Pese a las evidencias, el oficialismo decidió que los octógonos negros que advierten sobre nutrientes críticos en alimentos envasados son confusos. Ergo, hay que derogar la Ley de Etiquetado Frontal y eliminarlos. Luego, dicen, propondrían un sistema mejor. Pero el paso 1 sería volver a foja cero. ¿Qué implicancias tendría sobre la población esta decisión política de sacar las alertas de exceso de grasa, sodio, azúcar y calorías?
“Quitar los octógonos no haría desaparecer esos excesos de los envases. Lo que haría es volverlos menos visibles. La información seguiría estando en la tabla nutricional, pero presentada de una manera mucho más compleja y difícil de interpretar para la mayoría de las personas en sus compras diarias”, apunta la nutricionista María Belén Núñez, de Fundación Sanar, una de las más de 300 entidades especializadas que se pronunció contra la derogación.
“Esto es especialmente importante en Argentina, donde las enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada (como malnutrición por exceso, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer) representan una de las principales causas de enfermedad y muerte. Sabemos además que una parte creciente de la alimentación está compuesta por productos industriales con exceso de nutrientes críticos muchas veces presentados mediante estrategias de marketing que los muestran como saludables”, advierte sobre el impacto de quitar los octógonos. Advertencias especialmente útiles para saber que, por ejemplo, un queso presentado como “liviano” tiene exceso de sodio. O que una barrita de cereal vendida como snack “saludable” tiene demasiada azúcar.
“El etiquetado no resuelve los problemas alimentarios de la población, pero sí constituye una política pública basada en evidencia que fortalece el derecho a la información clara y que promueve entornos alimentarios más saludables. Nuestra ley habla del control de la publicidad, promoción y patrocinio en infancias, alimentación en entornos escolares y educación alimentaria nutricional. El debate no tendría que ser si la población quiere o no la información. Tenemos que mejorar las herramientas para que las decisiones que tomemos en relación a la alimentación sean cada vez más informadas y permitan optar por lo que sea mejor para la salud”, remarca Yanina Rodríguez, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN).
“Lo que está en juego es una política de salud pública integral que busca garantizar el derecho a la información, proteger especialmente a las infancias y ayudar a prevenir enfermedades que generan una enorme carga sanitaria, social y económica para el país”, coincide Núñez.
Y remarca: “Derogarla implicaría retroceder en herramientas de protección que hoy la población ya conoce, utiliza y valora, según la evidencia que se logró generar en los pocos años de implementada la ley”. «
