A diferencia de las semillas híbridas utilizadas para el cultivo de maíz y girasol, que deben ser compradas en cada campaña para no perder rinde, especies autógamas como la soja y el trigo permiten a los productores guardar una parte de su cosecha para reiniciar el ciclo sin pérdida de calidad genética y sin pagar regalías adicionales. Por eso, estiman que hoy menos del 40% de la semilla autógama es fiscalizada.

El agro argentino se maneja desde hace décadas en línea con la UPOV 78, un convenio internacional que reconoce los derechos de quien desarrolla una variedad vegetal, y en simultáneo, reserva al productor la posibilidad del uso propio, una práctica histórica que le permite guardar parte de sus semillas en lo que se conoce como bolsa blanca, para sembrar en la próxima campaña sin volver a pagar por su uso.

La Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales, que representa a empresas semilleras y trabaja en defensa de los derechos de propiedad intelectual en semillas, impulsa sistemas de control y cobro de regalías, especialmente en soja y trigo. 

También en los últimos años surgió Sembrá Evolución, un sistema privado que apunta a ordenar el mercado de variedades de soja y trigo, acceder con beneficios a lo último en genética y biotecnología de los semilleros y asegurar que el productor pague por la tecnología incorporada en la semilla certificada, incluso cuando hace uso propio.

Desde hace años, junto a la asociación de semilleros intenta sin éxito que esta situación cambie, es decir, mediar entre el uso propio permitido por la ley y la necesidad de las empresas de recuperar inversión en mejoramiento, pero ahora, y más aún desde el acuerdo comercial entre Donald Trump y Javier Milei, reinstaló el debate y trabaja junto al Gobierno nacional para modificar la Ley de Semillas vigente. 

Las semillas de la discordia

La idea es actualizarla en base a la UPOV 91, una versión más moderna y exigente en términos de derechos de propiedad intelectual, y en línea con el proteccionismo que impulsa el mandatario estadounidense para las multinacionales del sector de su país.

Los pools de siembra y los grandes productores podrían asumir los sobrecostos del nuevo marco legal, ya que incluso compran nuevas y onerosas variedades genéticamente modificadas en función de sus necesidades, pero los pequeños agricultores y los alejados de los centros de acopio dependen de esta posibilidad de reuso para permanecer en el negocio y que le cierren los números.

Al mismo tiempo que las grandes compañías del sector semillero y los operadores políticos en el Congreso están buscando consensos para cambiar la legislación, algunas entidades rurales, dirigentes agropecuarios y los productores del norte del país en especial advierten sobre los perjuicios que les traerán las modificaciones en estudio y denuncian las falacias del discurso oficial.

“Se está instalando en los medios que nuestro país tiene que adherir a las normas UPOV 91. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, falta a la verdad, confunde a la opinión pública, incluso tal vez al presidente (Javier Milei)”, expresaron desde la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino.

En el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de este año, Javier Milei se refirió al estancamiento de los volúmenes productivos del sector y señaló que la pobre evolución de los últimos años se debe a la falta de actualización de la legislación vigente, en referencia a la Ley 20247 sancionada en 1973.

Brasil creció con uso propio y sin DEX

“Claramente nuestra producción no crece por efecto de los derechos de exportación (DEX, retenciones), que desde hace años esquilman a nuestros productores y empobrecen los pueblos del interior de nuestra patria. Le pedimos al ministro que no favorezca a unos pocos con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y mate a muchos con DEX”, respondieron las autoridades de la Apronor.

Por su parte, los semilleros y parte de la industria sostienen que es necesario fortalecer los derechos de propiedad intelectual. Argumentan que sin reglas más claras no hay incentivo para invertir en genética, y que el país corre el riesgo de quedarse atrás en innovación frente a otros países. Los productores salieron al cruce de ese argumento empresario y de los dichos del presidente exponiendo el caso de Brasil.

Expresan que en el país vecino el sector agropecuario pasó de representar un 18% a un 25% del PBI en 10 años, y duplicó su producción de granos en el mismo tiempo. A su vez alcanzó un volumen récord de 345 millones de toneladas, impulsado sobre todo por soja, de la que ya es el mayor productor mundial, y maíz. “Hablemos claro, Brasil adhiere a UPOV 78, que permite el uso propio, y no tiene derechos de exportación”, puntualizan.

Por otro lado, denuncian que “es llamativo cómo funcionarios provenientes de distintos semilleros, que en algunos casos son abogados, pero no profesionales del área de producción, han ocupado los principales cargos del instituto que tiene que regular el área de semillas”. De hecho, el Gobierno oficializó una fuerte reestructuración y achicamiento del INASE, que perdió su autarquía, mediante el Decreto 205 publicado el 30 de marzo de este año.

Los directivos de Apronor advierten: “¡Productores estemos alerta, vienen por nosotros! Durante muchos años conservamos nuestras semillas y alimentamos a la humanidad toda. No les alcanza con Sembrá Evolución, van por todo. Esto ante el silencio, la complicidad y cuanto mecanismo de coerción nos pueda aplicar el Estado”.