El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, activaron su entrada al Régimen Simplificado de Ganancias, una maniobra que destapó una tendencia alarmante dentro del Gobierno. A pesar de los desmentidos públicos del vocero y funcionario —quien aseguró no entrar en «ningún blanqueo»—, su presentación ante el ARCA se suma a la de una extensa nómina de figuras libertarias que buscan el amparo de la Ley 27.779, diseñada para cerrar grifos de fiscalización y otorgar un manto de impunidad tributaria a sus propios funcionarios.
La normativa, vendida bajo el rótulo de «Inocencia Fiscal», no es un simple tecnicismo. Funciona como un efectivo «tapón fiscal» que limita la revisión de declaraciones anteriores y saltea sanciones penales por incumplimientos previos. Al invertir la carga de la prueba, el Estado queda desarmado: ahora es el fisco quien debe demostrar la irregularidad, mientras el contribuyente solo agrega información sobre una declaración predeterminada, sin auditorías profundas de gastos deducibles ni cambios patrimoniales.
La lista de funcionarios que corrieron a buscar este blindaje es un «quién es quién» de la administración libertaria. Desde el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien se sumó el 7 de mayo bajo la excusa de ser «un contribuyente más»—, hasta el diputado José Luis Espert y el documentalista oficial Santiago Oría. Incluso la jefa de asesores de Adorni, Aimé Vázquez, y el hombre del «monje negro» Santiago Caputo, Manuel Vidal, han solicitado su ingreso al régimen especial.
El ruido político es ensordecedor porque las solicitudes coinciden con causas judiciales críticas que cercan al entorno oficial. Espert, vinculado años atrás al investigado por narcotráfico Federico Machado, y Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE —quien también protagonizó el escándalo por créditos subsidiados—, forman parte del club de los que buscan paz fiscal. Incluso el ex funcionario Antonio Aracre ha buscado refugio en esta normativa opaca, dejando en evidencia que, para la élite oficialista, la transparencia termina donde empieza su propio patrimonio.
Este fenómeno revela una contradicción central en el discurso del Gobierno: mientras se predica el ajuste y la persecución de la «casta», los principales actores del Poder Ejecutivo se blindan ante cualquier escrutinio patrimonial. La «Inocencia Fiscal» se ha convertido, en la práctica, en el refugio definitivo para quienes, habiendo hecho de la sospecha de enriquecimiento ilícito una sombra constante sobre su gestión, prefieren protegerse antes que rendir cuentas frente a la sociedad.
