Reclamaron prisión perpetua para Graffigna

El dictador es uno de los tres acusados en el Juicio RIBA por el secuestro y torturas a Patricia Roisinblit y José M. Pérez Rojo.

El juicio oral por los secuestros y torturas a Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo entró ayer en la etapa final con los alegatos y pedidos de pena para los tres acusados por el secuestro y torturas a Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, hija y yerno de la vicepresidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.

El fiscal federal Martín Niklison y las querellas de Abuelas y de Mariana Eva Pérez, hija de la pareja, pidieron penas de entre 20 años y prisión perpetua para el dictador y ex comandante de la Fuerza Aérea Omar Domingo Rubens Graffigna, el ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) Luis Tomás Trillo y el ex agente civil de inteligencia Francisco Gómez.

El debate es conocido como ‘Juicio RIBA’ ya que ése es el centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea en Morón al que fueron llevados Patricia y José entre octubre y noviembre de 1978.

El organismo estuvo a cargo en ese momento de Trillo, por lo que fue considerado por el fiscal Niklison como coautor mediato junto a Graffigna y reclamó 25 años de prisión al igual que Abuelas. La querella de Mariana Eva Pérez, representada por Pablo Llonto, pidió prisión perpetua por desaparición forzada para ambos y para Gómez.

El espía Gómez, ya condenado por la apropiación de Guillermo, el hijo menor de la pareja que nació en la ESMA, es acusado como coautor directo de los crímenes. Para él, la fiscalía y Abuelas pidieron 20 años.

Durante la jornada de alegatos, las partes solicitaron que Graffigna y Trillo, que actualmente gozan de prisión domiciliaria, cumplan la condena en cárcel común. También pidieron que se investigue la privación de la libertad de Mariana Eva Pérez, querellante e hija mayor de la pareja, quien con apenas quince meses de edad, fue secuestrada junto a sus padres por horas y finalmente devuelta a su familia.

Llonto solicitó, además, que se considere que los delitos cometidos fueron en el marco de un genocidio y que se preserve y se marque el edificio donde funcionó la RIBA.

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