Tras la presentación de los proyectos de Ley para que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia Justicia laboral, el oficialismo porteño avanza rápidamente en la estructura del entramado y la transferencia de competencias de la justicia laboral al distrito porteño. A últimas horas de este día jueves, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, el secretario de Trabajo porteño Ezequiel Jarvis, y la directora general de Transferencias de Competencias, Karina Palacios mantuvieron un encuentro con el Dr. Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación.
Según el Ejecutivo local, “durante el encuentro se discutió el impulso que el Gobierno de la Ciudad está brindando a este proceso, incluyendo la presentación de proyectos para la puesta en funcionamiento de juzgados y la adaptación del Código Procesal de Trabajo en la Legislatura de la Ciudad. Este trabajo conjunto es fundamental para asegurar una transición efectiva y beneficiosa para ambas partes en relación a las competencias transferidas”.
Desde el GCBA confirmaron a este medio que “si todo sale bien, estiman que para mediados de 2025 la Ciudad tendrá su propia justicia laboral”. También aseguran que “el secretario Cordero recibió de manera positiva las propuestas presentadas y, “tras analizar la temática, el funcionario expresó su disposición para avanzar en futuros encuentros con el objetivo de lograr acuerdos que beneficien tanto a la Nación como a la Ciudad”.
En la edición impresa del domingo 31 de marzo, Tiempo adelantó este tema y consultó con especialistas gremios y abogados laboralistas que rechazan la iniciativa de Jorge Macri de tener su propia Justicia Laboral. Todos coincidieron que el jefe de Gobierno pretende beneficiar a las grandes empresas ante demandas laborales y que en definitiva se transformaría en una justicia laboral PRO y no de las grandes mayorías.
Sobre la justicia
“El traslado es un dislate jurídico por varios puntos: la ciudad capital de la Argentina es un territorio federal que tiene, por lógica, consecuencias en la justicia nacional en el caso del trabajo. Además, el trabajador del Estado nacional alcanzado por los Convenios Colectivos de Trabajo, litiga en la justicia nacional. Eso desaparecería y tendría que recurrir ante un fuero no especializado como el fuero contencioso administrativo que no sabe nada de derecho del trabajo”, había opinado en diálogo con Tiempo Eduardo López, secretario general Adjunto de CTA CABA.
En el mismo sentido, la CTA Autónoma advirtió sobre las graves consecuencias para el conjunto de trabajadores si Jorge Macri llega a obtener su propia Justicia Laboral. “Esto va en línea con lo que ya se viene aplicando hace mucho tiempo desde la subsecretaría de Trabajo porteña, que la transformaron en una gerencia de recursos humanos del Gobierno de la Ciudad, en lugar de ser el organismo que medie entre el trabajador y las empresas”, explicó José Peralta, secretario adjunto de la CTA Autónoma Capital y secretario General de SITEBA, que nuclea a trabajadores bancarios y financieros de CABA.
Los metrodelegados aseguran que Jorge Macri tiene la intención de seguir afectando los derechos de las y los trabajadores y sectores populares. “Nunca hacen esto para ver cómo le ponen un freno a las grandes patronales, a los Bancos o a los terratenientes, como tampoco les ponen un tope a las grandes ganancias, a la fuga de capitales o a la bicicleta financiera. Al revés, todo lo hacen para beneficiar a esos intereses. Tiene que ver con la misma lógica de Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno”, dijo Claudio Dellecarbonara, trabajador del Subte y miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSyP.
“Está claro -continúa-, Jorge Macri quiere tener un sistema jurídico más adicto. Será la justicia de Jorge Macri y no de las grandes mayorías. Imagino que buscará que los trabajadores del Subte, por ejemplo, no tengamos derecho a protestar ni a tomar medidas de fuerza, ni podamos seguir denunciando la crisis sanitaria por el asbesto que ocasionó la muerte de varios compañeros”.
Para el abogado laboralista León Piasek, esto va a traer más inconvenientes respecto a los tiempos que se toma la justicia laboral para sus fallos. “El gobierno porteño solo quiere crear de ocho a 10 juzgados laborales, mientras que la justicia nacional tiene más de ochenta y no da abasto”. Piasek sostiene que “la iniciativa tiene obstáculos constitucionales que ya fueron analizados por expertos y rechazado por los jueces de la Cámara nacional del Trabajo.
Tienen como objetivo sacar de la órbita nacional los juicios individuales y los vinculados con derechos colectivos, siempre con la excusa que es un fuero cooptado por organizaciones sindicales y que siempre falla a favor de los trabajadores, algo que es totalmente falso”.
