La Ley de Alquileres está a un paso de perder sus puntos más importantes: el plazo mínimo del contrato de tres años volvería a dos años, se eliminaría el índice de actualización y dejaría de ser necesaria la inscripción de los contratos en Afip. De esta forma, el mercado inmobiliario recupera su supremacía en la relación con el inquilino.

La iniciativa de volver al estado previo a la actual ley está consensuada en la Cámara de Diputados entre el Frente de Todos, con Sergio Massa a la cabeza, y Juntos por el Cambio, con el acompañamiento de bloques menores.

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Del otro lado, unos pocos diputados del oficialismo se encuentran en la incómoda posición de estar en contra del retroceso y, al mismo tiempo, no querer agitar más las internas dentro de la coalición gobernante. Uno de ellos explicó a Tiempo: «Lo que se planea es, al menos, lograr alguna modificación que sí sea favorable a los inquilinos, pero hay poco intercambio interno. No hay un acuerdo cerrado, y lo que se va a intentar es que si se van a consensuar modificaciones, al menos incluyamos algo que sí beneficie al sector, como la bancarización o la prohibición de alquiler en dólares».

En Diputados tienen claro que los inquilinos se oponen a las modificaciones porque las ven como un favor hacia el mercado inmobiliario.

En ese sentido, el viernes último se reunió la Mesa por los Derechos de las y los Inquilinos, con los diputados Pablo Moyano y Omar Plaini, «para plantearles nuestra preocupación por la modificación a la Ley de Alquileres y el impacto que tendría en los salarios de los que alquilamos vivienda», dijeron.

«Coincidimos en que no hay que flexibilizar el acceso a la vivienda en alquiler, sino que el Estado garantice los derechos en la Ley de Alquileres. No puede haber retroceso en lo conquistado por las y los trabajadores inquilinos», destacaron.

El principal argumento de quienes quieren volver atrás con la ley es que «fracasó» y que «hizo que los alquileres aumenten mucho». Sin embargo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apuntó en un informe que los precios de alquileres se incrementaron en términos reales a partir de febrero 2020, en el comienzo de la pandemia, y se estabilizaron a partir de agosto 2020, con la aplicación de la ley.

Sobre la caída de la oferta, CEPA planteó: «Los datos en CABA muestran que tuvo lugar a fines de 2019 y, especialmente, entre marzo y mayo de 2020. Son todos períodos previos a la sanción de la Ley 27.551. De hecho, a partir de su sanción, la oferta se estabiliza».