El Juicio a las Juntas es el punto de partida principal del camino de Memoria, Verdad y Justicia, pero sobre todo de Justicia, que se ha transitado en el país y después de 40 años podemos sacar muchas conclusiones. 

La importancia de los testigos es un punto que ha costado mucho instalar en estos años. Los medios hegemónicos y el establishment judicial y de historiadores han tratado de resaltar el papel de los fiscales y los jueces pero muy pocos le han dedicado el espacio que corresponde al rol que cumplieron los testigos, sobre todo los familiares y sobrevivientes de los centros clandestinos. 

Ellos realmente se la jugaron en aquel momento: había que dar la cara con nombre y apellido en 1985, cuando la mayoría de los genocidas, de los autores directos de los crímenes, estaba en los cuarteles o en las comisarías, con armas y todavía con poder de desestabilizar la democracia. Recién en los últimos 10 años se tomó trascendencia y se reconoció su valor a las y los testigos. Sin testigos, no había posibilidad de juicio. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien fue el peldaño inicial, no fue el único peldaño para subir en esta escalera de lograr justicia. Se necesitaron muchos peldaños mejores que aquella sentencia, que no fue buena, que tuvo aspectos positivos pero también negativos producto de que esa Cámara Federal, esos jueces, estaban mayoritariamente alineados con el pensamiento filosófico de los juristas que asesoraban a Raúl Alfonsín, que querían establecer la responsabilidad de las conducciones de la dictadura y no la responsabilidad de todo aquel que haya cometido delitos, cosa que sí se está haciendo ahora.

Estos 40 años han servido también para contar la historia de muchas partes del juicio que no se conocían y que han ido saliendo a la luz, en las que se muestra claramente que fue el empuje de los organismos de derechos humanos, de las Madres y de los familiares, lo que logró que hoy la Argentina sea el país que está juzgando y tiene la intención de juzgar hasta el último genocida cuya responsabilidad se pueda probar.

Y, por supuesto, hay que sacarle un poco de exagerado brillo a los camaristas que integraban esa Cámara Federal. Hoy vemos como uno de ellos, Jorge Valerga Aráoz, es defensor de genocidas y representa a Juan Tasselkraut, que está imputado por crímenes de lesa humanidad por el secuestro y torturas a Héctor Ratto y la desaparición forzada de Diego Núñez, ambos obreros de Mercedes Benz.

Como aspecto positivo, el Juicio dejó las condenas a perpetua de Videla y de Massera y también expuso con claridad que cuando hay voluntad política del Poder Judicial, los juicios se pueden hacer rápido. En ese juicio, las audiencias se hicieron desde el 22 de abril hasta agosto. En 5 meses se tomaron 833 testimonios de lunes a viernes, lo que demuestra que cuando el Poder Judicial quiere, puede acelerar los juicios. 

Hoy estamos frente a la paradoja de que los juicios por los crímenes cometidos en la dictadura son los más lentos y la Corte Suprema y las Cámaras de cada jurisdicción no toman la decisión política de acelerar estos juicios. Hoy, con suerte, se hace una audiencia cada 15 días, a veces una vez por mes, y son pocos los tribunales que están tomando una audiencia por semana. Eso demuestra  que es el Poder Judicial el responsable del achatamiento de la velocidad de los juicios de lesa humanidad.

*Pablo Llonto es abogado querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad y escribió el libro “El juicio que no se vió”, sobre su cobertura como periodista del juicios a los comandantes.