El daño que se produce con el extractivismo de datos es un tema poco explorado en la agenda ambiental. Como Tiempo contó en la saga de notas sobre los monstruos digitales, en EEUU se calcula que la extracción de información de las bitcoins produjeron, entre 2016 y 2018, de 3 a 13 millones de toneladas de dióxido de carbono. No solo tiene un impacto sino que el consumo es considerablemente mayor. 

Hay más: un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que, si fuera un país, el consumo de electricidad para generar el bitcoin (la criptomoneda más popular a nivel global) estaría entre los 30 primeros, por arriba de toda la demanda energética de la Argentina.

Si bien es apenas un eje de discusión, la Secretaría de Energía se mete en el debate con la resolución 40/2022 del Boletín Oficial publicada este martes. El organismo resolvió que el consumo de electricidad de la actividad de minado de criptomonedas no cuente con subsidios del Estado nacional. Pero no solo eso: también fijó una tarifa casi cuatro veces mayor a la que estos usuarios venían pagando al considerar como «inequitativo» el sistema actual.

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«Los consumos de energía eléctrica de la actividad de minado de criptomonedas presentan un perfil de consumo caracterizado por su intensidad y constancia tanto horaria como estacional cuya irrupción presenta desafíos a la infraestructura del área de concesión a la que se conectan», se indicó en la norma.

La resolución afecta específicamente a los usuarios de minado de criptomonedas del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstf), uno de los destinos más buscados por los interesados en instalar granjas de producción cripto. Allí, el clima frío evita la instalación de equipos de refrigeración lo que redunda en una reducción de los costos de producción.

La decisión se conoce poco antes de la convocatoria a la audiencia pública del 17 de febrero próximo, en la que se analizarán las propuestas de las distribuidoras Edenor y Edesur y las transportadoras de energía de todo el país, para implementar un nuevo cuadro tarifario.

En los considerandos de la resolución se señala que con los Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con demandas mayores a 300 kilovatios (Kw) «se produce una situación inequitativa y desigual respecto a los Grandes Usuarios del MEM, ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro de energía eléctrica».

En el caso concreto de las criptomonedas, la Subsecretaría de Energía Eléctrica solicitó a Cammesa «información respecto a los nuevos consumos vinculados a la actividad», con el objeto de «realizar una evaluación de la demanda actual y futura».

«Por la disponibilidad de pago y la rentabilidad de la actividad, se considera oportuno que estos usuarios afronten el pago del precio de la energía equivalente al costo de abastecimiento, siendo inequitativo que abonen el precio de un usuario residencial u otro», se argumenta en la resolución. 

De esta forma, se dispuso que los usuarios de minado de criptomonedas de Ushuaia paguen un Precio Estabilizado de la Energía (PEE) de $ 4804 por megavatio/hora (Mwh) y los de Río Grande, $ 5126 por Mwh, tanto en hora pico como en el resto del día. Como referencia, el PEE para un usuario residencial del MEM es de $ 1852 por Mwh en hora pico, $ 1.764 en hora resto y $ 1.676 en hora valle (resto y valle son dos situaciones de demanda menos intensa que la llamada pico). Por su parte, en el caso del no residencial, los valores son de $ 2.122, $ 2.025 y $ 1.928, respectivamente.

El nacimiento del negocio de las criptomonedas vino de la mano de un elevado consumo de energía, ya que funcionan a través de una red informática masiva. Para mantener la seguridad de esa red, se utiliza una tecnología de libro contable mayor distribuido conocido como blockchain, en el que se registran todas las transacciones.

Justamente, la Argentina estuvo en el foco de los criptomineros por el bajo precio de la energía. Bitfarms, uno de los más grandes de su tipo en el mundo, anunció en octubre pasado que pensaba instalarse en el país por esa razón, con una «granja» con una potencia instalada de 210 Mw, el equivalente a lo que podrían demandar 100.000 hogares argentinos al mismo tiempo.