La Mesa de la Asamblea de los países integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) suspendió del cargo al fiscal Karim Khan (Reino Unido) imputado por acoso sexual, según un comunicado de la organización. El abogado británico es el responsable de que ese organismo hubiese pedido la captura del primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024.

«En la reunión celebrada el 8 de junio de 2026, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, por mayoría cualificada, tomó la decisión (…) de suspender al Fiscal del servicio con efecto inmediato», indica el texto.

La nota remarca que la suspensión no es resultado final del proceso contra Khan. La decisión definitiva quedará ahora en manos de la Asamblea de Estados Parte, órgano rector de la corte.

En mayo de 2025, la CPI comunicó que Khan estaría de licencia administrativa en espera del resultado de la investigación en su contra por presunto acoso sexual a sus subordinadas.

En agosto de ese mismo año, medios británicos informaron que Khan había sido acusado de acoso por una segunda mujer.

Según el organismo, el análisis de la situación se fundamenta en un informe de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), «las pruebas subyacentes», «el asesoramiento de un panel ‘ad hoc’ de expertos judiciales» y «las deposiciones escritas».

«La decisión de la oficina y la documentación relacionada seguirán siendo confidenciales», subraya el organismo, que reitera además su petición al «respeto de la privacidad y los derechos de todas las partes involucradas, así como la integridad del proceso en curso».

Khan rechazó en reiteradas ocasiones las acusaciones contra él por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que llo obligaron en mayo de 2025 a reiterase temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas «de un amplio abanico de ataques y amenazas» por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.

De hecho, Israel -que no firmó el Estatuto de Roma y por tanto no forma parte del TPI- reclamó este martes que se anule el proceso abierto contra Netanyahu. «La suspensión del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, tras una investigación de la ONU, demuestra que esta institución está podrida hasta la médula«, afirmó el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, en un mensaje en redes sociales. Las autoridades de Tel Aviv acusan al TPI de emitir sentencias «sesgadas» y «habitualmente posicionadas en contra del Estado de Israel».

Casos repetidos

La medida contra el fiscal levantó quejas de quienes destacan la persecución en los foros internacionales y también en Estados Unidos -que tampoco integra el TPI- contra quienes intentan poner el foco en las acciones israelíes en Gaza y Cisjordania y directamente acusan al gobierno de Netanyahu de cometer genocidio. Así lo refleja el periodista y exembajador británico en Uzbekistán Craig Murray. “La suspensión de Karim Khan es una maniobra sionista puramente política para obstaculizar los enjuiciamientos de criminales de guerra israelíes. Los 7 estados de la UE que integran la Mesa de 21 estados votaron en bloque a favor de proteger a Israel, al igual que Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y los estados latinoamericanos aliados”, escribió en su red de X.

En agosto del año pasado, la Unión Europea había lamentado sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro jueces y fiscales del TPI involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anitta Hipper, recordó la posición tradicional de la UE de apoyo al TPI, apuntando que sigue siendo «la piedra angular de la justicia internacional y de la lucha contra la impunidad». Así, subrayó que «los ataques o amenazas contra el tribunal y los funcionarios electos son inaceptables (…) El TPI debe poder trabajar de manera independiente e imparcial».

El Departamento de Estado a esa altura había sancionado a dos jueces, la canadiense Kimberly Prost y el francés Nicolás Guillou, y dos fiscales adjuntos, la fiyiana Nazhat Shameem Khan y el senegalés Mame Mandiaye Niang.

«Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima del TPI. El tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de una instrumentalización de la justicia contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel», adujo la Administración estadounidense en cada uno de esos casos.

Las sanciones incluyen el bloqueo de las cuentas bancarias y hasta de las tarjetas de crédito, de manera que de la noche a la mañana los implicados se convierten en menesterosos.

La relatora de la ONU

Otra que padece con regularidad de ese tipo de persecuciones es la italiana Francesca Albanese, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Con sus cuentas bloqueadas, también por el delito de llamar genocidio a las acciones cometidas por tropas israelíes en esas regiones, había logrado que el juez del distrito de Columbia Richard Leon dictara el 13 de mayo la suspensión del castigo estimando que las restricciones impuestas contra Albanese violaban sus libertades de la Primera Enmienda, al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel, sosteniendo además que afectaban a su marido, el economista italiano del Banco Mundial Massimiliano Cali, y a su hija en común, menor de edad.» ¡Pero Albanese no ha hecho más que hablar!», subrayó el juez.

Dos semanas más tarde, el Departamento del Tesoro volvió a Albanese a su lista de sancionados. Así lo ha reflejaba la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) en una «actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados» en la que incluye únicamente a la abogada italiana.

Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictó una suspensión administrativa de la decisión del juez Leon, permitiendo al Ejecutivo volver a aplicar las sanciones en cuestión «hasta nueva orden del tribunal».

EEUU volvió a sancionar a la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos ocupados

ALG con Europa Press y Sputnik