Colombia vive por estos días una ola restauradora de la derecha tradicional y la nueva ultraderecha representada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que ya avanzan, antes de arrancar, con la intención de borrar la “imperdonable” experiencia de izquierda popular que concluirá con la salida de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.
Este avance se refleja en las amenazas de una persecución judicial, las voces que piden “silenciar” al todavía presidente y las medidas de gobierno que De la Espriella prepara, que anuncia como si ya estuviera ocupando la Casa de Nariño y que incluyen: reducción del Estado, cambios en las leyes laborales y militarización de la seguridad. Esto último revive el fantasma de la violencia paramilitar, un trágico fenómeno asociado a la extrema derecha de Colombia, cuando el país aún no terminaba de pacificarse tras el acuerdo firmado en 2016.
Los últimos cruces públicos entre el presidente electo y el saliente llevaron a la interrupción de las reuniones por el proceso de transición de gobierno. Petro sostiene su acusación de que se manipuló el escrutinio respecto de las actas del exterior y de la Espriella lo caracterizó como el desconocimiento de su legitimidad y un intento de Petro de quedarse aferrado al poder. La posición fue acompañada por los gobiernos de los países alineados con Donald Trump, miembros de la coalición “Escudo de las Américas”, quienes emitieron el viernes una declaración conjunta expresando su “profunda preocupación” ante las «recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente justificados, ponen en duda la integridad del proceso electoral» y reclamando una transición pacífica y ordenada.
El grupo insinuó que Petro podría intentar “obstaculizar” la asunción del nuevo presidente y denunció que este tipo de comportamientos «generan incertidumbre respecto al curso normal de la transición institucional» y subrayó que «ignorar los resultados proclamados oficialmente constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho».
La última disputa ahora está dada en el lugar donde se realizará el traspaso.
De la Espriella intenta llevarse el control de la ceremonia trasladando el acto a otro lugar fuera de Bogotá, donde históricamente se vino realizando. Su intención es asumir en un cuartel militar de las afueras de la capital, todo un símbolo del nuevo gobierno. Para ello envió una petición al Ejecutivo, que fue negada, por lo que ahora insiste en el Congreso de la Nación. La nueva composición legislativa que asumirá el próximo 20 de julio y con mayoría petrista tendrá que resolver si acepta o no el pedido del presidente. Será la primera gran pulseada que marcará el comienzo del nuevo escenario político.
Ese mismo día, Petro tiene previsto dar un mensaje público de despedida al pueblo colombiano con un balance de su gestión, destacando la “transparencia” de una administración “abierta a la comunidad”, según los mensajes que viene difundiendo en sus redes. La previsión tiene que ver también con una intención manifiesta de cercar judicialmente a Petro con diversas causas relacionadas con su gobierno.
Una bandera agitada por la extrema derecha fue la supuesta relación con el narcotráfico. De ahí que se difundió un proceso iniciado en Estados Unidos en el que Petro estaría en una supuesta lista de beneficiarios de fondos provenientes del narcolavado. El entorno del nuevo presidente habló incluso de una posible “extradición” que debería ser decidida por el Poder Judicial colombiano. En esa línea, el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ya había demandado en su proclama de “desobiencia civil” el cese de las persecusiones a Petro, así como “desistir de cualquier intento de extraditarlo” como “dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE UU”.
Petro volvió a insistir este viernes en que se manipularon actas de votación en el exterior, durante la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio, y reprochó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de negarse a realizar el escrutinio correspondiente.
Tras las declaraciones, una periodista editora de la cadena RCN pidió “silenciarlo” en un editorial. “Tuvo la oportunidad, la mínima exigible en una democracia, de garantizar una transición tranquila. De reconocer el resultado. De facilitar el relevo institucional. Pero eligió otra cosa: atrincherarse en sus redes, aferrarse a sus propias versiones, resistirse incluso al hecho más elemental de la política: que el poder se acaba”, escribió Maritza Aristizábal Quintero. Petro lo replicó en sus redes como parte de la misma campaña.
