La discusión sobre la protección de datos personales figura poco en el ámbito público. Sin embargo, desde la implementación de las aplicaciones estatales como Mi Argentina o Vacunate PBA, algunas preguntas sobre el tema quedan flotando: ¿a dónde va la información de todos los formularios que forman parte de la vida cotidiana?

Sea a través de trámites públicos como la vacunación o el IFE, o privados como suscribirse a Netflix y participar de un concurso, los datos personales circulan sin que haya precisiones sobre qué se hace después con ellos.

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Beatriz Busaniche es parte de Fundación Vía Libre, una organización civil sin fines de lucro que tracciona la concientización sobre la protección de datos personales y sus implicancias políticas, económicas y estratégicas en Argentina, esa zona donde la información y el poder son casi la misma cosa

–¿Por qué todavía no existe legislación en materia de privacidad digital a nivel internacional, como los Derechos Humanos?

–Porque no hace falta. La privacidad digital no es diferente de la privacidad en líneas generales. El derecho a la intimidad no es distinto en la esfera digital al que consagraron los constitucionalistas en 1853. Lo que hace falta es una actualización de las legislaciones que sirva para abordar las novedades en materia digital.

–¿En qué situación quedan los Estados frente a la gran ventaja tecnológica que Google, Facebook y demás tienen para eso mismo? ¿Podría decirse que los Estados pasaron a ser mediadores o subsidiarios de esas grandes corporaciones?

–Yo no me atrevo a decir que los Estados son mediadores o subsidiarios de las grandes corporaciones, pero sí son estructuras burocráticas muy diferentes. Por ejemplo, mandarte a allanar con una orden judicial es una prerrogativa exclusiva de los Estados, ninguna empresa privada va a poder meterse con tu libertad en términos tan concretos. Dicho esto, hay otra característica central en este contexto. El Estado es el garante único del ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, es a quien hay que ir a reclamar. Si Google, Facebook, Amazon, Microsoft o Apple incumplen mis derechos como consumidora, mi protección de datos o mi derecho a la privacidad, la única instancia de apelación es el Estado. Ahí está la base del conflicto, porque yo no quiero que Google o Facebook sean los encargados de dirimir conflictos de la vida social, qué contenidos son de interés público, qué es censurable y qué no.

–En el siglo pasado el Estado era la gran usina de almacenamiento de información de los individuos, pero hoy depende de lo que generan las cosechadoras de datos para muchas de sus políticas. ¿No debería competir por ese activo?

–Es cierto que en el siglo XX, cuando hablábamos de cuestiones de privacidad, retención y protección de datos, la gran mirada estaba puesta sobre la recolección que hacían los Estados, porque en una concepción weberiana se los define como el monopolio del uso de la fuerza legítima. Y recordemos que el Estado a la vez es un generador de datos personales únicos como el DNI, al que se le suma hoy en día el número de trámite como llave para entrar al perfil de Anses y distintas aplicaciones que surgieron en la pandemia y tienen un nivel de seguridad informática muy poco confiable. Por otra parte, los datos de las personas en poder del Estado no le pertenecen a este, les pertenecen a las personas. Entonces, en primer lugar debemos instar a los Estados nacionales y federales a que adopten una política urgente de minimización y destrucción de datos cuando ya no tiene sentido tenerlos, una política de retención de datos apropiada y por supuesto una política de seguridad de la información apropiada para resguardar esos bienes que, como podemos ver en el modelo de negocios de Google, de Facebook, tienen un valor altísimo.

–Yendo de los datos personales a la información más estratégica, ¿qué piensa sobre la capacidad del Estado nacional para producir inteligencia en ese otro sentido, que no tiene que ver con el espionaje?

–Yo estuve en el consejo asesor de la AFI para la reforma de la Ley de Inteligencia, que quedó en la nada y lamentablemente es una de las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández. Lo cierto es que los servicios de inteligencia en Argentina habría que cerrarlos, como mínimo, porque no sirven para nada más que para hacer inteligencia ilegal, espionaje berreta. Todas las perspectivas de desarrollo estratégico de la inteligencia están absolutamente dispersas.

–Hay ejemplos como la Hidrovía, en que el Estado argentino no tiene una idea acabada de cómo articular los conocimientos dispersos sobre lo que por ahí pasa para pelear con el contrabando.

–Lo de la Hidrovía es interesante, pero está lleno de casos en los que el Estado no tiene la capacidad porque está desarticulado. Hay poco debate estratégico efectivo sobre cómo el Estado debería desarrollar políticas públicas haciendo inteligencia en el buen sentido, previendo hacia dónde va el mundo, cuáles son los conflictos vinculados con temas como energía, lavado de activos, desarrollos científico-tecnológicos, propiedad intelectual. Hay un montón de cuestiones estratégicas que un país que tiene la vocación de desarrollarse en el mediano y largo plazo debería estar analizando. Argentina no lo está haciendo, al menos no a la vista, porque vivimos en las urgencias.

–Entonces, ¿la imaginación del futuro depende solo de las corporaciones?

–Los únicos que aparecen públicamente hablando del futuro son Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y demás CEO. Eso es muy preocupante para todas las instituciones a nivel internacional. No solo el Estado argentino está rezagado en el pensamiento del futuro. Por otra parte, ese pensar el futuro es algo que nos debemos los progresismos a nivel internacional. Tenemos que hacernos cargo de que vivimos reaccionando a muchas cuestiones y que no estamos dándonos los debidos debates sobre cómo queremos que sea el futuro. No estamos ofreciendo espacios de expectativa y esperanza.  «