La crisis que atraviesa el sector de discapacidad, golpeado por políticas de desfinanciamiento y desregulación, alcanza a todas las áreas. Tanto a prestadores como a familias con obras sociales y también con coberturas de medicina prepaga. Mientras a nivel general sigue el reclamo por la actualización de aranceles del Nomenclador y por la declaración de Emergencia sobre el sector, cientos de familias se unieron para exigir que la prepaga Galeno cumpla con sus obligaciones hacia afiliados y afiliadas con discapacidad.

“La situación se desmadró con la Resolución 1/2025, que dio fin a la desregulación de las personas que triangulaban con obras sociales y prepagas. Sumó un caudal de gente a la cual unilateralmente las sacaron de las obras sociales, que si bien son un sistema que tenía muchos inconvenientes, era un sistema solidario. Nos pasaron directamente a las prepagas con las cuales había convenio. Esto significó que las preparas se vieron en la situación de recibir un caudal de gente que tramitaba todos los tratamientos y prestaciones por discapacidad en la obra social, no directamente desde la prepaga. No previeron cuando firmaron los acuerdos con el Gobierno los canales de comunicación para recibir a la gente, no tomaron los expedientes de las obras sociales (Galeno dice que los pidieron y no se los mandaron). Hubo que presentar todo de nuevo, no se aprueban los nuevos expedientes, no se pagan las prestaciones, estamos así desde enero”, lamenta Claudia Molina, mamá de una joven de 21 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).

“Hay prestaciones canceladas, prestadores que no están dando los servicios, gente que está sin cobrar desde principio de año y sin respuesta. Los expedientes de todo el país están en la sede de Puerto Madero. Es caótico lo que se generó, y la gente no tiene respuesta. Solo dilatan la situación. La Superintendencia de Servicios de Salud tampoco da respuestas: nosotros sabemos más que quienes nos atienden. Todos estamos presentado carta documentos, amparos, pero Galeno no cumple ni con las multas. Esto llevó a reunirnos colectivamente”, contó a Tiempo la mujer tras la concentración frente a la sede de la prepara, el miércoles al mediodía.

Tratamientos interrumpidos

“A mi nene le cortaron todos los tratamientos. No lo puedo llevar más a ningún lado porque las profesionales no aguantan más, desde enero que no les pagan. Si a él le pasa algo, ¿el deterioro quién me lo paga?”, gritaba un padre que se encadenó dentro de la oficina, reclamando que alguien los recibiera. “Si hace falta, encadeno a mis hijos también. No queda otra”, exclamaba en medio de la desesperación.

En la empresa sabían de la protesta y hubo finalmente una instancia de diálogo. “Nos reunimos hoy con las familias y acordamos con ellos las acciones correspondientes”, informaron a este diario desde Galeno. Según la prepaga, se recibieron unos 100 casos. Según las familias, son más de 300 solo en uno de los grupos de Whatsapp que usan para organizarse. El acuerdo implica volver a reunirse el 2 de junio para evaluar si hubo avances.

“Se presentó una nota colectiva firmada por casi 200 personas donde expresaba seis puntos específicos de nuestros reclamos que ellos estudiarán. Firmamos un acta donde quedamos que el día 2 de junio tendríamos otra reunión donde replantearíamos todo ya con soluciones y dándole la posibilidad de ponerse más o menos al día con los prestadores y con reintegros, autorizaciones”, detalló Noemi Bilbao, cuyo hijo tiene hidrocefalias valvuladas, 13 cirugías en el cerebro, disfunción de marcha, epilepsia y autismo, entre otros diagnósticos. Por falta de pago a sus ocho terapeutas –con una deuda de seis meses- lo dejaron sin las prestaciones y su acompañante terapéutica renunció hace tres días. “Todo por falta de pago”, resumió la mujer.

Reclamos diversos

Los reclamos no fueron solo de familias que triangulaban sus aportes a través de obras sociales y tras las medidas del Gobierno pasaron a aportar directamente a Galeno. También hubo denuncias por incumplimientos de afiliados directos, con años y décadas de pagos de cuotas.

“Hay una diversidad de casos y eso habla de la diversidad de incumplimientos”, planteó Florencia Busto Álvarez, hija de una afiliada de 77 años, con discapacidad motora y mental. “Mi mamá está así desde el año pasado. Mi experiencia fue nefasta. Desde que cayó internada con demencia y sin levantarse, postrada, Galeno nunca me ofreció alternativa. Ella tiene uno de los planes más altos. Ahí empecé a moverme, a gestionar el certificado de discapacidad, les dije que no podían externarla en esas condiciones. Les pedía alternativas. Yo no quería ir a un amparo pero me dejaron sin opciones”, relató sobre la vía judicial que eligió ante el incumplimiento de la cobertura de la residencia donde es cuidada su madre. “Es jubilada y paga una cuota de más de 330 mil pesos por una persona, siendo socia hace más de 40 años. Mi vieja no está enterada de todo esto, trato de no trasmitírselo. Que no esté preocupada porque no le aprueban los pañales”, contó Busto Álvarez, y cuestionó también las demoras en las entregas de medicamentos y la falta de interlocutores, además de las demoras en los reintegros pese a la medida judicial vigente.

No es un caso aislado

El conflicto no es nuevo, pero se agudizó este año. Ante los múltiples reclamos trascendió el caso de Galeno, aunque no es el único. En marzo último la periodista Nina Ischia contó en redes sociales que la empresa Accord Salud no le autorizaba los tratamientos a su hijo de siete años, con parálisis cerebral, y generó una oleada de relatos sobre casos similares. Dante, con una encefalopatía crónica no evolutiva, requiere sesiones de fonoaudiología y de kinesiología, entre otras cosas. Por demoras en la aprobación por parte de la prepaga, comenzó el año sin tratamientos.

Por entonces, la SSS dijo al diario La Nación que a partir de la Resolución 1/2025 “las entidades comenzaron a recibir los aportes y contribuciones de los beneficiarios en forma directa, debieron afrontar un gran cambio en la forma de gestionar las solicitudes de cobertura de discapacidad que antes lo hacían las obras sociales con las que triangulaban”. Pese a la medida del Gobierno, “las prepagas no contaban con equipos capacitados que llevaran a cabo la tramitación de esas solicitudes”. Según el organismo, se “adoptaron medidas” para evitar las demoras. Dos meses después, las familias que reclaman ante Galeno siguen padeciéndolas.