Familias de personas con discapacidad y trabajadores que garantizan sus terapias reclaman la derogación de una reciente resolución que, según denuncian, pondrá más obstáculos en el acceso a tratamientos. Cuestionan, además, su carácter “discriminador” y “persecutorio”, porque apunta a geolocalizar a terapistas como mecanismo para controlar el cumplimiento de las prestaciones. Desde el Ministerio de Salud argumentan que dará más transparencia y agilizará el circuito.

El origen de la resolución

Se trata de la Resolución 2484/2023, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el 7 de diciembre pasado. Es decir, el último día hábil del gobierno saliente. La normativa lleva la firma de Daniel Alejandro López, responsable del área durante la gestión anterior, ya reemplazado por el abogado Enrique Rodríguez Chiantore, cercano a Patricia Bullrich.

Según indicaron fuentes de la SSS a este diario, no fue una elaboración de último momento sino que se trabajó en el tema en los últimos tres años, con el fin de agilizar y mejorar los controles a prestadores de servicios para personas con discapacidad, y en defensa de sus derechos.

Sin embargo, desde espacios como el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asamblea de Acompañantes Terapuéticxs y la Fundación Por la Inclusión Plena, entre muchos otros, exigen la derogación de la resolución que, en su artículo 2, establece la creación del “aplicativo de registración, geolocalización y validación de prestaciones” como mecanismo de control del acceso a las terapias y tratamientos.

“Palos en la rueda”

“Hemos hecho pública nuestra solicitud de derogación urgente de esta resolución porque marca una imposibilidad de acceso a las personas con discapacidad. Por distintos factores que tienen que ver básicamente con la cuestión socioeconómica y problemas de accesibilidad en relación al dispositivo que requeriría”, dijo Eduardo Maidana, secretario de AIEPEsA, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad. “El doctor López en su último día hábil de gestión firmó esta resolución. Estamos esperando desde el Foro que conformamos que nos den una reunión las nuevas autoridades de la SSS para plantear esta grave situación, que es restrictiva y claramente lo que hace es cercenar derechos”, advirtió.

La SSS defendió la medida con el argumento de que simplifica los procesos administrativos, sustituye trámites y planillas y no requiere que las personas en tratamiento dispongan de móviles con conectividad sino que pueden llevar impreso el código QR que deberán registrar sus terapistas y acompañantes. Además, el organismo sostiene que tendrá un control más directo del trabajo de las y los prestadores.

“La resolución procura implementar una aplicación digital de registración, geolocalización y validación de prestaciones la cual será de uso obligatorio por parte de beneficiarios, transportistas y prestadores. En otras palabras, lo que se pretende es controlarnos más de lo que ya lo hacen e interponer más barreras y palos en la rueda de los que normalmente nos ponen a quienes estamos atravesados por la discapacidad”, escribió Romina Zejdlik, madre de un adolescente con discapacidad y presidente de la Fundación Por la Inclusión Plena. Compartió una petición de derogación por la plataforma Change y recalcó que “la función de SSS no es controlar a los prestadores ni las personas con discapacidad ni a sus familiares, sino a las obras sociales”.

Ayelén Casalnuovo también es mamá de una persona con discapacidad. Y teme por el acceso a sus terapias tras la implementación de la 2484. “Lo que me dicen desde el espacio al que llevo a mi hija es que desde febrero tendríamos que firmar los padres y los centros de especialistas este acuerdo de geolocalización. Y que el año que viene no saben si van a seguir trabajando con CUD (Certificado Único de Discapacidad, que permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado). Y así, en un montón de lugares”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Resolucion

Y compartió el mensaje que están difundiendo grupos de madres y padres de personas con discapacidad: “Un hijo con discapacidad asiste a cuatro, cinco, seis terapias por semana que no son cubiertas por las prepagas, que disponen de muy pocos profesionales para cubrir a todas las personas con discapacidad (…) los padres solemos recurrir a centros de discapacidad privados o especialistas particulares. Estos centros, que se manejan con CUD, nos dicen que no van a aceptar la resolución, por lo cual no sabemos si seguirán atendiendo por CUD. Nuestros hijos precisan de continuidad en su tratamiento, ya que pueden sufrir retrasos en sus avances”.

“El análisis de fondo es que quiere arreglar un sistema en crisis de una forma inútil. En lugar de ver cuáles son los problemas reales como, por ejemplo, que con esta inflación cobrar a los 90 días es ridículo”, escribió Daniela Hacker, autora de Desmitificar el cáncer y especializada en políticas públicas de salud. Desde su cuenta de X, advirtió que “es llamativo que aparezca el último día (del gobierno de Alberto Fernández) cuando la gravedad del tema se profundizó durante toda la gestión”.

“Maniobra persecutoria”

“La Plataforma y el Aplicativo instituidos en los artículos precedentes estarán disponibles a partir del 1 de febrero de 2024 para todos los Agentes del Seguro de Salud, Prestadores y Beneficiarios”, dice el artículo tercero de la cuestionada resolución. El cuarto establece el primero de agosto como puesta en funcionamiento obligatoria del sistema.

“La resolución supuestamente va en pos de una transparencia que el sistema de discapacidad carece. Esa transparencia que supuestamente quieren aplicar es una maniobra persecutoria para nosotros los prestadores, ya que quieren evitar supuestas facturaciones”, dijo Jazmín Kinder, psicopedagoga y maestra integradora, a La Voz de Misiones.

“Somos trabajadores que cobramos fuera de tiempo, que tenemos que hacer un montón de trámites todos los meses para poder realizar la facturación a las obras sociales y nos quieren meter otro requisito más”, cuestionó Kinder. Y describió lo que implica para las y los terapistas esta normativa: “No vamos a tener la posibilidad de cambiar el horario, de reprogramar sesiones cuando los pacientes lo necesitan, se nos va a impedir la realización de reuniones en escuelas, de informes, cuando falte el paciente de manera justificada o injustificada no vamos a tener la posibilidad de cobrar esa sesión, cuando ya estamos disponiendo de ese horario”.

La Asamblea de Acompañantes Terapéuticxs se pronunció en el mismo sentido. “Es una medida de control Arbitraria e inviable en gran parte del país, pero ante todo lejos de garantizar desde la Superintendencia de Servicios de Salud el correcto funcionamiento y acceso al plan médico obligatorio, con recursos, se orienta a correr de la órbita de las propias obras sociales, con los equipos interdisciplinarios y de auditoria correspondientes, de velar por el real acceso a las prestaciones de salud”.

Una kinesióloga especializada en discapacidad que prefirió mantener su identidad en reserva contó que muchas veces, en acuerdo con las familias, “como el valor del nomenclador (la paga por sesión) es muy bajo, se pasan dos sesiones por una, o tres por dos. Hay obras sociales que ya aplican la geolocalización, pero dejan hacer estas cosas a pesar de este sistema”.

La profesional consideró que “si todo se auditara igual, sería genial. Pero hay que blanquear que el nomenclador es bajo y no se puede sostener un trabajo así. Hoy escuchaba cuánto sale el maple de huevos: mi sesión vale dos maples. No es ahora por la crisis, es histórico. En el gobierno de (Mauricio) Macri no se aumentó por un año y pico y ahí quedó todo atrasado, y siempre cobramos a tres meses. Así que ahora va a ser un desastre”.