivianos nunca vivieron mejor que durante la gestión de Evo, ni antes ni después. Sin embargo, la imposibilidad de aceptar una sucesión sumergió al MAS en una interna fratricida que incluyó intentos de asesinato. El resultado: un movimiento político que era casi invencible en el terreno electoral hoy está desarticulado. Bolivia volvió a parecerse a la de siempre.

Es un falso dilema sostener que marcar la importancia histórica de la liberación de CFK implica obturar los nuevos liderazgos o que para impulsar esa renovación hay que minimizar la situación de Cristina. Y los falsos dilemas suelen llevar a falsas respuestas.  «