El invierno vuelve a exponer una contradicción que ya debería resultar insoportable: Argentina produce niveles récord de gas en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de no convencional del planeta, y al mismo tiempo apaga hornos industriales, cierra estaciones de GNC y obliga a detener líneas de producción por falta de suministro. La explicación técnica —»cuello de botella de transporte»— es real, pero funciona como cortina. Detrás de la infraestructura que falta hay una decisión tomada: para qué modelo de país se extrae ese gas, y quién se queda con la renta.
El NOA como caso testigo
Si hay una región donde la lógica del ajuste se palpa con crudeza es el norte argentino. La Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, vigente desde el 1° de mayo, redefinió el esquema de transporte de gas natural bajo el argumento de adecuar el sistema a los flujos dominados por la formación neuquina. En los hechos, la medida recortó la capacidad de transporte firme destinada a la región de 4,99 a 3,22 MMm³/d: una merma de 1,77 MMm³/d, cercana al 35%, que desnuda la magnitud del ajuste sobre una zona ya castigada por la falta de inversión y planificación.
El impacto no quedó en el papel. En Tucumán, las industrias pasaron a una restricción del 70% de su abastecimiento y a un esquema conocido como «Rampa 0», un corte gradual que en teoría evita daños en los equipos, pero que en la práctica equivale a paralizar la producción. Los sectores más golpeados son los intensivos en gas natural durante la zafra invernal: los ingenios azucareros —con hasta 100.000 puestos de trabajo en riesgo según cálculos del sector—, la industria limonera, que sostiene unos 50.000 trabajadores directos e indirectos entre abril y septiembre, los secaderos de tabaco y la industria cerámica. En un país donde el federalismo energético parece quedar siempre subordinado al centro, el NOA vuelve a pagar la factura más alta.
El empresario sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro resumió la asimetría de precios que atraviesa el esquema: mientras el gas se consigue a poco más de 2 dólares el millón de BTU en el sur del país y a 3 dólares en el AMBA, en el NOA las industrias deben pagarlo entre 15 y 25 dólares, y los barcos de GNL que llegarán entre junio y agosto para cubrir el faltante cotizan por encima de los 27 dólares. Esa brecha no es una anécdota técnica: es una transferencia brutal de costos sobre la producción regional.
Detrás del recorte regulatorio hay, además, una obra inconclusa: la Reversión del Gasoducto Norte, que permitiría llevar gas de Vaca Muerta al NOA de forma más barata y abundante, sigue paralizada, con más de un cuarto de los trabajos pendientes por deudas del Estado nacional con las contratistas. Mientras tanto, el agotamiento de la Cuenca Noroeste —la fuente histórica de abastecimiento regional— redujo aún más el margen de maniobra, al punto de que el país debió retomar compras de emergencia de gas a Bolivia, con la limitación de que ese país prioriza el abastecimiento a Brasil. Terminar la reversión del gasoducto demandaría unos USD 740 millones, pero operarlo al 100% ahorraría al país entre USD 1.000 y USD 2.000 millones anuales en sustitución de importaciones. La relación entre ambos números expone, con crudeza, el costo de la omisión estatal.
Por qué la infraestructura «no llega»
La lectura de que esto es sólo demora en obra pública es insuficiente. El problema no es la falta de capitales sino el destino de la inversión: en los últimos años la política energética priorizó la infraestructura orientada a la exportación masiva —proyectos de GNL, reversión de gasoductos para vender a países limítrofes— por sobre el mallado de transporte interno. Eso convierte al gas en un commodity de liquidación rápida de divisas antes que en un insumo estratégico para la industria local. El resultado es un subsuelo hiperconectado con los mercados internacionales y una superficie nacional crónicamente desabastecida: el recurso se extrae en territorio argentino, pero su rentabilidad óptima está pensada afuera, y el mercado interno —con su estacionalidad invernal— queda tratado como carga comercial.
A esto se suma la asimetría contractual de la desregulación. Las productoras en boca de pozo operan con esquemas de precios que garantizan rentabilidad en dólares, mientras distribuidoras, pymes e industrias quedan expuestas a la volatilidad institucional. Cuando el Estado posterga su rol de planificador y ejecutor de las obras troncales —esas que los privados no financian porque su retorno es a muy largo plazo, como el Gasoducto Perito Moreno y sus plantas compresoras—, se privatizan los beneficios de Vaca Muerta y se socializan sus costos. El sector extractivo sostiene su producción y sus contratos de exportación firmes; la industria manufacturera, la que genera empleo real, termina financiando con su propio balance la importación de GNL o directamente parando planta. Ahí aparece un subsidio inverso invisible: la industria nacional paga el costo de la infraestructura que falta con pérdida de competitividad, mientras el sector primario exportador maximiza márgenes sin la obligación de garantizar primero el desarrollo del tejido productivo interno.
El argumento circulante de que «las industrias que pagaron GNL no sufren cortes» es una doctrina de segmentación entre quienes pueden pagar en dólares y quienes no, que corroe la idea misma de servicio público y planificación estratégica. Depender de barcos de GNL en un país que desborda gas no es un accidente logístico. Es la consecuencia de subordinar los tiempos de la infraestructura pública a los tiempos de la especulación fiscal de corto plazo.
En la geopolítica del siglo XXI, América Latina vuelve a ser catalogada por los centros de poder —particularmente Estados Unidos y el Norte global— como una «reserva estratégica» de bienes comunes y recursos energéticos. Bajo esta perspectiva colonial, el rol asignado a la periferia no es el de industrializarse utilizando su propia energía, sino el de funcionar como una cantera abierta que provea insumos baratos para sostener la transición energética y el consumo de las potencias del Norte.
La disputa de fondo
La soberanía energética no se construye con riqueza de subsuelo ni con récords de extracción en boca de pozo. Cada mes que se demora la ampliación troncal es un mes en que un activo estratégico funciona como recurso ocioso en la temporada de mayor vulnerabilidad social y productiva. Y en un mundo donde la energía es el principal factor de disputa geopolítica, usar el gas propio solo como palanca de equilibrio fiscal de corto plazo, retrasando las obras que fijan la soberanía territorial, es una amputación deliberada del potencial estratégico del país. Lo que se dirime en cada corte de invierno es un problema de fondo. La pregunta es para quién funciona Vaca Muerta, si para desarrollar la Argentina o para irse por barco como otra riqueza más.
