Manuel Adorni es un “tiempista” de pura cepa. Porque durante casi tres meses mantuvo su declaración jurada en la gatera para que las repercusiones fueran suavizadas por el comienzo del Mundial de Fútbol. Sin embargo, el asunto le salió exactamente al revés, dado que, en realidad, tal documento opacó –desde lo mediático– tamaño jubileo deportivo en Argentina. Un papelón no al alcance de cualquiera. Y a través de un recurso bautizado de una forma algo poética: “Ley de Inocencia Fiscal”. Cabe destacar que tanto el (aún) jefe de Gabinete como su esposa la coach ontológica Bettina Angeletti, habían tenido el tacto de adherir previamente a dicho régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); o sea, la antigua AFIP.
No está de más saber de qué se trata. Y poner en foco a otro protagonista de esta trama.
El ángel caído
Aquel sujeto, que atravesaba sus últimos días en la Cámara Baja, ya convertido en el primer candidato a legislador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) para las próximas elecciones, se lucía en la Casa Rosada ante un auditorio muy atento a sus palabras al presentar un proyecto de su puño y letra.
Dicho sea de paso, su futuro personal estaba precisamente en ese puño.
“Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex AFIP suponían que todos éramos culpables –aseveraba, frunciendo el ceño– y pasaremos a un régimen en el que todos somos inocentes, siempre y cuando ARCA no demuestre lo contrario”.
Al concluir, sonrió; algo no muy usual en él. Desde un costado del salón, Adorni lo aplaudía a rabiar. Y él, aún detrás del atril, le guiñaba un ojo.
Se trataba nada menos que de José Luis Esptert. El profeta de “cárcel o bala” que tanto entusiasmaba a cierto sector del electorado.
Desde lo técnico, la ley en cuestión solamente intervendría -de un modo muy benévolo– en casos de “evasión tributaria” y “omisión maliciosa”, además de establecer facilidades en el pago vencido del Impuesto a las Ganancias. Pero no tendría injerencia en delitos como el “enriquecimiento ilícito” o “lavado de divisas”.
En definitiva, el sentido de su letra apuntaba hacia lo que se podría llamarse “garantismo para canallas”. Y dado que todos los ciudadanos de bien –que se saben infractores impositivos– pueden ahora inscribirse en el listado de sus beneficiarios, el asunto funcionaría como la “autoamnistía” pergeñada por los militares antes de finalizar la última dictadura.
Esta ley se aprobó en el Congreso el 26 de diciembre del año pasado. En el Senado obtuvo 43 votos y 26 en contra. Allí, Patricia Bullrich fue una de sus bastoneras más vehementes.
No asombró que Espert fuera uno de los primeros en adherirse a su propia criatura. ¡Pobre tipo! Ya en esos días era un cadáver político.
Su estrepitosa caída se puede resumir en dos escenas: un plano medio en un estudio de radio, donde, de pronto, su semblante se contrajo en un pucherito atroz, justo antes de romper en llano en nombre de su honradez. Y la última, un plano fijo del posteo que acuñó en X (antes Twitter) para anunciar su rendición incondicional: “Por la Argentina, doy un paso al costado”.
Es que ya había saltado a la luz la financiación política y personal que le prodigaba Federico Machado (a) “Fred”, un poderoso narco que, desde el año pasado, estaba preso en Buenos Aires por un pedido de extradición cursado por la Justicia norteamericana que se efectivizó unos meses después.
Para Espert no hubo ninguna “inocencia” que valga.
Club de los infractores
Puesto que el acto de anotarse en la lista de adherentes a Ley de Inocencia Fiscal supone la confesión anticipada de alguna trapisonda impositiva, sus identidades son un secreto guardado bajo siete llaves. Aun así, trascendió que, durante los últimos cinco meses y medio hubo unas 80 mil inscripciones. Un misterio que también se extiende –y hasta con más hermetismo– hacia figuras políticas y funcionarios de renombre. De hecho, además de Adorni, su esposa Bettina, y Espert, no afloraron más que otros tres nombres. El primero, no sin una lógica asociativa es el de Aimé Ayelén Vázquez, quien desde diciembre de 2023 funge como secretaria de Adorni. También resalta el nombre del “cineasta oficial” de la Casa Rosada y el de un peso pesado del poder: Federico Sturzenegger.
Puede ser que, en cuanto a sus presuntos desajustes impositivos, todo en la señora Vázquez puede ser posible en vista a su cercanía con Adorni,
En cambio, asombra el caso de Oria, quien se presenta como director de Realización Audiovisual de la Presidencia, siendo apenas, desde el organigrama del Estado, un funcionario de quincuagésimo nivel. Y por el cual percibe unos tres millones de pesos mensuales. Claro que, además, al seguir al presidente a sol y sombra, tiene acceso a información privilegiada. ¿Acaso la trafica por unos pesos entre los “servis” que zumban en la Casa Rosada?
A su vez, el caso de Sturzenegger es más complejo. Por lo que cualquier medida preventiva que tome para blindarse no está de más. Eso, por cierto, él lo sabe en carne propia. Y desde comienzos del siglo en curso.
Porque fue en 2001 que tuvo ese problemita con el “Megacanje”. (“Defraudación al Estado” durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando postergó vencimientos de la deuda a cambio de aumentar el capital y la tasa de los intereses). Al final, fue sobreseído. O la “Causa Dólar a Futuro”, cometida durante la presidencia de Mauricio Macri. Y consistió en irregularidades en la venta de dólares desde el Banco Central para beneficiar a financistas amigo. Esa vez, Sturzenegger fue también sobreseído. O el “FMI Gate”, a raíz del préstamo de 57 mil millones de dólares concedido por ese organismo multilateral a fines de 2018 (el más grande de toda su historia). A esa altura, ya era una costumbre que Sturzenegger fuera sobreseído. Eso también había ocurrido casi en paralelo, con la acusación de “abuso de autoridad” por amenazar a Florencia Kirchner, la hija menor de la expresidenta.
En resumen, para algunos personajillos del presente la Ley de Inocencia Fiscal es tan necesaria como el oxígeno. «
