La pelea por la Ley Universitaria sigue en la Justicia y en la calle

Dos de las tres federaciones que representan a los docentes universitarios, Conadu (enrolada en la CTA de los Trabajadores) y Fedun (en la CGT), suscribieron el acta acuerdo mediante la cual el gobierno concedió un incremento del 21,33% en los salarios de los trabajadores de nivel superior a partir de junio y un adicional del 3% en octubre.

La federación no docente, Fatun, también aportó su firma, al igual que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La ConaduH (en la CTA Autónoma) fue la única que no avaló la propuesta luego que la oposición a la conducción lograra agrupar una mayoría de 64 congresales contra los 36 del oficialismo que se inclinaba por la aprobación.

El rechazo se sintió también en los gremios de base. En la Universidad de Buenos Aires, la más populosa, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA, en la ConaduH) rechazó el acuerdo por unanimidad en una masiva asamblea de más de 200 docentes y ratificó un paro de la próxima semana. Fue acompañada por uno de los gremios de base de Conadu, la Feduba, cuyo plebiscito arrojó un rechazo contundente del 87 por ciento.

Es que, más allá del atraso salarial, el endeudamiento y las penurias que atraviesan los trabajadores del sector, lo cierto es que lo conquistado representa menos de la mitad del 55% que corresponde según lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno se niega a acatar. El acuerdo, además, resta presión política a la Corte Suprema para que dé lugar a la medida cautelar que, luego de sendos fallos a favor de los trabajadores en primera y segunda instancia, tiene bajo su consideración por un recurso extraordinario presentado por el gobierno nacional.

Según pudo saber Tiempo, en las negociaciones previas llevadas adelante por las autoridades de Educación con la conducción del CIN, el gobierno condicionó la oferta a que los rectores retiraran ese recurso judicial y asumieran la representación en la negociación salarial. La negativa de las autoridades, conscientes de su inviabilidad al interior de las casas de estudio, forzó al gobierno a avanzar sin ese reaseguro a sabiendas que la Corte podría demorar su tratamiento o incluso desecharlo en nombre de la merma del daño alimentario que la mejora salarial habría provocado.

De acuerdo con la información recabada, los letrados que representan al gobierno ya habrían avanzado sobre la causa original que trata la cuestión de fondo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, al solicitar mediante un escrito de un centenar de páginas la suspensión de la sentencia ante el surgimiento de lo que consideran «un nuevo hecho».

Más allá de la decisión que el juez Diego Cormick adopte, el procedimiento implica el traslado del recurso a la parte querellante para que ratifique o desestime la denuncia original. El trámite podría demorar la sentencia de fondo algunos días aunque eso no impediría que salga antes de la feria judicial.

Sigue el reclamo judicial

Para los sindicatos que acordaron, sin embargo, el acuerdo no implica el abandono de la pelea por el cumplimiento cabal de la ley.

Daniel Ricci, secretario general de Fedun, señaló a Tiempo que “hubo un acuerdo de partes donde el gobierno empezó a cumplir una parte de la ley. Pero tiene que cumplir con el 100% de la ley”. El dirigente opinó que “es un avance que los trabajadores puedan cobrar algo y que dejemos de perder frente a la inflación porque cada tres meses se discute por el IPC. La causa judicial sigue adelante como hasta ahora”.

En tanto, Mariana Pérez, abogada representante de la Conadu explicó que “la cautelar sigue vigente porque nada indica lo contrario. No debería caerse por un acuerdo salarial. Los abogados nos manejamos con hechos”. Pérez indicó que “la cuestión de fondo también sigue vigente, tenemos una ley sobradamente aprobada por el Congreso y con amplia legitimación que está incumplida. El acuerdo paritario se da en el marco de una negociación colectiva cuyo empleador/estado nacional/gobierno se negaba a transitar violando no solo la ley de financiamiento sino todas las normas locales e internacionales de la negociación colectiva”.

Con todo, Pérez reconoció que, es cierto que “el sistema judicial no respeta garantías. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner está presa y con condiciones peores que los represores de la dictadura. En ese marco se encuentra la judicialización de la ley”.

Menos condescendiente, Guillermo Pajoni, ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y asesor legal de AGD-UBA, opinó que “no correspondía un acuerdo paritario. Acá lo que hay que hacer es cumplir con la ley. No puede avalarse que el Ejecutivo se digne a no cumplir una ley que está aprobada”.

Para Pajoni, “el acuerdo es una trampa porque la medida cautelar está en la Corte que, dada la situación, no puede dormir demasiado luego de que un juez de primera instancia y la cámara fallaran a favor. La cautelar no cae formalmente, pero da lugar al argumento de que el acuerdo merma la urgencia, el peligro de demora y sus consecuencias, que son sus requisitos formales, y, por lo tanto, la torna abstracta o simplemente haga que la Corte haga dormir el expediente”.

Para Pajoni, “el objetivo del Poder Ejecutivo fue enfriar las cosas y, de manera consciente o inconsciente, las autoridades y el sector sindical que aprueba el acuerdo le hacen el juego. Es inexplicable. La cuestión de fondo está parada a la espera de que se produzca prueba que, tratándose de una ley aprobada por el Congreso, no hace falta producir”.

Más allá de las posiciones diferentes frente a la firma del acta y su impacto, existe un acuerdo prácticamente unánime acerca del carácter extorsivo de la propuesta oficial, de la necesidad de seguir reclamando gremial y judicialmente por el cumplimiento íntegro la ley y, sobre todo, de que lo conquistado es resultado de la lucha, los paros y la movilización de docentes, estudiantes y no docentes de las universidades nacionales. «