El 30 de abril se reunieron, por enésima vez, los representantes de los accionistas de la petrolera Argos Resources. El dato debería pasar inadvertido de no ser por una cuestión: se llevó a cabo en el salón de la Cámara de Comercio de Malvinas, en Puerto Argentino. Allí, los shareholders, entre ellos, el brazo británico del JP Morgan Chase, aprobaron una ampliación del capital de Argos Resources de U$S 550 mil a través de una emisión de acciones adquiridas en su totalidad por el CEO de la empresa, Ian Thompson, y un grupo de inversores no identificado.

La movida fue el último paso de un recorrido que Argos realizó en los últimos meses para no quebrar y que podría implicar la aparición de una nueva petrolera en Malvinas, algo que debería preocupar a la Argentina.

Argos tiene una concesión otorgada por el gobierno kelper de Malvinas para explorar y extraer hidrocarburos en un área de poco más de 1100 kilómetros cuadrados al norte de las islas. En 2010 salió a Bolsa en Londres mostrando como único activo esa licencia y los resultados de una exploración sísmica que anunciaban la existencia de 747 millones de barriles de petróleo “recuperable” que podían extenderse hasta 1750 millones de barriles. Era la época en la que el subsuelo del Atlántico Sur era exhibido como un nuevo emirato. Diez años después, y a pesar de tan promisorios prospectos, Argos no realizó ni una sola perforación así más no sea para demostrar la realidad de esos recursos. En el medio, logró interesar a otras dos petroleras, la estadounidense Noble y la italiana Edison, que tras cinco años sin dar un paso, se retiraron de la aventura en 2018. Entre su lanzamiento en Bolsa y hoy, el valor de la acción de Argos cayó un 95 por ciento.

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Argos logró dos prórrogas de la licencia, la primera a fines de 2019, que la extendió por 18 meses, y la segunda en febrero último, que la alargó por un año más, hasta mayo de 2022. El gobierno kelper lo hizo bajo con la condición de que la firma mostrara que tiene capital de trabajo como para “cumplir con sus obligaciones” de exploración. De allí la importancia de la ampliación de capital, aprobada en la cumbre del 30 de abril en Puerto Argentino. Con todo, la conducción de la firma, cuyo jefe es el principal accionista, tiene otro objetivo: buscar interesados en asociarse a Argos en alguna modalidad financiera que le permita salir de la encerrona en la que se encuentra.

Los sucesivos gobiernos argentinos han dejado hacer a Argos. De hecho, en 2015, la administración de Cristina Fernández inició acciones legales contra Noble y Edison, las socias de Argos, por realizar tareas de exploración de hidrocarburos sin contar con la licencia de la Secretaría de Energía argentina. Argos no estaba en la mira a pesar de la exhibición constante de su espíritu “malvinero”. El CEO Thompson y otro de los directores, Andrew Irvine, tienen fuertes intereses económicos en el sector pesquero de las islas e Irvine es presidente del fondo de pensiones isleño. El banco JP Morgan tiene un 5% del capital de Argos y tampoco fue molestado, a pesar de que la legislación nacional indica que si una firma opera en Malvinas con licencia kelper, no podrá actuar en la Argentina.

Claves

Argos tiene una licencia para explorar y explotar hidrocarburos en un área de poco más de 1100 kilómetros cuadrados al norte de las Islas Malvinas.

En sus prospectos, la firma asegura que su concesión alberga hasta 1750 millones de barriles de petróleo.

Sin embargo, en los más de 10 años que lleva como empresa pública que cotiza en Bolsa, no realizó una sola perforación para demostrarlo.

La acción de Argos se derrumbó un 95% desde 2010 a hoy. La prórroga de la licencia revivió por un lapso su valor.

Entre los socios de Argos se encuentra el banco de inversión JP Morgan.